El difícil camino de la vieja a la nueva institucionalidad

Queda tiempo todavía por delante, esperemos, para dar pasos adelante hacia una nueva institucionalidad que vaya acercándonos a la conquista del “derecho a la ciudad”.

, profesor de Ciencia Política en la UNED y redactor en la revista ‘Viento Sur’
28/04/16 · 20:00
Acto 'Ahora en Común' en Madrid en mayo de 2015. / Álvaro Minguito.

No es fácil ofrecer una valoración global de las experiencias vividas en los 'ayuntamientos del cambio' durante su primer año, dada la diversidad de situaciones con las que se han ido encontrando y los pactos a los que han tenido que llegar para poder estar gobernando. Aun así, recordemos la enorme alegría que pudimos compartir en la noche electoral por haber escrito una nueva página en nuestra historia –¡comenzaba la “revolución democrática”!, anunció Ada Colau–. Pronto, sin embargo, y sin un solo día de tregua los derrotados en las urnas se fueron apoyando en el marco legal, institucional y mediático hostil para ir marcando los límites al desarrollo de los programas de las candidaturas de unidad popular.

¿Deben los nuevos ayuntamientos dejarse marcar la agenda por los dueños de los medios de comunicación o han de mantener su propia agenda?

Con todo, estas candidaturas, sobre todo en las grandes y medianas ciudades, se han esforzado por coordinarse e ir diseñando una agenda propia. Sirvan de ejemplo las primeras medidas de lucha contra la pobreza, las iniciativas de transparencia y de participación ciudadana –aunque en algunos casos de signo más plebiscitario que deliberativo y decisorio–, las medidas simbólicas relacionadas con la 'memoria histórica', la denuncia de la criminal política de refugio y asilo de la Europa fortaleza o, recientemente, el encuentro de un alto número de ayuntamientos contra el TTIP. Muy pronto también han tenido que afrontar las tensiones relacionadas con la gestión cotidiana de sus competencias en un marco presupuestario restrictivo –y, en muchos casos, con una herencia de despilfarro y endeudamiento enormes–, así como con las diferencias en su seno en torno a cómo responder frente al acoso permanente de la oposición política, económica y mediática, como ha ocurrido en Madrid con la campaña contra Guillermo Zapata o las detenciones de los titiriteros. El estallido de protestas sociales ha obligado, además, a los nuevos ayuntamientos a tomar partido, unas veces a favor pero otras, como en la huelga del Metro de Barcelona, con actitudes y argumentos que han generado desconcierto entre parte de su propio electorado.

Nada de esto es nuevo. Nos encontramos ante viejos problemas con los que ya en el pasado tropezaron fuerzas políticas que, con mayor o menor convicción, aspiraron a una transformación democrática y social desde el poder local y que finalmente, como ocurrió en la 'Transición', acabaron resolviéndolos mal. Ahora, los desafíos se podrían formular así: a la vista de los obstáculos surgidos, ¿habrá que limitarse a la mera gestión austeritaria dentro del marco cada vez más estrecho de 'lo posible', compensándola con cierto radicalismo simbólico?; o, por el contrario, ¿deberán subordinar esa labor a la coherencia con el programa que llevó a esas candidaturas al gobierno y apelar a la movilización ciudadana para hacer frente a las viejas coaliciones de intereses especulativos y clientelares en cuestiones como la remunicipalización de servicios o el pago de la deuda? ¿Deben los nuevos ayuntamientos dejarse marcar la agenda por los medios de comunicación –y sus dueños– e ir cediendo a sus presiones o, al contrario, han de mantener su propia agenda apostando por un municipalismo democratizador y generador de nuevas prácticas instituyentes que ayuden a ir forjando un bloque por el cambio constituyente a escalas superiores? Es posible que haya 'terceras vías' entre ambos caminos alternativos pero me temo, como ocurrió también en el pasado, que esa búsqueda de difíciles equilibrios no sirva para evitar el 'desencanto' popular y, sobre todo, para impedir una futura recuperación del gobierno –el poder lo siguen teniendo los de siempre– por los partidos del régimen.

Queda tiempo todavía por delante para ir respondiendo a estas preguntas y, esperemos, para dar pasos adelante hacia una nueva institucionalidad que vaya acercándonos a la conquista del “derecho a la ciudad”, entendido, con David Harvey, como un “derecho a reconstruir y recrear la ciudad” al servicio de la sostenibilidad de una vida digna, en común y con derechos.

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