Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (AGCS), actualmente
en discusión ante la VI
Cumbre de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en Hong
Kong (13-18 de diciembre) son los
países más fuertes y las multinacionales
que se han lanzado a la carrera
del comercio de servicios públicos.
Las últimas reuniones de la
OMC han versado sobre la transformación
de los servicios públicos
en mercados privados: la salud representa
un mercado con un valor
de 3,5 trillones de dólares anuales,
Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (AGCS), actualmente
en discusión ante la VI
Cumbre de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en Hong
Kong (13-18 de diciembre) son los
países más fuertes y las multinacionales
que se han lanzado a la carrera
del comercio de servicios públicos.
Las últimas reuniones de la
OMC han versado sobre la transformación
de los servicios públicos
en mercados privados: la salud representa
un mercado con un valor
de 3,5 trillones de dólares anuales,
la educación supone un negocio de
2 trillones y el agua, 1 trillón anual.
La existencia de importantes lobbies
para liberalizar los servicios
públicos en nombre de la competitividad
y la eficiencia es determinante
en las decisiones de la OMC.
Las grandes decisiones se concretan
también en la privatización
de servicios públicos regionales y
municipales como los servicios del
agua, el transporte público o parte
de la educación. Lo que antes era
de titularidad pública ahora se privatiza
y externaliza. La constante
crítica al funcionamiento de los
servicios públicos -no siempre deficientes-
ha conseguido que una
parte importante de la sociedad
acepte el falso silogismo de “mayor
eficacia a mayor competencia
de mercado”. Pero los servicios públicos
se establecieron para satisfacer
las necesidades de las personas,
no para el comercio ni el beneficio
económico; por ello, no
pueden regirse por criterios de rentabilidad,
sino de interés social.
Estas políticas de liberalización
económica van acompañadas de
un proceso de desestructuración
social y de un aumento del control
social. Así, proliferan las normativas
como la Ordenanza por la
Convivencia en Barcelona, que penaliza
a las personas que ejercen la
venta ambulante, la mendicidad o
la prostitución.
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