Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (AGCS), actualmente
en discusión ante la VI
Cumbre de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en Hong
Kong (13-18 de diciembre) son los
países más fuertes y las multinacionales
que se han lanzado a la carrera
del comercio de servicios públicos.
Las últimas reuniones de la
OMC han versado sobre la transformación
de los servicios públicos
en mercados privados: la salud representa
un mercado con un valor
de 3,5 trillones de dólares anuales,
la educación supone un negocio de
2 trillones y el agua, 1 trillón anual.
La existencia de importantes lobbies
para liberalizar los servicios
públicos en nombre de la competitividad
y la eficiencia es determinante
en las decisiones de la OMC.

Las grandes decisiones se concretan
también en la privatización
de servicios públicos regionales y
municipales como los servicios del
agua, el transporte público o parte
de la educación. Lo que antes era
de titularidad pública ahora se privatiza
y externaliza. La constante
crítica al funcionamiento de los
servicios públicos -no siempre deficientes-
ha conseguido que una
parte importante de la sociedad
acepte el falso silogismo de “mayor
eficacia a mayor competencia
de mercado”. Pero los servicios públicos
se establecieron para satisfacer
las necesidades de las personas,
no para el comercio ni el beneficio
económico; por ello, no
pueden regirse por criterios de rentabilidad,
sino de interés social.

Estas políticas de liberalización
económica van acompañadas de
un proceso de desestructuración
social y de un aumento del control
social. Así, proliferan las normativas
como la Ordenanza por la
Convivencia en Barcelona, que penaliza
a las personas que ejercen la
venta ambulante, la mendicidad o
la prostitución.