El actual y evidente recurso al músculo
militar para la gestión del
mundo globalizado por parte de los
Estados occidentales se ha visto
acompañado de un discreto, a la
par que drástico, recorte de libertades
y derechos civiles. Argumentos
como la falta de seguridad -con toda
su carga subjetiva- o la lucha
contra el terrorismo, las mafias o el
pirateo, están sirviendo para reglamentar
y naturalizar las normas de
excepción. De esta forma, se pasa
página al necesario debate social
sobre el recorte de libertades públicas
en un escenario donde la capacidad
de decisión y control sobre
las actividades de las instituciones
se aleja, cada vez más, de las poblaciones
implicadas.

Es paradigmática la situación
de la frontera Unión Europea-
Marruecos, en Ceuta y Melilla.
Las muertes y desapariciones de
inmigrantes, la militarización de
la zona y las deportaciones convierten
en papel mojado una serie
de leyes y acuerdos internacionales.
En Argelia, la aprobación del
referéndum con el que el Gobierno
pretende clausurar la reciente
guerra civil y sus miles de
desaparecidos, deja por los suelos
los derechos humanos.

Los recortes de libertades y la
consiguiente redefinición de las
prioridades gubernamentales no se
ciñen a la esfera internacional. Es
sintomática la prioridad concedida
a los gastos militares en los Presupuestos
Generales del Estado, los
segundos del gobierno del buen talante,
aunque se camuflen como
I+D. Ahora bien, reducir estas tendencias
a una inevitable era del
Gran Hermano supone obviar los
esfuerzos de quienes, desde abajo,
plantan cara a estas lógicas, desde
las recientes manifestaciones contra
el blindaje de la frontera Sur
hasta las comunidades en resistencia
colombianas que buscan salirse
de los marcos cerrados del conflicto
militar.