La aprobación del llamado
Decreto Aguirre, del 12 de
marzo de 2008 que aborda
los requisitos mínimos para
impartir el primer ciclo de Educación
Infantil en la Comunidad de Madrid,
supone una agresión para la infancia
sin precedentes desde la Transición.
Las personas más afectadas serán los
y las niñas de entre cero y seis años.
Pero también las mujeres soportarán
especialmente sus consecuencias.
Por ello, desde el movimiento feminista
conviene reflexionar sobre la
aplicación de este decreto.

El desarrollo de la Educación Infantil
en España ha estado atravesado
por la evolución de aspectos
socioeconómicos, ideológicos, la
división sexual del trabajo asalariado
y la asignación social de las tareas de
cuidado a las mujeres. También aparece
vinculado a la Transición política.
Durante dicho periodo se desarrollaron
con fuerza Movimientos
de Renovación Pedagógica en todo
el Estado, que implicaron a gran parte
de la sociedad en la reivindicación
del derecho a la educación de todas
las personas, entendiendo el hecho
educativo de forma compleja e integral
y superando el concepto de escuela
como mero espacio de adiestramiento.
Surge el concepto de Escuela
Infantil frente al concepto
guardería asociado éste a la sustitución
de las labores de cuidado que
las madres, recién incorporadas al
mercado laboral, no podían realizar.

La historia de la Educación Infantil
ha pasado por diferentes momentos.
La vieja reivindicación de
una ley general que regulara la etapa
entre los cero y seis años y los
principios pedagógicos que la sustentaban
fueron diluyéndose. También
los Movimientos de Renovación
Pedagógica se desmovilizaron paralelamente
a los continuos cambios
legales que iban desvirtuando el
proyecto de la escuela infantil pública:
partición de la etapa en dos ciclos,
abandono de algunos principios
pedagógicos, recorte presupuestario
y de recursos humanos,
junto a un creciente protagonismo
de la iniciativa privada.

El Decreto Aguirre pone la ‘guinda’
a este proceso degenerativo, proporcionando
el marco legal definitivo
para abrir al mercado la educación
infantil, en la misma línea que
en otras etapas educativas y servicios
públicos como la sanidad. Los
aspectos más relevantes de este decreto
son: incremento notable de las
ratios (número de niños y niñas por
aula), recorte del número de profesionales
y su formación, y reducción
o desaparición de los espacios al aire
libre. Además, se posibilita utilizar
las escuelas para actividades
mercantiles. Todo ello acompañado
de una importante subida (60,24%)
en las cuotas que pagan las familias
con menos ingresos, y del desarrollo
del ‘cheque guardería’ (repartir
dinero público entre las familias
para ‘ayudarlas’ a pagar un centro
privado). A la vez, se paraliza la inversión
en el mantenimiento y creación
de centros públicos. Estas medidas
tendrán graves consecuencias
para los y las niñas y sobre todo para
aquellos y aquellas con necesidades
educativas especiales. También
tendrá consecuencias muy concretas
para las mujeres, pues la
Educación Infantil es un sector muy
feminizado, tanto desde el punto de
vista de las madres, debido a razones
sociales relacionadas con las
tareas de cuidado y la precariedad
laboral, como de las trabajadoras.

La incorporación masiva actual
de las mujeres al mercado de trabajo,
junto con sus luchas reivindicativas,
han planteado un importante
debate social sobre la necesidad de
compartir las tareas de cuidado que
antes estaban indiscutiblemente
asignadas a las mujeres dentro del
ámbito familiar. Esta realidad, unida
a un contexto de crisis y precariedad
laboral galopante que afecta
también más a las mujeres, constituye
el nudo central de la llamada
‘conciliación familiar y laboral’.

La Comunidad de Madrid utiliza
‘la conciliación’ y la falta de plazas
en las escuelas infantiles públicas
para justificar el decreto, aportando
soluciones que perjudican a las
mujeres, atentan gravemente contra
la infancia y trasvasan dinero
público a manos privadas. Así, las y
los niños podrán permanecer escolarizados
tantas horas y tantos días
como las jornadas laborales de sus
padres, especialmente de sus madres,
requieran. Incluso algunas
empresas se han ofrecido a colaborar
en esta conciliación ofertando
“guarderías” a sus empleados y empleadas
en los mismos centros de
trabajo, cuya gestión y funcionamiento
quedarían exentos del control
público y familiar.

El Decreto considera a las criaturas
un estorbo para el desarrollo de
la vida laboral de sus progenitores,
haciendo recaer sobre ellas las consecuencias
de una organización social
basada en el beneficio privado.
Se ponen a disposición del mercado
los más de 30.000 puestos escolares
que se necesitan en el primer ciclo, lo
cual representa un jugoso negocio.

La Escuela Infantil es un derecho
universal. Sin embargo su deterioro
no ha causado tanta alarma social
como el de otros servicios públicos,
quizás, por afectar fundamentalmente
a niñas, niños y mujeres. Es
necesario reivindicar escuelas infantiles
suficientes, públicas y de
calidad a la que puedan optar madres
y padres independientemente
de su situación laboral. La educación
en general y la infantil en particular,
puesto que incide en la formación
intelectual, afectiva y social,
determinando el resto de las etapas
educativas y evolutivas de la vida,
no puede estar sujeta a las imposiciones
del mercado de trabajo.

Cabe destacar la necesidad de un
uso positivo del lenguaje en nuestras
reivindicaciones. Exijamos servicios
públicos de calidad y escuelas infantiles,
no “guarderías”. Como mujeres
y feministas no podemos permitir
que se utilice la conciliación familiar
y laboral o el derecho de las mujeres
al empleo como coartada para practicar
una política injusta y falsa.