Conforme a los acuerdos de
la cumbre europea sobre
la crisis económica del 9
de diciembre, que el presidente
francés ha calificado tan rimbombantemente
de “refundación de
Europa”, el déficit fiscal de cada país
miembro no debe superar el 3% del
PIB y la deuda pública tampoco debe
superar el 60% del PIB.

Esas limitaciones
no son nuevas. Los acuerdos
del 9 de diciembre, sin detrimento de
otras valoraciones específicas adicionales,
tienen de nuevo que la Comisión
Europea y el BCE actuarán de
controladores sobre la disciplina presupuestaria
–mediante sanciones y
otras imposiciones– para que ningún
Estado miembro se desvíe de las limitaciones
mencionadas.

Según estimaciones de la
Comisión Europea, para
2012 casi ninguna
economía de la UE
cumplirá con los dos
criterios de austeridad

¿El objetivo?
Se declara que las políticas económicas
de todos los miembros deben
converger. ¿Lo previsible? Las
ya muy asimétricas proporciones
económicas entre unos miembros
centrales y otros periféricos seguirán
creciendo.

Según proyecciones y estimaciones
de la propia Comisión Europea,
resulta que para 2012 casi ninguna
economía de la UE cumplirá con ambos
criterios del 3% de déficit fiscal
del PIB y del 60% de deuda pública.

Así, para poner como casos significativos
solamente a las grandes economías,
Alemania tendrá para el año
próximo una deuda pública superior
al 81% del PIB; Francia, de más del
89%; Italia, de más del 120%; y el reino
de España de un 74%.

Esta cumbre no partía de un escenario
novedoso. Ya llevamos tres
años largos de crisis económica y
muchos meses de medidas económicas
que, a falta de la posibilidad
de una devaluación monetaria, eufemísticamente
llevan el nombre de
“devaluación interior” –es decir, reducción
del gasto público, preferentemente
el social, y pérdida
constante de los salarios reales–.

La cumbre del 9 de
diciembre ha sido una
de las mayores agresiones
a las condiciones de vida
y trabajo de la población
de los Estados europeos

No solamente las medidas hasta
ahora practicadas no han supuesto
un cierto enderezamiento de los problemas
que se trataba de combatir,
sino que éstos se han agravado.

Veamos. Cada vez se destruyen más
inversiones productivas y se crea
más desempleo. Como resultado,
cada vez se perciben menos ingresos
públicos. Las constantes recetas
se traducen en mayores planes de
austeridad,mayores ‘disciplinas’ fiscales,
mayores ataques en definitiva
a las condiciones de trabajo y de vida
de la población trabajadora. Lo
que a su vez conlleva mayores tasas
de desempleo, mayores índices de
pobreza, y menos inversiones.

¿Y en el reino de España? El responsable
económico del PP, Cristóbal Montoro,
declaró después de dicha
cumbre que en 2012 no se crearía
empleo; por otra parte, distintos
servicios de estudios coinciden en
que se entrará en recesión en ese
mismo año; el director del servicio
de estudios del Banco de España,
José Luis Malo, declaraba el 14 de diciembre
que “se está produciendo
una recaída de la actividad en medio
de un contexto exterior y financiero
adverso”.

¿Qué supondrá la cumbre
del 9 de diciembre ante esta situación?
Mayores agresiones a las condiciones
de vida y trabajo de la
población trabajadora y mantenimiento
o agravación de la crisis económica
por bastante tiempo. El
Gobierno del PP entra con fuerza en
los temas demandados por la banca
y la patronal españolas. Para empezar,
una nueva reforma del mercado
laboral que augura renovados ataques
a la población trabajadora.

Escribíamos con Antoni Domènech
y Gustavo Buster en Sin Permiso
hace pocas semanas que la
situación económica y social del reino
de España es especialmente grave.
Por los altísimos niveles de paro y
por la pobreza que, inevitablemente,
está creciendo de forma muy acelerada.

La crisis pilló al reino en una situación
que solamente puede comprenderse
si se tiene presente la política
económica practicada ora por el
PP, ora por el PSOE a lo largo de varios
lustros, cuyos resultados resumíamos
así: duradera congelación
del salario real y empleos de poca calidad;
servidumbre por deuda de la
población trabajadora; sobreendeudamiento
de las empresas privadas
del sector productivo; sobreendeudamiento
de la banca española con
la banca privada internacional; débil
desarrollo del Estado del bienestar
en relación con la media de la zona
euro, que se acumula al largo déficit
en gasto social en relación con
Europa heredado de la dictadura; estancamiento
de la productividad laboral;
fuerte déficit comercial, sólo
comparable entre los países miembros
de la OCDE al de EE UU; aumento
exponencial del coste de la vivienda
y, en general, de la vida –que
destruye inexorablemente la competitividad
exterior de la economía española–,
como resultado de una política
económica fundada esencialmente
en la inflación de activos;
completa hegemonía de la economía
por parte de rentistas inmobiliarios y
financieros; creciente destrucción
y puesta en almoneda del sector público
y de los bienes comunes mediante
privatizaciones que no han sido
sino compras, apalancadas en el
crédito barato, de activos públicos
–incluidos los restos de banca pública
y las cajas de ahorro–, a precio de
saldo, trocando progresivamente lo
que era y tenía que ser satisfacción
pública de necesidades sociales en
negocio oligopólico, y derechos esenciales
–como el acceso a la información,
al crédito, a la educación, a la
salud, a la vivienda, a la energía, al
transporte, etc.– en mercancías innecesariamente
encarecidas.

Pero, como
queda dicho, lo más catastrófico:
la gran precarización laboral y el inmenso
desempleo, del cual cerca de
un 50%es paro juvenil.

Hablar de alternativas es difícil
porque ineludiblemente deben tenerse
en cuenta muchos factores: los
Gobiernos actuales, las disposiciones
de resistencia por parte de las
clases trabajadoras, el ascenso de
las organizaciones xenófobas, etc.

Pero a modo de ejemplo, las propuestas
que el Bloco de Esquerda de
Portugal hace ante la situación de la
UE me parecen muy saludables. Resumidamente son: referéndum
para que la ciudadanía pueda manifestar
su opinión sobre las políticas
de austeridad; una intervención inmediata
del BCE como prestamista
en última instancia de los Estados,
comprando las emisiones de títulos
de deuda que sean oportunas; eurobonos
que sustituyan a las distintas
deudas soberanas; cambio directo
entre deudas públicas de corto y medio
plazo de los diferentes Estados
europeos, fuera de los mercados financieros;
retirada inmediata de las
deudas soberanas del sistema de
calificación de las agencias de calificación
y auditoría ciudadana de
la deuda, porque “el pueblo tiene
el derecho de no pagar deuda que
provenga de intereses especulativos,
de contratos ilegales o perjudiciales,
y tampoco de encargos
insoportables”.