La organización política Human Rights
Watch se disfraza como ONG vigilante de
los derechos humanos (DD HH) en todo
el planeta, pero es sabido que actúa
como avanzadilla política en los países
donde la comunidad internacional quiere
producir una desestabilización. Ahora
parece que le toca al pueblo saharaui.
La organización política Human Rights
Watch se disfraza como ONG vigilante de
los derechos humanos (DD HH) en todo
el planeta, pero es sabido que actúa
como avanzadilla política en los países
donde la comunidad internacional quiere
producir una desestabilización. Ahora
parece que le toca al pueblo saharaui.
Circula en la red un panfleto elaborado
por dicho grupo que titula La situación
de los derechos humanos en el Sahara
Occidental y los campamentos de refugiados
de Tinduf. Es posible que lo hayan
elaborado desde Estados Unidos, sin
pisar Argelia, y no sepan que se escribe
Tindouf. Una característica, según el informe
de la inquietante situación de los
derechos humanos en los campamentos
es el “aislamiento de la población y la
falta de observación regular” de las condiciones
sobre el terreno. Pero miles de
personas (de Europa y América), visitan
anualmente los campamentos. No sé si
en HRW conocen que este pueblo está
en esta situación gracias a un plan económico-
militar organizado por EE UU;
puesto en escena por Henry Kissinger,
que contó con el apoyo de Francia y
España y cuyo brazo ejecutor fue el
gobierno de Marruecos con la invasión
del Sahara Occidental. HRW propone que
el exilio saharaui se prolongue más tiempo,
con el mandato de la MINURSO, para
comprobar que la población que habita
en los campamentos ve respetados sus
derechos humanos. Sus dirigentes, el
Frente Polisario, es el representante real
del pueblo saharaui y es un órgano que
lucha, dentro de las dificultades que
supone la vida en el refugio, por aumentar
día a día la cultura y la salud de su
población, así como mejorar poco a poco
las condiciones de vida en los campamentos.
Un gobierno con esas miras no
puede estar cortando libertades ni derechos.
Podrá tener personas corruptas en
su administración, como cualquier organismo
en el poder, pero en ningún caso
sería comparable a la corrupción institucionalizada
en nuestros gobiernos de los
países de la llamada “comunidad internacional”.
El principal atentado contra los
derechos humanos de la población saharaui
es no dejarles regresar a su tierra y
hacerles permanecer en lo más inhóspito
del desierto del Sahara.
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