Una respuesta de parte de los colectivos sociales de migrantes y de apoyo a migrantes a la oleada de agresiones por parte de la Policía Municipal a trabajadores de la manta en el centro de Madrid.
El 18 de octubre fuimos testigos de un ejercicio de dignidad por parte de 39 internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE): pedían libertad desde lo alto de la azotea de ese opaco agujero de derechos humanos. Las condiciones de esos Centros, deplorables y arbitrarias, hablan por sí mismas. Estos mismos internos han declarado que la Policía Nacional, responsable del funcionamiento en el interior del CIE, les golpearon al igual que a otros internos, una vez finalizado el suceso. Varias organizaciones ya han presentado denuncias en la jurisdicción penal por estos hechos.
Lo sucedido en este CIE, así como las diversas reacciones ante los hechos, han visibilizado la violencia institucionalizada y racista existente entre las autoridades que, sin embargo, no se restringe a ámbitos de competencia nacional.
Efectivamente, en este contexto de racismo institucionalizado en los últimos meses los vendedores ambulantes extranjeros de Madrid se quejan de actuaciones cada vez más violentas por parte de la Policía Municipal. Personas que han tenido que hacer de la venta ambulante, bien en mantas o con unas latas de cerveza, su modo de sobrevivir, explican que desde finales de verano han sufrido varias agresiones graves. Todas ellas generalmente en el centro de la ciudad: Sol, Tribunal, Gran Vía..., lugares habituales de venta cada vez más hostiles, donde se hace cada vez más difícil vender.
Ante estas situaciones desde los colectivos sociales como la Asociación de Sin Papeles, Valiente Bangla, Red Interlavapiés o Coordinadora de Barrios se trabaja por la autoorganización y por sacar a la luz estos abusos. De hecho para que no caiga en la impunidad se trabaja para dejar constancia y se recogen testimonios.
Se trata de una violencia no visibilizada, que ocurre contra un colectivo criminalizado y que, exceptuando casos como el del Sindicato Mantero de Barcelona, apenas tiene cabida en el discurso público. Desde este silenciamiento, la violencia se ejerce con mayor impunidad, como si los hechos ocurrieran para mantener la seguridad y no fueran un abuso racista de las fuerzas de orden público.
Empujones, golpes con la cabeza contra el suelo, puñetazos en las costillas y en la espalda, porrazos, incluso un golpe con una moto. Todo ello en plena calle y delante de otras personas. Esta misma semana han sido dos las agresiones. Si alguien trata de ayudar se agita la Ley Mordaza como varita mágica que deja claro donde “reside la violencia legítima del Estado”.
Las agresiones amedrentan: hay miedo a denunciar, a ir al médico o a perder los papeles de residencia. Hay temor incluso entre los que ejercen la venta ambulante y tienen papeles, y es que hay gente que tiene que volver a la calle para buscar cómo sobrevivir dentro de un sistema injusto y económicamente depredador que niega la posibilidad de encontrar un trabajo con contrato.
Ante los hechos sucedidos en el CIE de Aluche, el Ayuntamiento ha mostrado una disponibilidad negociadora y constructiva. En estos momentos trabajamos y esperamos que se replique en este ámbito.
"Ninguna persona es ilegal" no es una consigna que sólo hace referencia a la documentación migratoria. Es una declaración plena de que ninguna persona puede ser colocada en espacios de impunidad y violencia, y de que ninguna denuncia a agresiones puede ser ignorada o valorada según la nacionalidad o color de piel de quien la formula. No a la agresiones, no a la violencia.
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