Acto I (3 de septiembre de 2014)

Tras confirmarse que Podemos no se presenta a las elecciones municipales, se convoca una cita para tantear la posibilidad de organizar una candidatura municipalista en Iruñea. El éxito de la convocatoria es limitado: el entorno activista no se siente interpelado —con excepciones— y el eco entre sectores de nueva politización y ciudadanía en general es escaso. Los plazos son muy justos y las dudas sobre la viabilidad del proyecto son totales.

Dos singularidades del territorio dificultan la iniciativa. Por un lado, el deterioro de los indicadores socioeconómicos y la destrucción del estado de bienestar es menor que en el resto del Reino de España debido, esencialmente, a la estructura del tejido productivo y a la correlación de fuerzas entre Capital y Trabajo. Por otro lado, la onda larga del capitalismo hispánico ha impuesto el relato del Régimen de 1978 en los sectores centrales del cuerpo social... pero no ha subordinado, en términos de hegemonía, todas las anomalías de la Zona Especial Norte.

Acto II (21 de marzo de 2015)

En septiembre de 2013, Miren Peña, vecina de Antsoain (municipio colindante con Pamplona) de 43 años y afiliada a LAB en la fábrica que la multinacional Faurecia tiene en Orkoien, es despedida junto a otras 10 trabajadoras. Ese día, los encargados acuden a las líneas de montaje y, de manera sorpresiva, convocan a las trabajadoras a los despachos de la dirección, entregándoles cartas de despido, y obligándolas a abandonar las instalaciones de inmediato tras años de trabajo. Sus despidos ejemplarizantes provocan una huelga indefinida que la empresa revienta con amenazas, recortes laborales... y la colaboración de UGT.

Año y medio largo después, al borde de la exclusión social y tras meses intentando negociar una reestructuración de su hipoteca, la Caja Laboral Kutxa del Grupo Mondragón deniega a Miren Peña el "código de buenas prácticas". Al día siguiente, se quita la vida y las protestas posteriores (comunicados, concentraciones y manifestaciones) transcurren sin alteraciones de la paz social.

Pocas veces como ésta un evento ha sido tan singular, performativo y metáfora general de la relación entre clases en la ciudad: la contradicción principal expresándose con cotas de violencia empresarial e inmobiliaria ensordecedoras, el desamparo atroz del precariado... y, como música de fondo, la débil respuesta de los espacios sociales y las estructuras sindicales.

Acto III (27 de mayo de 2015)

La agrupación de electores Aranzadi – Pamplona en Común, respaldada por Equo y Podemos, obtiene 9.701 votos (9,5% de las papeletas) y tres concejales en las elecciones locales, sobre un total de 27.

Cabe destacar, entre los hitos del proceso, la decisión de blindar el carácter ciudadano de la iniciativa con la fórmula jurídica de la agrupación de electores tomada en diciembre; los talleres y plenarios de las jornadas municipalistas de febrero; la elaboración de un código ético que establece 14 salarios de 1.474€ netos, protocolos de transparencia, regímenes de incompatibilidades o mecanismos de revocación sencillos y diáfanos; el respaldo de las bases de Podemos conseguido —por escaso margen— frente a un partido instrumental a principios de abril; los 4.600 avales logrados en la segunda quincena del mismo mes; las primarias abiertas; o los 18.000€ meteóricamente recogidos a través de donaciones para sufragar la campaña.

Acto IV (13 de junio de 2015)

Joseba Asiron, de Bildu, es elegido alcalde con los votos de su grupo y con el apoyo de Geroa Bai (coalición liderada por el PNV), Izquierda-Ezkerra y Aranzadi – Pamplona en Común; un total de 14 sobre 27.

Aranzadi entra al gobierno municipal (asumiendo Participación ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social y Ecología urbana y movilidad sostenible) junto con Izquierda-Ezkerra (que se encarga de Bienestar Social) mientras Geroa Bai se descuelga para tener las manos libres en el Gobierno de Navarra.

