Texto de Antonio Hernández Ortiz y Lorenzo Casellas López, respectivamente, técnico de Participación en el Ayuntamiento Peligros y consultor de organizaciones públicas y sociales

Entendemos que los llamados Ayuntamientos por el cambio abogan por un modelo más justo de relación entre administración y ciudadanía, orientado hacia la transparencia, el diálogo directo y la reducción de desigualdades, desde el que impulsar un desarrollo local definido colectivamente. Y nos referiremos, por tanto, a la participación ciudadana en la cosa pública, no a cualquier tipo de participación de la ciudadanía.

Por razones éticas –no queremos engañar– y por razones prácticas –queremos una participación útil– cabría plantearse dos preguntas: ¿Hasta dónde creemos realmente en este modelo? Y ¿hasta dónde queremos llegar con él? Responderlas nos ayudará a evitar experiencias de fracaso que se sumen al argumentario de quienes menosprecian la capacidad transformadora de la participación y cuestionan su legitimidad.

¿Hasta qué punto creemos que una parte del poder otorgado a los cargos electos debe ser devuelto a la
ciudadanía?

La primera pregunta podría formularse así con más precisión: ¿Hasta qué punto creemos que una parte del poder otorgado por el sistema legal a los cargos electos debe ser devuelto al conjunto de la ciudadanía? Responderla exige, al menos, cuatro consideraciones. ¿Aspiramos a que nuestras decisiones como electos sean más justas –en el sentido expuesto más arriba– o sólo a legitimar nuestras decisiones con el respaldo de procesos participativos? –sobre esto ya nos advirtió Sherry Arnstein en los '60–. ¿Estamos dispuestos a asumir que 'el conjunto de la ciudadanía' no tiene por qué coincidir con nuestras ideas y que las conclusiones de un determinado proceso participativo podrían no estar alineadas con nuestro proyecto político? ¿Asumimos que 'el conjunto de la ciudadanía' difícilmente va a participar en nuestros procesos participativos? –'El conjunto de la ciudadanía' no es lo mismo que el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que participan en un proceso participativo–. ¿Aceptamos las consecuencias de que algunas personas que participarán en los procesos participativos no son representantes de nadie, mientras que los electos –concejales y concejalas– han sido elegidos en una votación a la que sí ha sido convocado 'el conjunto de la ciudadanía'?

Quienes se oponen a estas fórmulas de participación pueden plantear objeciones a partir de estas consideraciones. A continuación exponemos tres argumentos para refutarlas.

Uno. Aunque un proceso participativo convocará con toda probabilidad a menos personas que unas elecciones, tampoco el resultado de éstas es la expresión de 'el conjunto de la ciudadanía': al menos quedan fuera quienes se abstienen y quienes no tienen derecho a votar aunque sí a trabajar. En Madrid, por ejemplo, la suma de personas que se abstuvieron en las últimas elecciones, personas entre 16 y 18 años y personas extranjeras no comunitarias se acerca al 38% de la población mayor de 16 años. Frente a esto, una de las virtudes de los procesos participativos es que pueden dar voz a los sin voz.

Dos. Los procesos participativos responden a la dimensión dialógica de la democracia, que promueve la deliberación y el diálogo igualitario entre las partes interesadas y que no pretende sustituir sino complementar a sus otras dos dimensiones: la representativa y la directa. Fernando Pindado nos ha recordado en repetidas ocasiones que “la democracia es un único sistema que necesita para su eficaz realización de esas tres dimensiones”. Será todo un desafío articular coherentemente el diálogo con la ciudadanía que vota a opciones políticas diferentes de las nuestras y el diálogo con quienes estas personas han elegido como representantes.

Tres. Los procesos participativos permiten aprovechar mejor el conocimiento de toda la ciudadanía, ofreciendo la posibilidad de que todas las buenas ideas puedan ser tenidas en cuenta: provengan de un colectivo altamente representativo o de una sola persona.

