El agravamiento de la
crisis en otros ámbitos, y la poca
simpatía social suscitada por los
controladores, ha contribuido a
quitar hierro a una medida que ha
pasado, poco a poco, a un segundo
plano de la actualidad. Sin embargo,
su normalización no es una
cuestión menor, precisamente por
lo que tiene de precedente en un
contexto de crisis y recorte generalizado
de derechos.

Para justificar
la decisión, el Gobierno presentó
la protesta como una medida irracional,
como una huelga salvaje
causante de una auténtica calamidad
pública. Las imágenes de los
aeropuertos llenos, abarrotados de
familias que no podían volar, reforzaron
esta idea. Vista con más
frialdad, la realidad resulta más
compleja. El abandono de funciones
de los controladores puede
cuestionarse desde muchos ángulos.
Habituados a defender sus intereses
de manera aislada, no tuvieron
en cuenta los de otros trabajadores
aeroportuarios ni los de
los usuarios. Pero su decisión, por
torpe que parezca, tampoco fue
irracional. Desde comienzos del
año, el Gobierno había aprobado
diferentes medidas que empeoraban
sus condiciones laborales y
planteaban la privatización de
AENA.

Ratificadas justo antes del
puente, fueron todo menos una
invitación al diálogo, y precipitaron
las reacciones más extremas.
Se ha dicho que el objetivo era liquidar
una situación de privilegio.
Sin embargo, hay castas con ingresos
más altos que los de los controladores,
contra las que no se actúa o
a las que se favorece abiertamente.

Calamidad pública

Que la actuación de los controladores
causó una perturbación considerable
a quien volaba por entonces
es algo innegable. Pero resulta
discutible que la privación temporal
del derecho a volar, en la mayoría
de los casos por motivos turísticos,
pueda asimilarse a una “calamidad
pública”. Y menos justificar
la intervención militar o la suspensión
de otros derechos constitucionales.
De esta forma, numerosas
protestas sociales legítimas,
sean vagas o no, podrían ser consideradas
delitos de sedición o
sustraídas a la jurisdicción civil.

Esta tentación de un uso expansivo,
no claramente determinado,
de las medidas de excepción, se advierte
claramente en la prórroga
del Estado ahora concluida. Ha sido
una peligrosa operación retórica
que ha convocado todos los fantasmas
de la excepción normalizada
y del ‘enemigo público’ contra
el cual todo está permitido. De hecho,
no es casual, en un contexto
como el actual, que se haya dado
pábulo a quien pretende una restricción
más amplia del derecho de
huelga en los servicios públicos.

Si
la privación temporal del derecho
a volar, mayoritariamente por razones
turísticas, es considerada
una afectación gravísima a un “servicio
público esencial” ¿qué no se
diría de una protesta que, en Francia
o en Grecia, bloquee refinerías
de gas o petróleo o interrumpa el
tráfico terrestre o marítimo? Si en
Francia, Sarkozy va a recurrir al
Ejército para obligar a los huelguistas
a retomar sus actividades,
¿qué no podría ocurrir en una
España gobernada por el PP o el
‘ala dura’ del PSOE?

Si se mira a través de la lente de
la crisis, la demonización del controlador-
privilegiado se parece demasiado
a la del funcionario-privilegiado
y, en general, a la de otros
supuestos receptores de prebendas
públicas, como los parados o
los pensionistas. Esta estrategia
discursiva, utilizada para justificar
recortes sociales en los ámbitos
más dispares, no es ingenua. Permite
avivar el enfrentamiento entre
categorías de trabajadores y de
colectivos vulnerables, desviando
la atención sobre los auténticos focos
de privilegio de nuestras sociedades.
Y es que, bien vista, esta
alarma no suena solamente por los
controladores.

Suena, parafraseando
a John Donne, por todos los
que, de profundizarse este camino,
podrían verse convertidos en nuevos
‘privilegiados’ a los que sólo
quepa aplicar la temible lógica de
la excepcionalidad y la represión.