¿Es la ‘conspiración neoliberal’ el problema? ¿Es el Leviatán su solución?



Un lugar común: la institucionalización
y socialización
del salario (seguridad
social, vacaciones,
salario mínimo, negociación colectiva,
etc.) consisten en conquistas
arrancadas por la clase obrera al
capital. Conquistas traducidas y
concretadas históricamente por

20/10/06 · 19:21
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Un lugar común: la institucionalización
y socialización
del salario (seguridad
social, vacaciones,
salario mínimo, negociación colectiva,
etc.) consisten en conquistas
arrancadas por la clase obrera al
capital. Conquistas traducidas y
concretadas históricamente por
una entidad relativamente neutral,
el Estado (convertido entonces en
Estado ‘del Bienestar’). Lo que supone
que servicios y prestaciones ligados
al salario social serían el producto
histórico de una redistribución de
la riqueza. Reparto que el ‘principio’
de la cohesión y la paz social obligaría
a realizar en detrimento del
‘principio’ de la rentabilidad y la eficiencia
económicas. Aquí tenemos
entonces el territorio común compartido
por liberalismo y socialdemocracia:
bien menos Estado para
alcanzar mayores rentabilidades y
eficiencias; bien más Estado para
salvar a nuestras sociedades de la
desintegración y el conflicto. Tal sería,
aparentemente, el cruce de caminos
en el que hoy se jugaría el futuro
de estas últimas.

Todo sucede como si, acuciadas
por las miserias ligadas a la crisis
(desempleo, temporalidad, precariedad,
vulnerabilidad, exclusión, etc.),
las gentes de izquierda nos hubiéramos
visto tentadas a reverdecer los
laureles de aquel viejo discurso que
autonomizaba el ‘ámbito’ de las empresas
privadas y los intercambios
mercantiles (el supuesto como específicamente
‘capitalista’) frente al
‘ámbito’ de las instituciones públicas
y la distribución y el reparto planificado
(el ‘estatal’ o ‘socializado’) de la
riqueza. Con el objetivo, claro está,
de recuperar cuanto antes el terreno
aparentemente perdido por el movimiento
obrero tradicional. Fácil: se
trataría, suponemos entonces, de
una lucha entre la ‘economía’ (el
mercado) y la ‘sociedad’ (la norma,
la regla, la administración, lo político).
El diagnóstico es que hoy nos
encontraríamos frente a un intento
de desmantelamiento completo de
los mecanismos socializados de gestión
de la clase de los asalariados;
‘proyecto’ resultado de una ‘conspiración
neoliberal’ perfectamente orquestada.

¿La ‘economía’
contra la ‘sociedad’?

Que este tipo de simplificación presenta
un poder nada desdeñable desde
un punto de vista táctico está fuera
de toda duda (hemos podido constatarlo
recientemente a escala europea,
desde Francia hasta Polonia).
Pero, ¿no resultan igualmente obvios
los problemas que presenta para
la compresión del significado de
los procesos en curso? Que se sepa,
esos bienes y servicios gestionados a
través de las instituciones estatales
son financiados a partir de deducciones
operadas sobre los ingresos
de los asalariados y utilizados como
medios para mantener a esta clase
en actividad (salud, ocio), asegurando
tanto su reproducción (consumo)
como su formación (educación). Se
trata de una reproducción de la clase
por sí misma... pero sin ella. El salario
social, ¿podríamos entonces seguir
considerándolo como una alternativa
más o menos filantrópica y/o
‘progresista’ relativa a un posible reparto
o distribución, en términos de
‘gratuidad’, de la riqueza nacional?
¿No consistiría, más bien, en una de
las condiciones y en una de las fuentes
principales del elevado grado de
ocupación y de capacidad de generación
de riquezas, características
de los países industrializados? En este
caso sería, precisamente, la cotización
social la que crearía y recrearía
hoy el trabajo asalariado mismo;
el consumo posibilitado por ésta el
que crearía el empleo. Más aún, la
movilización flexible y variable del
factor trabajo, aquella de la que depende
la capacidad de recomposición
de los procesos productivos en
orden a una elevación permanente
de su productividad: ¿no se encuentra
ligada con políticas de formación
permanente, dispositivos institucionales
de ‘inserción’ laboral, convenios
de ‘colaboración’ entre entidades
públicas y privadas, etc.? Sería,
por lo tanto, la misma clase asalariada
la que, también en tanto que factor
productivo, se vería conformada
y recreada, en las sociedades contemporáneas,
a través de dichos mecanismos
“políticos”, las cotizaciones
sociales.

