Argucias de la razón populista

La teoría de la participación ciudadana nos encandiló y quizás por ello sospechamos que las prácticas resultaran, en su inmensa mayoría, fraudulentas. Esto lo intuimos desde un principio, cuando el Banco Mundial se ocupó de propagar mediante ingentes informes y programas, la participación ciudadana para “mejorar la gobernabilidad en los países en vías de desarrollo”.

, Sociólogo, autor de 'Matar al chino: entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el Raval de Barcelona'
16/02/16 · 18:38
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La teoría de la participación ciudadana nos encandiló y quizás por ello sospechamos que las prácticas resultaran, en su inmensa mayoría, fraudulentas. Esto lo intuimos desde un principio, cuando el Banco Mundial se ocupó de propagar mediante ingentes informes y programas, la participación ciudadana para “mejorar la gobernabilidad en los países en vías de desarrollo”.

Las críticas a la participación elaboradas sobre casos concretos en Barcelona son numerosas y están bien contrastadas. Se han centrado en la pirueta semántica de la participación ciudadana. De la misma y orwelliana manera que el Ministerio de Defensa se ocupa de propagar guerras allá donde no las haya, la participación institucionalizada se ocupa de desactivar la movilización popular allí donde se produzca. Esto es lo que hemos aprendido de la participación en Barcelona, especialmente en lugares tan deseados por el gran capital como puede ser Ciutat Vella.

Si a simple vista se pudo pensar que era una herramienta de delegación de la democracia representativa en una más directa, ya sabemos que, en los casos significativos, nunca fue así. La participación ciudadana ha acumulado al menos tres grandes conjuntos de críticas: la relativa a su papel de señuelo de los vecinos, la de ser un instrumento de grupos de poder y la de legitimar intervenciones impopulares convirtiéndose así en verdaderos contramovimientos sociales. Los efectos de esta participación han sido una canalización del entusiasmo colectivo hacia intereses particulares o de gobierno, y la neutralización e incluso criminalización de la disidencia. Todo ello salpicado por la tendencia intrínseca de estos procesos a la burocratización e institucionalización, es decir, a la totalización de la política.

Lo que nos interesa indagar ahora es la esperada conversión de esta trampa de la concertación en manos de la ‘antigua política’ en un instrumento de ‘empoderamiento de la ciudadanía’, tal y como propagan los llamados ‘gobiernos del cambio’ en Barcelona o Madrid.

La economía del orden urbano requiere canalizar el entusiasmo tanto como la indignación, precisamente para desactivar la potencia impugnadora del antagonismo. Tenemos el conocimiento de primera mano de los llamados procesos participativos en Barcelona así como de los diseñados pero no practicados en el gobierno de la Revolución Ciudadana de Ecuador. Allí donde la participación ciudadana se enarbola, la soberanía popular medra.

El problema de la participación ciudadana es su voluntad de tutelar el malestar popular. Los nuevos gobiernos del cambio no pueden hacer gran cosa con la participación ciudadana, puesto que en ella habita el desprecio sistemático, constitutivo hacia los gobernados, su voluntad de instrumentalizar y convertirlos en capital social, en cautivos y subordinados de los deseos del sueño populista del gobierno del ‘pueblo’ sin el ‘pueblo’.

Se trata de la clásica inclusión del otro sin el otro, de la manipulación del mundo de los posibles y de la atribución de poderes sobrenaturales a los elegidos. El pueblo lleva al poder, y ahí queda el populismo; engaños, falsas expectativas, actitud antisistémica, lenguaje anti élite, casi cualquier cosa es válida para alcanzar los resortes del Estado con los que se aspira a transformar radicalmente la sociedad, a llevar a cabo una segunda Transición. La participación antes y ahora, por su condición estructural de artefacto diseñado y practicado para la gobernabilidad, establece los temas, los límites, el método, los participantes… y no ofrece nada a cambio para el pueblo; sí para los que se erigen en portavoces del pueblo, de la ciudadanía, de los vecinos. Poco pero algo.

La soberanía popular medra allí donde la participación ciudadana se enarbola

Tuvimos que aterrizar en Ecuador para comprobar dos caras de la participación: la popular y la ciudadana. La anterior a la Revolución, desde abajo, impugnadora, abierta, transversal, autónoma. Esta participación vivió sus años dorados con el gobierno municipal de Cotacachi  mediado por el alcalde indigenista Auki Tikua­ña, referente de la participación y del presupuesto participativo en todo el mundo. Su fama llegó a superar incluso a la icónica ciudad brasileña de Porto Alegre, estableciendo el 100% del presupuesto participativo. La Revolución Ciudadana de Rafael Correa otorgó formalmente una importancia sin precedentes a la participación en la Constitución de Mon­tecristi de 2008. Siete años después, comprobamos cómo la institucionalización y burocratización había conseguido convertir la participación en un espantajo. Las quejas desde entonces hasta la actualidad se han centrado precisamente en la falta de participación e incluso en su ridiculización por parte del mismo presidente.

La relevancia institucional que se le otorgó a la participación se convirtió en un arma de doble filo. Consi­guió atraer a votantes de la izquierda indígena y radical que fueron los que participaron del proceso de redacción de la función de Participación. Pero tuvo consecuencias mucho más graves: la cooptación de sus líderes y el alentar la confrontación entre movimientos populares desgastados por el ciclo de luchas. De hecho, lo peor de todo fue que la participación se convirtió en el gran ardid contra estas organizaciones populares. A partir de la nueva Constitución, la movilización crítica en Ecuador devino traición e irresponsabilidad. Allí estaban los canales de la participación obturados, manipulados, menospreciados y desubstancializados.

El populismo, su razón de ser, no deja a nadie indiferente. Los tertulianos de la derecha recalcitrante pretenden deslegitimar a los ‘nuevos partidos’ acusándolos de querer convertirse en lo que ellos ya son: acróbatas de la política de papel y de titular, es decir populistas en su sentido más amplio. Los podemitas reivindican a Laclau y Mouffe y su razón populista obviando –o no– el riesgo implícito de producir amplias mayorías a costa de discursos meditados para todos los gustos y lo que es más inquietante, a la construcción de un liderazgo carismático que tradicionalmente se vuelve contra la estrategia de emancipación colectiva.

Hoy nos encontramos en Bar­celo­na y en Madrid ante una oportunidad de oro para materializar las esperanzas que surgieron de las plazas y han llegado a los gobiernos de las ciudades más importantes del Esta­do.

En este cambio la llamada participación ciudadana debe ponerse, no al servicio de la gobernabilidad, sino de la crítica y de la agitación por un lado. Por el otro, se debe contemplar a los implicados en un proceso de participación, no como cuerpos a través de los cuales imponer los criterios de los técnicos, expertos o gobernantes. Se debe proveer de instrumentos clave que, descubriendo la perogrullada, son la vinculación de las decisiones tomadas en asambleas vecinales con transformaciones estructurales, así como recursos materiales que liberen y permitan a la mayor cantidad de gente posible involucrarse en ellos.

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