Contar con las prostitutas

La discusión abierta en el Parlamento español desde abril de
2006 en torno a la ‘Ponencia para el estudio de la situación
actual de la prostitución en España’, constituida en el seno
de la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de
la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades (y cuyas conclusiones
fueron aprobadas el 13 de marzo), ha dado más fuerzas
a un debate que divide a buena parte de la izquierda en
posturas duramente enfrentadas. Es la ocasión para un repaso
de los diferentes planteamientos sobre el tema.

29/03/07 · 0:53
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La construcción de la prostitución
como cuestión social
ha sufrido importantes
modificaciones a lo largo
de la historia reciente, llegando
en nuestros días a estar en el origen
de un intenso debate en torno
a qué respuesta jurídica debe dársele.
Debate avivado en estos días
por el reciente debate parlamentario,
que sigue abierto: el informe
aprobado por PSOE, PP y CiU ha
sido votado en contra por IU-ICV,
ERC y Grupo Mixto, quienes disponen
de unos días para presentar
sus votos particulares hasta la emisión
del informe definitivo el 17 de
abril. Había de entrada pocas razones
para el optimismo, porque ésta
es la tercera vez que se estudia la
prostitución en el Parlamento
(1999, 2002 y 2006). La primera
terminó con un informe y la segunda
se cerró sin conclusiones que,
aunque hubiesen existido, tal vez
habrían servido de poco al carecer
de carácter vinculante.

Seguimos igual

La profecía que aconsejaba no ser
optimistas se ha visto cumplida. El
informe preliminar vuelve a dejar
las cosas como estaban: ni apuesta
por una ley que reconozca los derechos
ni por una ley abolicionista.
En su lugar se conforma con
una tibia recomendación de no regular
la prostitución en España
que decepciona a todas las partes,
tanto a los sectores del PP, PSOE e
IU que apostaban por la abolición
de la prostitución a imagen y semejanza
del modelo sueco, como a
las personas que dentro de los mismos
partidos, y especialmente dentro
del grupo IU-ICV, consideraban
que ésta era una oportunidad
de oro para reconocer los derechos
de las prostitutas.

Sin embargo, las grandes perdedoras
han sido, una vez más, las
prostitutas demandantes de derechos.
El informe ni siquiera las
nombra a pesar de que representantes
de varias asociaciones, entre
ellas el Comité de Apoyo a las
Trabajadoras del Sexo en Murcia,
expusieron sus reivindicaciones
en dicha ponencia. Frente al silencio,
es imprescindible recordar
que estas trabajadoras, lejos de ser
un grupúsculo puntual, forman
parte de un movimiento creciente
e imparable a escala internacional.
Si se presta atención, se comprueba
que día tras día llegan noticias
de acciones a favor de sus derechos
organizadas por grupos de
prostitutas desde Argentina hasta
India, de Francia a Perú, de
México a España. Se les hace, por
cierto, una enorme injusticia a estos
grupos cuando se les asimila al
juego de intereses de la patronal
de la industria del sexo. Las prostitutas
han creado un movimiento
de corte sindical que lucha, como
antes hicieron otros grupos, por
conquistar la ciudadanía de pleno
derecho.

En el escenario recién creado,
los partidos que votaron en contra
preparan sus argumentos con la
intención de que el informe definitivo
incorpore la recomendación
de reconocer los derechos laborales
de las prostitutas. De las cuatro
posibles respuestas jurídicas, sólo
una contempla esta opción. En orden
cronológico es la última.

Historia

La primera dominó hasta finales
del siglo XIX y abordaba la prostitución
como una cuestión de orden
policial. Con ese fin, se sometía
a las prostitutas a inspecciones
arbitrarias, a durísimos controles
sanitarios y se les obligaba a ejercer
en las zonas señaladas por las
autoridades. El conjunto de estas
normas y la configuración
de la prostitución como un
mal menor, moralmente
tachable pero necesario,
se conocía como reglamentarismo.
Modelo que
ha sido en varias ocasiones
reformulado hasta la
concepción actual en la
que el Estado se inhibe o
suaviza el control sobre
las prostitutas, pero ni se
pronuncia sobre sus derechos
ni las acepta como interlocutoras
válidas en la
defensa de los mismos.

Esta modalidad inspira
hoy muchas normativas y
es la que se destila del informe
preliminar de la última
ponencia.
Sin embargo, el reglamentarismo
actual dista de
la crueldad con la que se
trataba a las prostitutas en
la Inglaterra de finales del
siglo XIX, donde un grupo
de mujeres preocupadas
por la crudeza de las condiciones
de las prostitutas
originó un movimiento de
reacción: el abolicionismo.
Éste introducía un nuevo
paradigma en el que la
prostitución dejaba de considerarse
un fenómeno necesario
para conceptualizarse
como una forma de
dominación de los hombres
sobre las mujeres, como
una forma de esclavitud.

Dentro del abolicionismo, la corriente
hoy más visible es la que solicita
la persecución y castigo de
los responsables de la prostitución
a quienes llama “prostituidores” y
el rescate de las mujeres, para
quienes se emplea el término “mujeres
prostituidas” con el fin de
acentuar su posición de víctimas.
Bajo este paradigma, se considera
que las prostitutas organizadas para
la defensa de sus derechos constituyen
una minoría y que en todo
caso, el daño sufrido apenas les
permite evaluar qué les conviene.
El tercer modelo de respuesta
jurídica es el prohibicionismo.
Este régimen legal halla su justificación
en la criminología positivista
de finales del siglo XIX, cuyos
postulados situaban a la prostituta
dentro del campo de la delincuencia,
la marginación y la transmisión
de enfermedades, prohibiendo
tanto la oferta como la demanda
de servicios sexuales. Dada esta
negativa connotación, son escasos
los Estados que se atreven a
reconocer que se rigen por leyes
prohibicionistas. Este modelo no
da cabida a ningún tipo de organización
de prostitutas.

Legalización

El cuarto y último modelo presente
en el debate es el del reconocimiento
de derechos, éste se centra en la
defensa de la legalización de la
prostitución como trabajo. La génesis
del movimiento por la legalización
de las prostitutas se sitúa alrededor
de los años ‘70 del siglo pasado,
tanto en San Francisco, donde
comenzó un movimiento autoorganizativo,
como en Francia,
donde en 1975 algunas prostitutas
ocuparon iglesias para reclamar
sus derechos. Desde esta postura,
se entiende que las personas que
ejercen las prostitución deben formar
parte activa del debate y que el
Estado ha de reconocer sus derechos,
no por ser un trabajo como
otro cualquiera, sino precisamente
porque se trata de una actividad bajo
el peso del estigma.

La experiencia nos muestra
que, desde hace varias décadas y
al margen de la opinión de las
prostitutas, se han probado al menos
dos de estos modelos (reglamentación
y abolición), se han
creado tres comisiones de estudio
y se ha visto cómo varios intentos
locales (Madrid, Barcelona, Reus)
y uno regional (Cataluña) naufragan.
Por el momento, y ésa es la
buena noticia, las prostitutas están
conquistando el espacio público.
La intuición nos dice que no se
saldrá del atolladero en el que encuentra
la prostitución hasta que
no se ponga en práctica el cuarto
modelo, hasta que no se reconozcan
los derechos laborales de las
prostitutas.

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