Si nos tomáramos en serio estas
consideraciones, deberíamos concluir
que la regla, la norma y la planificación
no se oponen tanto al
contractualismo y al mercado
cuanto, más bien, los presuponen.
En esta otra perspectiva, lo específico
del capitalismo no sería una regulación
puramente mercantil de
la producción, el intercambio, la
circulación y el consumo, sino la
conexión transitoria y condicional
del trabajo y el trabajador con el
empleo, merced a su separación estructural.

En consecuencia, serían
hoy mecanismos tanto mercantiles
como administrados los que dividen,
separan, aíslan, recombinan,
redimensionan, etc., esos dos polos
(trabajadores y capitales), con objeto
de, precisamente, multiplicar
las diferentes posibilidades de sus
puestas en relación. Lo que da lugar
a configuraciones productivas
perpetuamente modificables para,
y por, cálculos más o menos precisos:
de ahí que ninguna norma tenga
garantizada su permanencia en
el tiempo y que ningún espontaneísmo
de mercado pueda levantarse
al margen de codificación y regulación
social alguna.

Las formas sociales
de los intercambios

No es, por tanto, el modo de gestión
(administrado o mercantil) de
los intercambios sociales sino la específica
naturaleza social de estos
últimos la que quizás debería empezar
a preocuparnos. Mientras los
intercambios sociales dominantes
sean intercambios recíprocos entre
propietarios de fuerzas de trabajo y
propietarios de medios de producción
(privados o públicos) en régimen
de equivalencia, las reglas,
muy probablemente no puedan ni
eliminar ni suspender la desigualdad
y la explotación que éstos estructuralmente
han venido reproduciendo,
en diferentes modalidades y
escalas, hasta la fecha. Desigualdad
y explotación que resultarían, pues,
inmanentes a los procesos de ampliación
y aceleración de la mutabilidad
de las estructuras productivas
existentes. Serían, precisamente,
estas ‘normas’ las que, al ser formalizadas
y codificadas, permitirían
la recomposición de objetos y
ámbitos más amplios (mercados
transnacionales, transcontinentales,
etc.), ligándolos a actores colectivos
cada vez más diversificados y potentes
(empresas, universidades,
instituciones europeas, gobiernos
regionales, etc.) para, y por, dichos
intercambios.

En consecuencia, ¿puede el análisis
y, por ende, nuestras esperanzas
políticas de transformación social
contentarse con superponer la
norma (o pretenderla como sustituyendo)
al mercado? ¿No deberíamos,
más bien, partir del mercado
y, particularmente, de los mercados
de trabajo, como mecanismos
que, en sí mismos, no pueden proceder
y funcionar más que por normas
e instituciones? En este último
caso, sólo podríamos pensar las posibilidades
reales de que la fuerza
de trabajo deje, definitivamente, de
comprarse y venderse, a partir del
análisis de los conflictos que la profundización
de la ruptura entre los
trabajos y los trabajadores implica
y generaliza. El conjunto de los intercambios
sociales sólo podría venir
regulado por una verdadera
gratuidad cuando el conjunto de los
tiempos sociales se viera liberado
de la obligación del trabajo asalariado.

Un reparto generalizado del
tiempo de trabajo y, simultáneamente,
una disminución sustancial
del mismo, ¿podríamos realmente
planteárnoslas a escala del Estadonación
contemporáneo? Tal podría
ser la cuestión cuya respuesta nos
preparamos para suspender indefinidamente
cuando tratamos de hacer
hablar al presente partiendo de
ese pretendido combate entre la
‘economía’ y la ‘sociedad’.

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