Derechos humanos y prácticas policiales en Argentina

Texto de Carlos Rodríguez, de Página 12

, Redactor del diario Página 12
16/10/06 · 19:50
Edición impresa

En el año del trigésimo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la Argentina vive una situación ambivalente, contradictoria, llena de paradojas. Por un lado, el presidente Néstor Kirchner, con el aval de algunas figuras emblemáticas de los organismos de derechos humanos, como Hebe de Bonafini o Estela Carlotto, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ha realizado desde la Casa de Gobierno la condena verbal más rotunda sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla. Eso es lo que reflejan cada día los medios de prensa argentinos y del mundo. Sin embargo, una serie incesante de episodios demuestran que la política en defensa de los derechos humanos del Gobierno de Kirchner es sólo retrospectiva. El pasado reciente, el presente y por ende, el futuro, siguen marcados a fuego por la violencia que caracteriza a las instituciones armadas del Estado
argentino.

Los tozudos hechos

Desde diciembre de 2004 a igual
mes de 2005, los agentes estatales
asesinaron a 183 personas por medio
del llamado “gatillo fácil” policial
o la tortura en cárceles y comisarías,
de acuerdo con el informe
anual difundido por la Coordinadora
Contra la Represión Policial
e Institucional (Correpi). Este organismo
tiene registrados, desde el retorno
a los gobiernos constitucionales
en la Argentina, en diciembre de
1983, un total de 1.888 casos de violencia
institucional, lo que significa
un promedio de 15 personas por
mes. M. C. Verdú, una de las abogadas
de la Correpi, precisó que
desde la asunción de Kirchner, en
mayo de 2003, “el actual Gobierno,
al que le gusta definirse como ‘el
Gobierno de los derechos humanos’,
ha matado con el gatillo fácil
o la tortura a 420 personas”.

La muerte de personas bajo custodia,
detenidas legal o ilegalmente
en cárceles o en comisarías, representa
el 44,60% del total de las ocurridas
en 2005. “Estar preso es la
primera causa de muerte a manos
del Estado y el 44,50 % del total corresponde
a distintas modalidades
de gatillo fácil”, dijo Verdú. A pesar
de que la mayoría de los sucesos en
las unidades penitenciarias podrían
ser calificados como casos de
“tortura seguida de muerte”, no han
llegado a una docena las condenas
en todo el país por esos delitos cometidos
por agentes del Estado.

La Correpi fustigó al Poder
Judicial. Los jueces y los fiscales
“compiten por quién usa más tipos
alternativos como hostigamientos o
vejaciones, ambos delitos excarcelables,
para poner rápidamente en
la calle a los torturadores”.
El 68% de las víctimas tenían edades
que oscilan entre los 14 y los 25
años. En los homicidios han participado
miembros de las policías provinciales,
de los servicios penitenciarios,
de la Policía Federal, de la
Gendarmería Nacional y de la
Prefectura Naval. La Correpi viene
criticando con dureza al actual
mandatario argentino, como lo ha
hecho con todos sus antecesores,
pero otros también lo hacen.

Otros informes

El Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), que avala a Kirchner
en todo lo que se refiere a la
política de derechos humanos respecto
de los años de la dictadura,
dejó sentado su cuestionamiento
sobre el hoy en un reciente informe.
Aunque el CELS dijo que sus cifras
significan un descenso en el número
de muertos del 17,9% respecto
de los 12 meses anteriores, su informe
aclaró que “la lectura crítica de
las cifras y un acercamiento cualitativo
a los casos de violencia institucional
vuelven patente la continuidad
de prácticas aberrantes”.

Como caso testigo el CELS hizo
mención al asesinato de la adolescente
Camila Estefanía Arjona, de 14
años, quien estaba embarazada de
cuatro meses cuando fue baleada por
la espalda por una patrulla integrada
por tres policías de la Federal. Los
uniformados, que estaban drogados
y borrachos, dispararon sin ton ni
son sobre un grupo de jóvenes que se
había negado a ir a comprar cocaína
para los policías. El episodio, como la
mayoría de los casos de “gatillo fácil”
en la Argentina, ocurrió en un barrio
pobre, la Villa 20, en Lugano, en la
zona sur de la Capital Federal, uno
de los lugares más golpeados por la
miseria y la violencia.

Esos casos, que siempre ocurren
en las llamadas ‘villas miseria’,
fueron considerados por el
CELS como “rutinas de abuso y
violencia policial cotidiana”.
También hay casos de presuntos
delincuentes que supuestamente se
‘suicidan’ en las comisarías. Otro
delito reiterado son las violaciones
de chicas jóvenes, en las comisarías
o incluso dentro de patrulleros
policiales, como ocurrió en marzo
del año pasado en Bahía Blanca. La
policía sigue participando en delitos
de toda índole y realizando procedimientos
fraguados en los cuales
se acusa a personas inocentes
para hacer “estadística”. Es decir,
para simular que hay un combate
frontal contra la delincuencia organizada.
Muchos opinan que la mejor
organización criminal es, precisamente,
la propia Policía.

Represión en casa

Uno de los mayores escándalos de
la actual Administración ocurrió en
la localidad de Las Heras, en la provincia
de Santa Cruz, de la que es
oriundo el presidente Néstor Kirchner.
Un conflicto laboral de los petroleros,
en demanda de mejoras salariales,
terminó con una violenta
represión policial. En los hechos
murió el policía Jorge Sayago y eso
desencadenó una persecución que
terminó con la detención de 20 personas.
Los sindicalistas y sus familias
denunciaron allanamientos masivos,
hostigamientos y golpes. El
cura párroco de Las Heras, Luis
Bicego, un italiano que vive desde
hace 40 años en el sur argentino, salió
a denunciar al Estado.

“Dicen que esto es una Democracia,
pero lo que hay es un estado
de sitio como en las peores épocas
militares, y nadie es capaz de dar
ninguna respuesta que no sea la represión”,
afirmó Bicego, en declaraciones
a la Agencia LaVaca. Los
grandes medios jamás entrevistaron
al sacerdote, ni siquiera cuando
tuvo que renunciar el gobernador
de Santa Cruz, Sergio Acevedo,
hasta ese momento amigo íntimo
del presidente Kirchner.
La represión a las manifestaciones
sociales es una constante en los últimos
años. Los asesinatos en el marco
de la protesta social, en marchas,
movilizaciones y cortes de ruta suman
“más de 50 desde 1995”, precisó
la Correpi. Cuando salieron a la luz,
en forma tardía, los hostigamientos
en su provincia natal, Kirchner dijo
que habían sido ‘excesos’ policiales.

El comentario sonó muy mal, porque
eso mismo había dicho el general
Jorge Videla sobre las desapariciones:
“Fueron errores y excesos”.
Otra es la visión que tiene, desde
Santa Cruz, el párroco Bicego: “Hay
un modus operandi y toda una política
que es caldo de cultivo para que
pase de nuevo. Es de terror”.

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