El aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos

, presidente de Sociólogos Sin Fronteras
27/11/08 · 0:00
Edición impresa

La Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948
se produjo cuando el pensamiento
político social dominante,
el de los triunfadores en la II
Guerra Mundial, se hizo abrumadoramente
conservador. El capitalismo
democrático, defendían, forma parte
del entramado físico de la convivencia,
es poco menos que natural aunque
caben en él pequeños retoques
fruto de la investigación. El modelo
mejoró con el aporte keynesiano, el
bienestar público como corrector de
la iniciativa privada, que era la clave
del progreso.

La cuestión vuelve a estar presente
hoy cuando se nos quiere imponer
otro paradigma conservador, la sabia
e inexorable racionalidad del
mercado como si el mercado fuera
libre y no estuviera dominado por
los más poderosos. Thomas Frank,
en su reciente libro One Market under
God [Un mercado a las órdenes
de Dios] ha desvelado con sagacidad
las falacias de esa explicación básicamente
pueril. El modelo se basa
en el principio del trickle down: los
gobiernos deben dar dinero y libertades
a los ricos para que, de alguna
manera ‘misteriosa’ –Frank habla de
la teología del mercado– terminen
llegando a los pobres. El informe del
año 2005 del Population Reference
Bureau documenta que la mitad de
la población mundial vive con menos
de dos euros al día y que la desigualdad
básica sigue creciendo.
Pero ahora vivimos en la globalización,
que cambia nuestras perspectivas
metodológicas.

La globalización es el tercer capítulo
de la historia del capitalismo. El
primero fue el capitalismo de Estado,
el colonialismo, ejercido por estados
poderosos sobre otros más débiles,
para apoderarse de sus riquezas.
El segundo capítulo lo constituye
la protección de los estados a las
empresas. En la globalización, el tercer
capítulo, los protagonistas son
las empresas multinacionales que
gozan de la protección del Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional
y, especialmente, del Tratado
Mundial de Comercio, para prevalecer
sobre los intereses de los Estados
en los que van asentándose.
Este capítulo representa el momento
de más amplia libertad del capital no
ya para franquear las fronteras sino
para imponerse a los países cuyas leyes
laborales y ambientales vulneran.
Esa libertad permite un entramado
organizativo que va desde la
extraterritorialidad fiscal a la creación
de paraísos en los que esconder
su dinero, pasando por la sobrevaloración
del sector financiero y, siempre,
por la explotación de los países
que recorren.

En la globalización hay un poder
económico predominante, las empresas
multinacionales y dos poderes
políticos, uno el constituido por
esas tres entidades, de escaso carácter
democrático, a favor de las empresas
y otro, la ONU, cada vez más
débil, objeto del antagonismo e incluso
del desprecio de los EE UU. La
ONU, depositaria de un poder legal
internacional, carece de medios y de
legitimación real para ejercer esas
funciones y asiste, prácticamente
inerme, al creciente proceso de deterioro
y desigualdad de la población y
el hábitat mundial.

La desigualdad no es solo Norte-
Sur. En EE UU hay 48 millones de
habitantes sin seguro de enfermedad.
Pero es en el Sur donde la desigualdad
y las carencias crecen.

Otra lógica

Frente a esta lógica capitalista, que
todo lo fía al principio de la libertad
de mercados, y su corolario, la privatización,
incluso de servicios básicos,
emerge la lógica de los derechos
humanos, que también ha tenido
su evolución. Primero fue el reconocimiento
de la igualdad básica
de las personas, con la abolición de
la esclavitud. Después, la protección
de los derechos políticos de las minorías
raciales y de género. Paralelamente
surgieron los derechos humanitarios,
con la Convención de
Ginebra para prisioneros de guerra,
las víctimas de calamidades, etc. Y
ahora, una tercera generación de derechos
básicos, a la salud, a la educación,
a la vivienda...

Los derechos básicos incluyen los
bienes comunes, como la calidad
del aire que respiramos, del agua
que bebemos y que debían concitar
la acción de los estados y, finalmente,
de la ONU, para impedir tanto la
privatización de esos bienes como
la adopción de medidas coercitivas
y de control para hacer posible esa
lógica de los derechos humanos
hasta ahora desatendida. Porque no
se trata de que la educación, la salud
o la vivienda sean gratis. Pagamos
muchos servicios a través de
los impuestos, sobre todo los impuestos
indirectos. Tampoco se niega
la utilización de tasas por uso de
servicios públicos, según el modelo
tradicional de las llamadas utilities
en el modelo anglosajón. Lo que
afirmamos es que los derechos humanos
no deben ser objeto de negocio,
de especulación, deben estar
extra commercium.

Es una confrontación inevitable
entre ambas lógicas, la del mercado
y la de los derechos humanos respecto
de la cual hay que tomar partido,
a partir de una buena información
previa. De sobra sabemos que
los poderes más concluyentes no
quieren que se sepa mucho sobre
ellos y alquilan gentes no tanto para
explicar cuanto para disfrazar. Para
los más poderosos incluso la mejor
información es ninguna y la mejor
situación, la opacidad de sus asuntos,
disfrazados por ejercicios de
simplificación mediática. Inmediatamente
después de los atentados del
11 de septiembre, Bush aconsejó a
los neoyorquinos que salieran de
compras, como el mejor ejercicio de
superación de la tragedia.

Los derechos humanos son la versión
última, más completa en la larga
historia de las reivindicaciones
ciudadanas, especialmente porque
tienen que ver no solamente con que
se respeten tu propiedad o tus derechos
civiles, sino con que la sociedad
acepte y proteja derechos básicos escasamente
reconocidos hoy, en un
mundo donde el hambre, la pobreza,
la desigualdad y la opresión siguen
estando tan presentes.

Abrazar la causa de los derechos
humanos significa, simplemente,
ayudar a los que los necesitan bien
porque no los disfrutan o porque los
tienen gravemente cercenados. El
paso siguiente, comprometerse en
esa causa, resulta casi inevitable sin
necesidad de ampararse en definiciones
políticas previas.

El problema con la protección
de los derechos humanos es su dificultad
legal y económica. Hay
más de 300 documentos internacionales
y nacionales sobre protección
de derechos humanos.
Pero muchos no se cumplen, bien
por inacción de los Estados, bien
por ausencia de autoridad internacional
ejecutiva o, en la mayoría
de los casos, por falta de dinero.

Por señalar un sólo ejemplo, los
niños. Aunque existe una Agencia
Internacional, Unicef, para su atención,
más de 25.000 niños menores
de cinco años mueren al día por desnutrición,
falta de agua potable, malaria.
Los estudios socioeconómicos
ponen de relieve la relación de esta
tragedia con problemas estructurales
de la comunidad internacional
que todavía no tiene medios para enfrentarse
eficazmente con estos agujeros
negros del progreso.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto