Contra la Monarquía: una crítica que quema

La desmedida reacción penal
ante la sátira de El Jueves
sobre la familia real comportó
un esperpéntico retroceso
a los años de la Transición. A
los tiempos sombríos del Papus y de
la censura. Esta vez, sin embargo, al
conocerse la noticia de la requisa,
los ejemplares de la revista volaron
de los quioscos. Miles de internautas
colgaron en la red la viñeta de la discordia.
En el mundo de la comunicación
global, el secuestro contribuyó
a lo contrario de lo que pretendía:

18/10/07 · 0:00
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La desmedida reacción penal
ante la sátira de El Jueves
sobre la familia real comportó
un esperpéntico retroceso
a los años de la Transición. A
los tiempos sombríos del Papus y de
la censura. Esta vez, sin embargo, al
conocerse la noticia de la requisa,
los ejemplares de la revista volaron
de los quioscos. Miles de internautas
colgaron en la red la viñeta de la discordia.
En el mundo de la comunicación
global, el secuestro contribuyó
a lo contrario de lo que pretendía:
dar publicidad a la burla y asegurar
su reproducción. Pero el efecto contagio
no se detuvo allí.

De los periódicos y la red, la protesta
pasó a la calle. El último episodio
de estas reacciones fueron las
diferentes manifestaciones en las
que se quemaron fotos del rey. Llegados
a este punto, el debate pasó a
exceder la discusión sobre el peor o
mejor gusto de unas caricaturas:
¿hasta dónde debería llegar, en un
sistema que se pretende democrático,
la crítica a las instituciones y
símbolos públicos?

Príncipes o Mahoma

Si las chanzas en cuestión se hubieran
producido en otro continente, la
respuesta habría sido seguramente
más clara. Con frecuencia, el espíritu
crítico se rebela cuando algún poder
foráneo pone cortapisas a la disidencia
religiosa o política. Pero desaparece
cuando las diatribas ofenden
las propias creencias. No pocos
intelectuales y políticos españoles
desenfundaron a Voltaire ante la
protesta de grupos musulmanes contra
una viñeta que se burlaba de sus
emblemas religiosos. ¿Por qué mofarse
de Mahoma es un ejercicio de
libertad de expresión y un delito burlarse
de los príncipes de Asturias?

Los defensores de la actuación
penal frente a los humoristas invocaron
la “dignidad” de los miembros
de la familia real y recordaron
que la libertad de expresión no incluye
el derecho al insulto. No obstante,
no puede tratarse igual un
“insulto” o ataque al “honor” a los
miembros de una institución pública
que a un ciudadano de a pie.
Sobre todo si esa institución, como
ocurre con la Monarquía española,
carece prácticamente de responsabilidad
política y jurídica.

En otras monarquías parlamentarias,
la protección de la Corona suele
ser más “inteligente”, lo que incluye
un amplio margen para la crítica de
la institución. En Inglaterra, por
ejemplo, las caricaturas a la familia
real se remontan a tiempos previctorianos
y resultan usuales en la prensa
amarilla. En otros países monárquicos
como Suecia, Dinamarca,
Holanda o Noruega existe análoga
tolerancia. En el caso español, en
cambio, el respeto a una institución
terrenal como la Monarquía es casi
el mismo que se profesa hacia una figura
considerada sagrada, como la
de Mahoma, en los países islámicos.

“Respetable”

El celoso blindaje de la Monarquía
en el sistema español explica, asimismo,
la persistencia de la crítica
republicana. En Cataluña, por ejemplo,
las manifestaciones antiborbónicas
no son cosa nueva. Ya en 1868,
durante la llamada revolución gloriosa,
un grupo de partidarios liberales
arrojaron desde el balcón del
Ayuntamiento de Barcelona un retrato
roto de la reina Isabel II. Este tipo
de manifestaciones, con mayor o
menor alcance, se han repetido hasta
nuestros días.

En realidad, podría decirse que,
como mínimo desde la revolución
francesa, los símbolos del poder, político
o religioso, siempre han sido
satirizados o ridiculizados. Aquí y en
cualquier parte del mundo. Ya sea
desde la soledad del sótano de una
imprenta o entre el gentío de un festejo
popular, como muestran las fallas
valencianas o los carnavales gaditanos.
Tales actos de ofensa callejera
se inscriben en una vieja tradición
de teatralización de desavenencias
o desafectaciones ciudadanas
frente a símbolos de poder que se
consideran -justa o injustamente-
arbitrarios. Quizá por eso suelen tener
una mayor carga vindicativa que
la simple sátira de papel, y suscitan
mayor desasosiego en ciertos sectores
políticos e intelectuales ‘respetables’.
No obstante, una sociedad democrática
debería ser capaz de verlos,
no tanto como ataques al orden
público, sino como un sano ejercicio
de libertad ideológica y de catarsis
ciudadana.

Difícil encaje

Muchos de los que se indignaron ante
la condena por el “ultraje al rey”
del periodista Ali Lmrabet en Marruecos,
ahora aplauden, o cuando
menos guardan silencio, ante la petición
fiscal de cárcel para el joven
de Girona y para quienes, como él,
se han autoinculpado en la quema
de símbolos monárquicos. No faltará
quien sostenga que la diferencia
reside en que “allí no hay democracia
pero aquí sí”. No obstante, es
precisamente cuando la crítica ‘quema’,
y no cuando se adapta a los cánones
establecidos de lo ‘admitido’,
cuando se ponen a prueba las credenciales
democráticas de un ordenamiento
jurídico. En Estados Unidos,
la jurisprudencia que sitúa las
quemas de banderas y otros símbolos
públicos bajo el amparo de la
Primera Enmienda se basa en un razonamiento
de este tipo.

No es esto lo que está ocurriendo
en el caso español. Entre otras razones,
porque muchas de estas críticas
podrían subsumirse en alguno de los
delitos contra la corona contemplados
por el Código Penal. Esta previsión,
junto a muchas otras que garantizan
a la Monarquía un estatuto
de privilegio e impunidad, se presta
a aplicaciones de difícil encaje en un
régimen que garantiza el pluralismo
político, indisolublemente unido a la
libertad ideológica.

Abrasando

A casi un siglo de la persecución de
Valle Inclán por sus ácratas invectivas
contra la Corona, o de la condena
a prisión de Unamuno por “ultraje
al rey”, la mitificación de la
Monarquía como símbolo intocable
de la Transición sigue siendo fuente
de tabúes y un obstáculo a la libre
discusión pública. La crítica frontal
de este mito, por tanto, no puede
considerarse un gesto extremista,
como pretenden tanto la oposición
como el propio Gobierno. Es una
condición indispensable para asegurar
la vigencia de principios republicano-
democráticos elementales:
desde la publicidad y revocabilidad
de los actos de poder
hasta la periodicidad de las funciones.
Mientras tanto, siempre será
preferible la quema de símbolos del
poder a que el propio poder acabe
abrasando espacios de crítica a los
que no es posible renunciar.

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