Durante los 100 primeros días, el Ayuntamiento no anuncia ni una sola medida que tenga consecuencias prácticas, rápidas y contundentes de cara a los sectores sociales más golpeados por la crisis

Durante los 100 primeros días, el Ayuntamiento no anuncia ni una sola medida que tenga consecuencias prácticas, rápidas y contundentes de cara a los sectores sociales más golpeados por la crisis. En otro orden de cosas, los presupuestos no contemplan remunicipalizaciones (con alguna excepción) o prácticas de desobediencia institucional.

Acto V (9 de octubre de 2015)

Los impulsores de una candidatura ciudadana en Navarra para las elecciones generales dan cuenta de su fracaso en una rueda de prensa. No ha sido posible a pesar de unir a dos iniciativas previas; de elaborar un manifiesto consensuado; o de recoger el apoyo de EH Bildu, Equo, Aranzadi, 14 candidaturas municipales y 64 concejales de 29 candidaturas.

El diseño de un proceso participativo y transparente (garantizado por la recogida de avales o las primarias abiertas) no es suficiente para que Izquierda-Ezkerra y Podemos le den su apoyo aunque, lo que dos meses de reuniones y frenética actividad no han logrado, se hace realidad en la lista unitaria al Senado, vieja política mediante: acuerdos de despacho, confluencia con Bildu, ausencia de primarias, escasa transparencia, poca participación de las bases... y un sillón de regalo para el PNV en la Cámara Baja.

Acto VI (5 de noviembre de 2015)

Iruñea es declarada ciudad libre de desahucios. Entre los catorce puntos de la moción (elaborada a partir de las peticiones de la PAH de Pamplona) se incluyen trámites para la creación de un parque de viviendas municipales, apelaciones al Gobierno Central, o deseos de colaboración con las entidades bancarias y el Gobierno de Navarra.

No se aprueba nada para cancelar, con carácter inmediato, la colaboración con una entidad bancaria que provoque un desahucio, aunque no se haya negociado con la inquilina y aunque el ayuntamiento no haya sido informado ("Este Ayuntamiento, dentro del marco legal, estudiará replantearse la colaboración").

Nada para ordenar a la policía municipal que no colabore en un desahucio de primera y única vivienda mientras no haya alternativa habitacional cuando haya orden judicial ("Este Ayuntamiento da orden de no colaboración a la policía municipal salvo que se actúe por orden judicial").

Nada para encarecer, específicamente, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías en propiedad de entidades bancarias (no digamos ya de aplicarlo a las viviendas vacías en propiedad de los particulares que conforman las clases medias–altas de la ciudad)... nada para desarrollar nuevos impuestos o nuevas normas, y eso a pesar de que es la capital de provincia del Estado español con la contribución urbana más barata y uno de los mercados de alquiler más prohibitivos.

Epílogo: no olvidar de dónde venimos

Las candidaturas municipalistas, como las mareas, las PAH, Podemos u otras expresiones del ciclo político que abre el 15M apelan, en primera instancia, al 30% que según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2015 cobra 14 pagas de menos de 890€ (clases precarias) y al siguiente 40% que cobra 14 pagas de entre 890€ y 1.440€ (clases medias en proceso de precarización); y, sólo en segunda instancia, al 30% restante que conforman las clases medias (tramos altos de la función pública, parte de las clases pasivas, sectores fordistas, cuadros del sector privado o pequeña burguesía).

Así las cosas, el municipalismo en Iruñea, como episodio de la energía precaria desencadenada hace cuatro años, operará bajo lógicas constituyentes interesantes mientras sea el reflejo de prácticas contrahegemónicas en calles y plazas pero tiene, hoy por hoy, varios límites difíciles de superar.

Primero, modificar su subordinación institucional a fuerzas electorales que ni son municipalistas ni consideran que el cambio social profundo sea prioritario.

Segundo, impulsar el debate en la densa y variada galaxia local de redes, organismos y movimientos sociales que dejaron de insertarse virtuosamente en los malestares sociales desde que se acoplaron a las distintas agendas políticas.

Tercero, activar la transferencia de recursos y legitimidades hacia los espacios de contrapoder democráticos y antagonistas que desarrollen los sectores de nueva politización y el precariado.

Llegados a este punto, y con un año largo de perspectiva, ¿en que medida Aranzadi – Pamplona en Común ha esbozado hipótesis interesantes en estos tres horizontes?

Habrá que concluir que muy modestamente... aunque quizás sea demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas.