Castigar la disidencia

La reciente condena de cárcel contra personas que intentaron frenar el desalojo del gaztetxe Euskal Jai, en Pamplona; o la sibilina equiparación, en varios artículos del diario El País, de activistas del movimiento de okupación con “mendigos” que viven en plazas y calles, son muestras de la negativa a reconocer la carga política de la okupación. Aportamos una reflexión sobre la posible despenalización de esta forma de intervención.

, Jueza de primera instancia
08/10/06 · 22:21
Edición impresa

Un 2005 publiqué en la revista
Información y Debate,
de Jueces para la
Democracia, un artículo
que estudiaba el movimiento social
(MS) de okupación. Una de las conclusiones
principales que expuse fue
la de estimar, con criterios absolutos
(desde un punto de vista estrictamente
jurisdiccional), la necesidad
urgente de despenalizar la okupación
pacífica de inmuebles. El Art.
245.2 del Código Penal(CP), tipo que
castiga aquella, ha sido objeto de distintas
interpretaciones a lo largo de
esta década siendo las más interesantes,
evidentemente, las que abogan
por una interpretación del mismo
de acuerdo con los principios garantistas
que deben presidir las actuaciones
de la jurisdicción penal -intervención penal mínima, última
ratio, fragmentariedad, proporcionalidad,
adecuada protección de los
bienes jurídicos-, así como con la
protección constitucional de los derechos
sociales que resultan afectados
por el conflicto (derechos a la vivienda,
a la participación pública, a
la protección de la juventud, etc.).

Sigue la persecución

En la práctica, de acuerdo con dicha
interpretación y bajo el análisis
minucioso de la no concurrencia
de determinados requisitos, se
han dictado cada vez más sentencias
absolutorias en juzgados penales,
así como autos denegando
el desalojo cautelar o archivando
las denuncias interpuestas. Sin embargo,
ello no ha implicado la derogación
expresa del tipo penal, y
queda además abierta la vía civil,
en la que las posibilidades de desestimar
las demandas de los propietarios
son más restringidas. Es
por todo ello que las ocupaciones
que demandan la plena efectividad
de derechos sociales, sin resultar
lesivas para el ejercicio de ningún
derecho fundamental, siguen siendo
penalizadas y perseguidas en
una doble vía, resultando con ello
amparadas tácitamente otras conductas
(entre otras, la de los propietarios
de inmuebles en estado
de absoluto abandono) que, al contrario,
promueven un ejercicio antisocial
de dichos derechos, obteniendo
resultados inhumanos.

En cuanto a la introducción del
delito en el CP, cabe destacar la absoluta
falta de deliberación previa,
omitiendo las voces más críticas de
distintos sectores jurídicos y sociales.
Tal hacer responde a una concepción
liberal-positivista, característica
de una democracia deficitaria
que se torna ciega respecto a las
dinámicas sociales. Este modelo
considera al mercado como un perfecto
mecanismo de asignación de
recursos escasos, pero es incapaz
de activar al Estado como un mecanismo
de distribución de esos mismos
recursos y, en consecuencia,
de creación de específicos recursos
normativos, de dirección social y
política. A través de la ley penal,
aflora su característico enconamiento
represivo: lo que se hace es
castigar a los disidentes o discrepantes
con elementos del sistema
legal vigente, de manera que, en lugar
de tomar en consideración sus
reivindicaciones y emprender vías
de diálogo con los mismos -en tanto
que sujetos de formas alternativas
de participación política y socioeconómica-,
se opta por la ficción
de su inexistencia por la vía,
tan contundente como falsa, de su
erradicación penal.

Desbordando la legalidad

Esta forma de legislar incide en la
aguda crisis representativa que hoy
atraviesa el orden jurídico y social.
La sociedad de los ciudadanos fragmentados,
vive un distanciamiento
real y creciente del Estado y los poderes
públicos. No existen cauces
reales que sean capaces de tomar
en consideración las propuestas y
demandas de aquellos. Los ciudadanos
discrepantes, y las prácticas
alternativas, proclaman una razón
práctica y una voluntad de significaciones
múltiples: dignidad, subjetividad,
igualdad, cualidades existenciales,
potencias humanas creativas.
Todo este espacio desborda
la legalidad así como la mera efectividad
del poder.

La ocupación no deja de ser una
de las prácticas de desobediencia
política, que como tantas otras prácticas
constituyentes, históricamente
se han anticipado al derecho y han
prefigurado los derechos -los derechos
laborales, entre otros muchos.
Si la democracia no quiere quedarse
en pura retórica y si los actuales
poderes públicos quieren servir a lo
recogido en la Constitución de forma
más efectiva que la actual, debe
posibilitarse la apertura real de vías
y espacios: aquí, observamos, una
vez más, la separación entre políticas
simbólicas muy fuertes y una
legalidad que aspira a formalizarlas
en la dirección del proceso productivo.
Evidentemente, este proceso
es el que determina el contenido de
los derechos.

La judicialización -en la vía penal,
pero también en la civil- de
conflictos como éste, con márgenes
estrechos, donde no hay cabida
para un tratamiento en profundidad
de la dimensión del problema
y donde los actores no están,
por ello, en un plano de igualdad,
no puede seguir ostentando el monopolio
de una resolución más fallida
que efectiva y, sobre todo, inoperante
a la hora de dar un derecho
adecuado y justo a un movimiento
social plenamente legítimo.
Deben imaginarse y llevarse a cabo
otras iniciativas, donde se parta de
la valorización, en todo caso, de lo
practicado en los espacios okupados,
donde todos los sujetos participantes
en los mismos puedan referir
lo actuado en ellos y donde,
además, sea el propietario ausente
el que dé razones de su absentismo,
y no a la inversa. Seguir privilegiando
el abandono de propiedades,
no resuelve el creciente problema
de la vivienda y se enfrenta
radicalmente con una visión integradora
del texto constitucional.

Propuesta

Por todo ello, hoy es necesario reiterar
la propuesta de despenalizar la
okupación. Más allá: amparar y tutelar
las expresiones de la ciudadanía
es una obligación, que pasa por
ser capaz, como mínimo, de reconocer
aquellas e integrarlas en su complejidad.
La negociación y la legalización
de espacios -entre otros posibles
sistemas- han reducido en países
cercanos los desalojos forzosos
y las consecuencias agravadas -el
fruto exiguo de políticas represivas-
que dejan intactos los problemas
más graves que siguen existiendo.
El acceso a la vivienda, la especulación,
la ausencia de espacios para la
juventud y otros sectores sociales, o
la creciente dificultad de la práctica
real de democracia. Esta última exigencia
sintetiza todas las conclusiones:
recuperar la democracia, aspirar
a lo común, exige, asimismo, recuperar
las formas activas, fuertes,
de participación política. Aquí, el derecho
y sus intérpretes, deben abrir
espacios que se hallan cerrados y
oscurecidos, a través de multitud de
herramientas, que activen y ensanchen
las virtualidades constitucionales
y democráticas que se encuentran
latentes en la forma social.

Tags relacionados: Okupación
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto