Al más tradicional estilo cañí, Aguirre y Villacís se han lanzado a suplicar al millonario chino que no nos abandone. Cambiarían todas las leyes urbanísticas y fiscales, bien lo sabe dios, destruirían ellas mismas el Edificio España si fuera necesario. La postura de Aguirre entra dentro de lo esperable, al fin y al al cabo, ya estuvo dispuesta a convertir el norte de Alcorcón en un megacasino y no reparó en gastos ni humillaciones ante Mr. Adelson. Lo de Ciudadanos sorprende menos después de que votaran a favor de derogar en la Asamblea regional la limitación de construir más de tres alturas para desbloquear operaciones especulativas, tales como Mahou-Calderón o Chamartín, con problemas judiciales precisamente por esta limitación.

Cabría preguntarles en cualquier caso si de verdad no han aprendido nada de la burbuja inmobiliaria y del sistema económico asociado, aquel que es obvia causa de la crisis económica que afrontamos desde hace ocho años. ¡Que no decaiga la inversión inmobiliaria! ¡Hoteles y pisos de lujo nos sacarán de ésta! ¿De verdad? ¿Otra vez? ¿Después de tres candidaturas olímpicas y un Eurovegas seguimos con ese rollo?

¿Después de tres candidaturas olímpicas y un Eurovegas seguimos con ese rollo?

Ya conocemos los efectos de este tipo de inversiones inmobiliarias: empleo temporal –en la construcción– y de mala calidad –en la hostelería– sin beneficios para la ciudad –los hoteles y  pisos son de lujo, para unos pocos privilegiados–, si no negativos –pérdida de un edificio histórico–, y enormes réditos para un grupo extranjero –que no sabemos dónde paga impuestos– y, al menos antes, para el partido y/o intermediario que lo hiciera posible. Esto si no era necesario cambiar leyes a gusto del inversor, como se hizo con Eurovegas, en una competición a la baja donde lo que está en venta es nuestra ciudad y nuestra dignidad. Leyes que terminan produciendo efectos negativos más allá del caso para el que fueron modificadas ad hoc.

Que sea posible oír estos discursos pro-inversión inmobiliaria a cualquier precio sin que se abra el cielo o caiga un rayo, sin que les tiemble el pulso ni se pongan rojas como amapolas, muestra en qué poca consideración nos tienen nuestras queridas representantes. Confían demasiado en que prometiendo empleo basura se nos vaya a olvidar lo que venimos sufriendo desde hace ocho años. Demasiado pronto, listillas.

En el fragor de la batalla del Edificio España –aún no sabemos si es órdago o farol la retirada de Wanda–, con una brutal presión mediática sobre el equipo de gobierno y pese a la posición mantenida por éste de no permitir la demolición total del edificio, el Ayuntamiento no logra sustraerse del marco discursivo del enemigo: el discurso falaz sobre la inversión y el empleo. Así, se afirma que se hará "todo lo posible" por que no se vaya Wanda, o se reparte la "culpa" de no permitir la demolición de la fachada con la Comunidad de Madrid –por el dictamen de la Comisión de Patrimonio, controlada por el PP–, como si la protección del patrimonio histórico o el respeto a la legalidad urbanística fueran algo negativo, un incordio o un freno a esa inversión milagrosa que nos sacará de pobres.

Ahora Madrid y las operaciones especulativas

El gobierno municipal de Ahora Madrid no acaba de decidirse por una defensa clara del interés general en materia urbanística frente a los poderosos intereses privados, por una nítida ruptura con la administración Gallardón-Botella. Padece un cierto acomplejamiento frente al discurso mediático que les acusa de "espantar a los inversores" –alguien debería explicarles que el apaciguamiento y las medias tintas no funcionan con la especulación inmobiliaria, sólo la firmeza política desactiva las expectativas–. El olvido de las promesas del programa electoral y del Pacto contra la Especulación por parte del Área de Desarrollo Urbano Sostenible –paralizaciones y auditorías que de momento nadie ha visto–.

La negativa a enterrar definitivamente la Operación Mahou-Calderón –de la que se afirma en público que "no gusta" pero a la que sin embargo se sigue defendiendo tenazmente en los tribunales–. El cambiante discurso sobre la Operación Chamartín eludiendo la cuestión central que supone el lucro privado con unos terrenos públicos –para no enfrentarse abiertamente al BBVA multiplican las mesas y mesitas de 'participación', mareando al personal–. El olvido absoluto de la promesa de liquidar el megalómano y alucinado Desarrollo del Este –una nueva generación de PAUs con cerca de 90.000 viviendas– o la ambigüedad respecto a la Operación Campamento y la protección del demandado Corredor Ecológico –bastaría una declaración clara del Ayuntamiento para desbaratar la posible venta de los terrenos por parte del Ministerio de Defensa–; pasando por el caso aparentemente menor de la demolición del TPA de Chamberí para levantar viviendas de lujo, destruyendo un edificio histórico y permitiendo la monetización de las cesiones, lo que priva al distrito del suelo para los necesarios equipamientos... Todos y cada uno de estos casos son síntoma de ese acomplejamiento e incapacidad para marcar la diferencia.

El gobierno municipal no acaba de decidirse por una defensa clara del interés general en materia urbanística

Precisamente la tormenta desatada con la aprobación del TPA, en contra de la voluntad de todo el tejido asociativo de Chamberí y del movimiento contra la especulación de toda la ciudad, de Ahora Madrid Chamberí y de la práctica totalidad de sus vocales vecinas, incluso con el voto en contra de seis concejales del propio grupo del gobierno –además de los nueve del PSOE–, parece que puede estar surtiendo ya su efecto en forma de un cierto viraje –al menos discursivo– del Área de Desarrollo Urbano Sostenible. Al endurecimiento evidente de las declaraciones sobre la Operación Chamartín –que ahora pasa a estar "muerta tal y como la conocemos"– se suma el abandono de la reforma de la Plaza de la Cebada, el portazo a las pretensiones de Florentino de relanzar la Operación Bernabéu –no se cederá suelo público al Club– y de manera muy significativa, la frenética gira por los distritos emprendida por José Manuel Calvo y su equipo para apaciguar los ánimos de las vocales vecinas y las bases de Ahora Madrid.

¿Significa ésto que se han caído del guindo y se han convencido de que estaban equivocados? Evidentemente no, aunque algo de ello pueda haber. Sencillamente se trata de que por fin ha hecho acto de presencia un tercer actor –aún incipiente y poco articulado– entre lo institucional y lo financiero-inmobiliario-mediático: el contrapoder social o ciudadano –eso sí, apoyado y amplificado por las posiciones institucionales 'rebeldes'–.

¿Quién gobierna Madrid?

Parece una pregunta tonta, y tiene dos respuestas aparentemente sencillas: el Ayuntamiento –para los que crean que acceder al gobierno es tomar el poder– o los poderes financieros e inmobiliarios –para el resto–. Sin embargo, falta un tercer invitado en esa dupla: el contrapoder social –"movimiento municipalista" lo llamábamos allá por 2014, en los comienzos de las candidaturas municipalistas–.

La irrupción real y plena de este tercer actor es condición sine qua non para que se produzcan verdaderas transformaciones de calado en nuestra ciudad. El notable impacto de una movilización relámpago y poco articulada –y por un asunto relativamente local– como la que se produjo con la aprobación del TPA, da una idea de la enorme potencia que adquiriría un movimiento municipalista más articulado y movilizado por unos objetivos compartidos.

Sería de agradecer que el gobierno municipal obedeciera a su programa y al sentido común construido desde el 15M, que dice que es necesario construir otro modelo económico más sostenible que el basado en la inversión inmobiliaria. Pero como siempre, tendrá que ser la gente quien se lo recuerde y se lo exija. Y es que, visto lo visto, sin un movimiento capaz de presionar a las instituciones –por muy amigas que digan ser de la ciudadanía–, éstas acabarán reproduciendo las inercias de siempre. Burbuja nunca más, señora Carmena.