La voluntad política de asumir las conclusiones de un proceso participativo debe concretarse en el compromiso
de trasladarlas a los órganos de decisión formales

La segunda pregunta que consideramos necesaria -¿hasta dónde queremos llegar?- debería ser respondida desde el diálogo entre el deseo –guiado ideológica y políticamente– y la posibilidad –de hacer en un determinado momento y contexto–. El ajuste entre deseo y posibilidad –fundamental para generar experiencias de éxito– debería atender al menos a cinco factores.

El primer factor es el alcance y las reglas del juego. Un proceso participativo debe establecer con claridad –desde su ideación– qué y cuánto abarca y cómo se realizará. El qué debería incluir asuntos relevantes para la ciudadanía y, de forma prioritaria, orientados a la reducción de desigualdades –nos lo recuerda el informe de Oxfam: Participación ciudadana y desigualdad–. Será preciso explicitar en qué sí se puede trabajar y en qué no y argumentarlo, asumiendo el riesgo de explicar que se trata de un proceso creciente y acumulativo en el que serán los avances en capacitación y en organización los que permitirán aumentar paulatinamente su alcance con garantías de participación real. Unas reglas del juego dialogadas desde el inicio entre todas las partes interesadas –personal técnico, cargos políticos y ciudadanía– contribuirán a legitimar los procesos.

El segundo factor a tener en cuenta son los recursos. La participación a gran escala requiere personal cualificado, tiempo y mecanismos de comunicación y participación ajustados al territorio. La participación no se puede tratar presupuestariamente como una cuestión menor si la consideramos uno de los ejes fundamentales de la política municipal.

Otro factor que requiere atención son las formas de participar. El acceso igualitario a los procesos participativos se garantiza mejor si se combinan mecanismos que permitan aportaciones individuales y de colectivos organizados y aportaciones realizadas 'digitalmente' –a través de Internet y las redes sociales– con aportaciones 'analógicas' –a través de espacios de encuentro y diálogo presenciales–.

El cuarto factor relevantes es el carácter vinculante. En puridad legal, las decisiones que corresponden a un Ayuntamiento las toman los electos, bien en el pleno, bien en el equipo de gobierno. La voluntad política de asumir las conclusiones de un proceso participativo debe concretarse en el compromiso, también político, de trasladarlas a los órganos de decisión formales. Joan Subirats apuntaba recientemente que "como gestores democráticamente elegidos podemos asumir el compromiso de presentar esas decisiones, tomadas en otros escenarios y contextos, como propias y legítimas".

Si dotamos los procesos de mecanismos de seguimiento y transparencia, si realmente implicamos a la población, es improbable que, pese a las limitaciones legales, un pleno se oponga a las demandas de la ciudadanía. Nuestra experiencia desde 2012 en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Peligros es que con minoría en el pleno las propuestas han salido adelante, en ocasiones con el apoyo directo del resto de los grupos y en ocasiones con la abstención de alguno de ellos.

El último factor a ponderar es la acumulación de conocimiento. La participación debe dar lugar a procesos pedagógicos que favorezcan el incremento de su alcance: sólo en la medida en que la ciudadanía vea resultados acordes con sus propuestas será posible afianzar comportamientos participativos. El equipo de Joan Font ha analizado recientemente 39 procesos participativos de Andalucía, Cataluña y Madrid y ha comprobado que más de dos tercios de las propuestas surgidas de ellos se han ejecutado. En el caso de Peligros, se han implementado prácticamente el 100% de las propuestas aprobadas en los presupuestos participativos.

En en este sentido nos sumamos a las recientes recomendaciones del profesor Villasante en Diagonal: "aprender de las experiencias de otros municipios que ya han hecho políticas alternativas, de colectivos que tienen experiencia, de los movimientos sociales.." y tener en cuenta que "hay sistemas muy probados y con muchos años de experiencia para tomar decisiones y construir prioridades desde colectivos de base".