Hagamos un repaso a las victorias que la convocatoria del 25 de septiembre ha puesto encima de la mesa a partir de sus ambiciosos objetivos. A nivel interno, del movimiento 15M, se han roto miedos y prejuicios hacia la necesidad de aumentar el nivel de conflicto sin perder la identidad como movimiento. La presencia en las calles y en las redes de decenas de miles de personas, participando activamente a unos niveles que no se recordaban desde el 15M, nos ha vuelto a demostrar que, además de ser miles, tenemos una gran capacidad de lanzar, organizar y comunicar movilizaciones incluyentes que combinan perfectamente conflicto hacia arriba y consenso por abajo.

A nivel destituyente, aunque no haya dimitido el Gobierno, se ha logrado avanzar, más incluso de lo esperado. Sin duda ha sido la actitud, Las medidas represivas y las declaraciones llevadas a cabo por el Gobierno, algunos representantes institucionales y el mainstream mediático lo que de nuevo les ha situado frente a su espejo antidemocrático, también internacionalmente. Para los mercados financieros y sus intermediarios políticos se trata de un gobierno prescindible que pronto deberá ser sustituido si su crédito –capacidad de aplicar más reformas– se termina. Un dato esencial para entender la capacidad conflictiva de la acción del 25S –en combinación con las movilizaciones en Grecia y Portugal– fue la subida de la prima de riesgo, auténtico termómetro de la preocupación y presión que los mercados imponen.

A nivel instituyente, como evento que lanzaba un proceso, se ha conseguido reintroducir con renovado vigor el desafío que ya planteamos en las plazas los primeros días del 15M: la democracia real ya como única salida al sistema crisis, resetear el régimen salido de la transición y a partir de un proceso constituyente. Ahora la pregunta es ¿cómo?
Tenemos capacidad de lanzar movilizaciones incluyentes que combinen conflicto hacia arriba y consenso por abajo

Esto, que sería la aplicación práctica de la “spanish revolution”, presenta una enorme complejidad para ser llevado a la práctica. Esa complejidad puede provocar un bloqueo que nos devuelva al terreno conocido, los pequeños territorios políticos, y de ahí a un repliegue que no estaría a la altura de las circunstancias, el deseo y la potencia que vemos y vivimos en las calles. Más aún si tenemos en cuenta que el 77% de la población comparte los argumentos del 25S y que un 49% pide reformas y cambios profundos, según una reciente encuesta.

Se nos plantea el debate en torno a la priorización de fuerzas. Digamos claro que no existen dos momentos distintos: ‘destituyente’ y ‘constituyente’, sino que lo destituyente es constituyente y viceversa. Sabemos que no es sencillo combinar la lógica de evento con la de proceso y que mantener la presión es necesario. Pero necesitamos espacios socialmente legitimados que puedan afrontar la construcción de ese proceso constituyente.

A favor del proceso contamos con las tecnologías para lograr establecer procesos deliberativos a gran escala. Contamos con exitosas experiencias recientes de las cuales poder aprender. Es muy positivo que exista una vertebración organizativa de movimientos sociales en el Estado que ha crecido enormemente desde el surgimiento del 15M. También es esperanzador pensar que, planteando un proceso metodológico que permita participación en el proceso y un acceso a la información y a la documentación, podemos lograr que un amplio porcentaje de la población se implique. El proceso constituyente será de cualquiera o no será.

Afrontamos un desafío de imaginación, en términos de organización política y a la hora de articular la relación de fuerzas necesaria –tanto en términos de organización social como de ‘poder institucional’– para conseguir llevar el proceso a buen término. Será el propio inicio y desarrollo del proceso constituyente lo que construirá una relación de fuerzas favorable. No hay nada que esperar, se requiere de una densificación organizativa que permita una dinámica de deliberación colectiva y consulta permanente, además de la articulación de una fuerza política que lo pueda imponer.