El debate sobre el ‘conflicto
vasco’ ha sido un tema recurrente
a lo largo de los
27 años de vida del nuevo
Reino de España. La persistencia
en Euskadi de un sector dispuesto
a seguir negando legitimidad a la
Constitución de 1978, así como la
repetición constante de mayorías
electorales en esa Comunidad favorables
al reconocimiento del derecho
de autodeterminación, no
han dejado de recordarnos que está
todavía pendiente la resolución
democrática de ese conflicto.

La actividad armada de ETA ha
introducido, además, una dimensión
violenta al mismo tiempo que,
más allá de la discutible función
simbólica de impugnación del régimen
de la Reforma que ha querido
asumir, ha ido adquiriendo un carácter
cada vez más indiscriminado
y ha generado sufrimiento y divisiones
profundas dentro de la sociedad
vasca y rechazo creciente
en la sociedad española. Frente a
esa estrategia, la respuesta policial
y represiva, acentuada en el pasado
con los GAL y, más recientemente,
con el arsenal legal y judicial
‘antiterrorista’ de Aznar y
Garzón (cuya manifestación más
aberrante se encuentra en el macrosumario
18/98), no ha hecho más
que retroalimentar el conflicto y
amenazar las bases mismas del estado
de derecho mediante una criminalización
cada vez más abusiva
del presunto ‘entorno’ violento.
Ahora, tras la llegada del Gobierno
Zapatero, con sus promesas de una
“España plural” y su disposición a
dialogar con ETA, se abre una ventana
de oportunidad que no debería
ser desaprovechada; porque pese a
su negativa a aceptar el Plan Ibarretxe,
la propuesta del nou Estatut
apoyado por el 88% del parlamento
catalán y la relativa distensión que
se vive en Euskadi suponen nuevos
desafíos para pasar de la retórica a
los hechos.

En el caso vasco nos encontramos
con al menos tres dimensiones
del conflicto que hay que resolver
democráticamente: una es la
que tiene que ver con el fin de la
violencia y el proceso de paz; otra,
las tensiones identitarias existentes
dentro de la sociedad vasca y otra,
en fin, la que enfrenta a la mayoría
de la sociedad vasca con el Estado
español. Respecto a la primera, la
ausencia de atentados mortales por
parte de ETA a lo largo de los últimos
dos años y medio parece mostrar
una disposición a abandonar
esa práctica y a optar (¿definitivamente?)
por renunciar a su protagonismo
político en beneficio de las
organizaciones políticas y sociales
de la izquierda abertzale y del pueblo
vasco en general: la propuesta
de Anoeta vendría a corroborar ese
giro y sería bueno que fuera acompañada
de gestos de distensión por
parte del Gobierno y del poder judicial
que facilitaran el cese definitivo
de la violencia armada de ETA.

Un horizonte a corto plazo de
cese de la violencia y de reparación
de daños a todas las víctimas
ayudaría a crear un marco más favorable
para la búsqueda de un
consenso entre las diferentes fuerzas
políticas vascas, que se desarrollara
sin exclusión de ninguna
fuerza política, sin límites previos
respecto al contenido a pactar y
sin discriminación entre los distintos
sentimientos identitarios. En
ese camino el obstáculo principal
parece encontrarse todavía en un
PP dispuesto a seguir excluyendo
a Batasuna y a poner límites a lo
‘pactable’, mientras que por parte
de las fuerzas nacionalistas vascas
habría que garantizar la protección
de los derechos de las minorías
en toda nueva propuesta.

Derecho de autodeterminación

Pero no cabe duda de que el ‘núcleo
duro’ de este debate está en el reconocimiento
o no del derecho a decidir
su futuro por parte del pueblo
vasco: un acuerdo amplio en Euskadi
sobre este punto ayudaría a
afrontar en mejores condiciones
esa tercera dimensión del conflicto
con el Estado español. Si ese pacto
se produjera con participación del
partido socialista vasco, se daría un
paso adelante que coincidiría además
con un momento de crisis
abierta del ‘modelo’ de Estado autonómico
y de presión creciente desde
Catalunya y Galiza a favor del
reconocimiento de la realidad plurinacional
dentro del Estado español
y del libre derecho a decidir su futuro
por parte de los pueblos que así
lo demanden.

Sin embargo, esta nueva oportunidad
histórica continúa chocando
con el arraigo que todavía encuentra
en la ‘clase política’, en la ‘opinión
publicada’ y en amplios sectores
de la sociedad española el discurso
dominante (amparado en la
Constitución de 1978) según el cual
la única nación existente dentro de
nuestras fronteras es la española y,
por tanto, cualquier cuestionamiento
de la misma atentaría contra la
unidad del Estado y la ‘solidaridad’.
Es cierto que hay variantes de ese
discurso que van desde el nacionalcatolicismo
de la derecha aznarista
hasta el nacional-populismo del
sector guerrista del PSOE. Pero todos
ellos coinciden en su tajante
oposición a una “segunda transición”
que condujera a un reconocimiento
de la plurinacionalidad y a
una reformulación de la soberanía
en términos que permitieran un
pacto previo entre iguales sobre cómo
relacionarse y cómo compartir
esa misma soberanía en el caso de
que decidan seguir viviendo juntos
y en el marco de la Unión Europea.

Rupturas

Pero el debate sobre el nou Estatut
catalán ha introducido una brecha
en ese nacionalismo español que no
debe ser subestimada y ha de ser
profundizada; porque si se resuelve
en términos de una ‘minirreforma’
acordada entre las élites políticas
en detrimento de los derechos nacionales
de Catalunya, difícilmente
habrá otra oportunidad mejor a medio
plazo para encontrar un ‘acomodo’
dialogado de las realidades
nacionales catalana, vasca o gallega
dentro del Estado español. En
ese caso, la “desafección” de la que
ha hablado Maragall, refiriéndose a
Catalunya respecto a España, se
produciría con mayor razón en
Euskadi y entonces habría que responder
al dilema siguiente: o bien
resignarse ante la imposibilidad de
ir más allá de una nueva versión del
Estado autonómico o, por el contrario,
apostar por un proceso de ejercicio
efectivo del derecho de autodeterminación
mediante una consulta
popular en un contexto de no
violencia, aun teniendo que desobedecer
a la legalidad vigente.

Conviene precisar, no obstante,
que si se elige este último camino
haría falta no sólo una amplia mayoría
ciudadana vasca dispuesta a
seguirlo sino también una corriente
de opinión fuera de Euskadi que,
aun siendo minoritaria, contribuyera
a forzar el reconocimiento de la
nueva legitimidad que libremente
se instaurara. No es poca, pues, la
responsabilidad que recae en la izquierda
partidaria de la profundización
de la democracia en el Estado
español (y en Francia) en el caso de
que se produzca ahora una ‘segunda
frustración’ y sólo quepa esa opción
rupturista.