Los mitos sobre los que se ha sustentado el Régimen de 1978 llevan años derrumbándose. Al calor del 15M, de las mareas, de las Marchas por la Dignidad, de la movilización permanente y de la irrupción política de distintas fuerzas de nuevo cuño y formas diversas, las costuras del ya viejo sistema van reventando en distintos escenarios, que cobran una complejidad creciente.

El cuestionamiento público de realidades e instituciones otrora intocables –Corona, unidad de España, Constitución del 78–, se reviste de normalidad y abre una brecha cada vez mayor en los cimientos del sistema. Los espacios privados y amurallados de la política 'real', como el Parlamento español, se han visto invadidos por la realidad que pasea por las calles y que desafía a su orden simplemente por estar y ser.

En este escenario complejo, la idea de proceso –o procesos– constituyentes planea de manera más o menos explícita como una –acaso la única– opción posible para seguir caminando hacia el cambio.

Frente a esta ­opción, y como intento de neutralización de la misma, los partidos regeneracionistas han optado por aceptar como mal menor la oportunidad de acometer una reforma de la Cons­titución española.

En este sentido aceptan la necesidad de una revisión de determinados aspectos, incluso fundamentales, de la Cons­titución, pero manteniendo el control del proceso de recambio en un parlamento que, al menos aritméticamente y como ha demostrado la votación de la mesa del Congreso, sigue siendo dominado por la gran coalición ahora tripartita.

No hay reforma constitucional de carácter garantista posible ya que el reto trasciende el marco jurídico estatal

La opción por la reforma que plantea el bunker implica prolongar un texto constitucional que, si en algún momento admitió lecturas garantistas o interpretaciones en favor de los derechos de la gente, en la actualidad está agotado.

Tal agotamiento no sólo deriva de la reforma del artículo 135 de la Constituación, de la involución social por vía normativa que el PSOE y el PP han desarrollado a lo largo de su turnismo o de la más reciente labor jurisprudencial antiso­cial del Tribu­nal Constitucional.

Los problemas tienen mayor alcance: lo que hace imposible que la Constitu­ción del 78 permita que las mayorías sociales tengan vidas dignas es su incapacidad para resistir frente a los dictados de la UE y la carencia de instrumentos de participación popular que permitan a la ciudadanía un control, siquiera indirecto, sobre las competencias cedidas a la UE o que pretendan cederse a otras formas de integración económica como el TTIP, el CETA o el TISA.

Ninguna de las propuestas de reforma que se han anunciado hasta el momento plantea con sinceridad la cuestión de las relaciones con la UE. Ninguno de los actores de la posible gran coalición ha admitido que el vaciamiento de las competencias estatales para ceder espacios al ámbito supranacional, dominado por los poderes financieros, se ha acentuado hasta tal punto que en el marco actual es imposible realizar políticas sociales que se salgan del guion de la austeridad. Como si lo ocurrido en Grecia fuera un castigo a un mal estudiante en lugar de la dinámica de ocupación antidemocrática con la que la Unión Europea pretende dominar a los díscolos.

No hay reforma constitucional de carácter garantista posible en la ­actualidad porque el reto que se plantea trasciende el marco jurídico estatal y el marco de la política parlamentaria.

En este sentido, la apuesta constituyente cobra sentido como única vía posible en tanto la misma supone y requiere la acumulación de fuerza social mediante la profundización de un amplio proceso de movilización, de empoderamiento de los comunes, de los movimientos o colectivos y de toma consciente de la palabra por parte de las mayorías sociales, dentro y fuera del parlamento.

Sólo si la política institucional estatal se acompaña de un desborde democrático popular parece posible la re-construcción de espacios supranacionales contra la austeridad porque ambos grilletes –el que nos impone el Régimen del 78 y el que mantiene la Unión Europea– se apuntalan y retroalimentan.

El proceso o los procesos constituyentes en el ámbito estatal necesitan un Plan B para Europa y éste no acontecerá si no se desbordan en el ámbito nacional las políticas de sumisión a los dictados antisociales de la Unión Europea.