Apuntes para hacer frente a la criminalización

04/10/07 · 0:00

Desgraciadamente a todas
nos vienen a la cabeza diversos
episodios de criminalización
y represión
a los movimientos sociales que nos
sitúan en un escenario nada cercano
al ideal garantista que tendría
que guiar cualquier actuación punitiva
en un Estado democrático. Sin
ir más lejos, se puede hacer referencia
a la reciente decisión de la fiscalía
de la Audiencia Nacional de abrir
diligencias por la quema de una fotografía
de los reyes en Girona, o al
‘secuestro’ de manifestaciones y el
uso del kubotan por parte de los
Mossos d’Esquadra antes de verano.

A su vez, las cifras que ofrece la
Coordinadora para la Prevención de
la Tortura tampoco son nada esperanzadoras:
un mínimo de 610 personas
denunciaron haber padecido
torturas y/o maltratos durante el año
2006 en el Estado español. Y qué decir
de la aplicación del excepcionalismo
antiterrorista sobre una parte
considerable de la ciudadanía vasca,
destacando la ilegalización de
partidos políticos y agrupaciones de
electores, los procesos judiciales
abiertos contra militantes de organizaciones
sociales y políticas que
hasta el momento habían operado
pública y legalmente, o el cierre de
diversos medios de comunicación.

Monopolio de la lucha

A simple vista, cabría pensar que
cualquier vulneración de derechos
fundamentales tales como el de integridad
física y psíquica o el derecho
de expresión, reunión y manifestación
por parte del poder soberano
tendría que ser percibida como un
hecho inaceptable. Y en este sentido,
cabría esperar que los movimientos
y organizaciones sociales
centrasen parte de su actividad en
denunciar e intervenir para que las
estrategias criminalizadoras no se
afianzasen en nuestras sociedades.

La realidad, empero, es otra y la respuesta
social frente a estas estrategias
deja mucho que desear. Los
medios de comunicación casi no se
hacen eco de este tipo de noticias y
gran parte de los movimientos sociales
queda al margen de estas
cuestiones. Quiero reflexionar sobre
el porqué de esta situación. Las
debilidades que se presentan para
hacer frente a los procesos de criminalización
pueden derivar, en parte,
de dos dinámicas a las que se les
pueden dar el nombre de ‘monopolización
de la lucha antirrepresiva’ y
de ‘demagogia activista’.
La primera dinámica hace referencia
a la tendencia a la monopolización
de la lucha antirrepresiva.

Un vistazo superficial a las realidades
reivindicativas en el Estado español
nos diría que estas cuestiones
sólo interesan a un sector reducido
de los movimientos sociales muy
connotados estético-políticamente
y que son respondidas mediante un
repertorio de acción también muy
limitado (y estipulado de antemano).
Así pues, muchas personas
afirmarían que el trabajo alrededor
de cuestiones que tienen que ver
con la cárcel o la tortura quedaría
reducido a un discurso libertario y
a una estética punk o a ámbitos independentistas.

Es decir, para hablar
de criminalización sería necesario
adoptar un discurso concreto
y una estética determinada. Cabe
apuntar, sin embargo, que una dinámica
de este tipo se genera tanto
por la acción como por la omisión
de los diferentes actores sociales.
Es cierto que la voluntad de totalizar
un discurso antirrepresivo
desde una única perspectiva discursiva
no ayuda a la creación de
una red plural, pero aún es más
preocupante la actitud de determinados
sectores del movimiento
que insisten en la idea de que la
cuestión no va con ellos.

La realidad social por suerte es
más compleja y, aunque de manera
reducida, existen una serie de redes
que conectan distintos actores y sensibilidades
sociales en la defensa de
derechos civiles fundamentales. Así
pues, la Coordinadora por la Prevención
de la Tortura es un ejemplo
en el que conviven de manera muy
productiva organizaciones sociales
diversas, profesionales y académicos
con el objetivo de hacer frente a
la lacra que supone la tortura. Sería
deseable que las experiencias y dinámicas
de este tipo se multiplicaran
en el territorio: la cuestión que
tenemos entre manos es de vital importancia
para la salud democrática
de nuestras sociedades y sólo desde
la multiplicidad, la pluralidad y el
respecto mutuo podrán ganarse batallas
en este terreno. Se constata
pues la necesidad de no encerrar estos
campos de intervención en un
sector de movimiento concreto. Es
necesario hacer de estas cuestiones
un problema de todas, de despertar
el interés de las organizaciones sociales
y de la ciudadanía en general.
A modo de ejemplo, una experiencia
que requirió una intervención similar
podría ser la lucha por la normalización
del catalán en la transición
y la importancia de que ésta no
quedara relegada a un tipo de organizaciones
o sectores sociales.

Demagogia

Una segunda dinámica tiene que
ver con la necesidad de llamar a las
cosas por su nombre. Toda violación
de derechos fundamentales
por parte del poder soberano por
pequeña que sea debe ser denunciada
y se deben tomar medidas para
afrontarla. Esta afirmación sin
embargo no equivale a poner todas
las cosas en el mismo saco. En general
es importante hablar con
propiedad y, en las cuestiones que
se tratan aquí, este hecho adquiere
una importancia fundamental.
Existen diversos grados de violación
de los derechos y tenemos que
aprender a darles valor por sí mismos.

No es lo mismo una detención
arbitraria que una tortura, aunque
todo tiene que ser denunciado, y todo
es rechazable en un Estado de
derecho. En este sentido, me viene
en mente la frívola utilización del
concepto de “tortura blanca” por
parte de activistas y abogados en el
marco de una detención masiva.
Por mucha simpatía que se tenga
por unos activistas, no se puede utilizar
este término para nombrar el
desagradable trato que se recibe en
una detención por parte de la policía.

Uno, porque no es verdad que
sea tortura (y menos blanca). Y dos,
porque deslegitima el trabajo antirrepresivo
frente a la opinión pública.
Cuando todo es lo mismo, todo
deja de tener valor. Y por lo tanto,
cualquier denuncia de violación de
los derechos fundamentales deja
de tenerse en consideración.
En definitiva, se constata que la
creciente criminalización a los movimientos
sociales tendría que ser un
problema que preocupara a la sociedad
civil en general y a las organizaciones
de movimiento en concreto.

A mi entender, la forma de hacer
frente a las dinámicas represivas pasaría
por aceptar la pluralidad de expresiones
y lenguajes sociales que
dan riqueza a las denuncias de violaciones
de derechos fundamentales;
así como hablar con propiedad para
poder traspasar el ámbito estrictamente
militante. Elaborar pues un
trabajo pedagógico y comunicativo
amplio alrededor de estas cuestiones
es un reto por el que apostar, en
el que todas nos jugamos mucho.

EL TEMA DEL DEBATE: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ANTE LA REPRESIÓN. La represión y criminalización es un tema recurrente
en los discursos de muchos de los movimientos sociales.
Pero más allá de las protestas puntuales y los llamados
a la solidaridad, abrir una amplia discusión de
cómo afrontar la situación desde una perspectiva
colectiva y estratégica puede ser enriquecedor.

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