Desde que aparecieron –hace ya más de un año– las apuestas electorales respaldadas por activistas de diversos movimientos sociales, se han producido multitud de debates sobre la relación que partidos como Podemos o las candidaturas municipalistas deben tener con esos movimientos.

A los ojos de las tesis que apuestan por una plena autonomía de lo político, que defienden que las apuestas institucionales deben estar desatadas de cualquier compromiso con las tradiciones movimentistas, esa relación debe tender a cero. Mientras que algunos sectores de los movimientos apostarían por la lógica inversa.

Con el rodaje de este tiempo, se ha demostrado que ninguna de las dos hipótesis podrá realizarse, ya que la mezcla de ambas dimensiones se ha hecho inevitable. Semejante baño de realidad no debería enclaustrar a unos ni a otros en posiciones enconadas. Ahora queda analizar el recorrido que queda por delante e ir ­testando, paso a paso, los límites y potencialidades que puede tener esta necesaria interdependencia.

Ambas esferas tienen papeles muy distintos, podríamos decir incluso antagónicos, en la medida en que sus campos de especialización y sus funciones deben permanecer en una constante tensión que incluye el control y la vigilancia, aunque sin renunciar en algunos momentos a la complementariedad. Lo más complejo del proceso será encajar esa contradicción.

Todas las tensiones señaladas encuentran en las candidaturas municipalistas su mejor campo de experimentación. La intención declarada por muchas de estas candidaturas de tener una relación directa con los diversos movimientos locales permite prefigurar tanto las posibles formas de relación como sus puntos de conflicto.

Mirándonos en el pasado sabemos que hay caminos que no se deben recorrer en esta difícil relación. Todas las apuestas, por ejemplo, todas las propuestas que subordinen o sometan las estrategias movimentistas a relaciones cliente­lares o de subalternidad, estarán condenadas a repetir errores del pasado. Al igual que cualquier fórmula que pretenda confundir la labor de las apuestas institucionales con las funciones propias de los movimientos sociales no hará sino mermar la capacidad creativa y organizativa de estas propuestas.

Sin embargo, al igual que durante todo el ciclo político actual hay que pedir respeto y reconocimiento a los movimientos sociales, también tendríamos que ser modestos y justos al acotar esos movimientos y reconocer que el reto al que nos enfrentó el 15M sigue sin resolverse.

Las plazas de mayo de 2011 nos pusieron ante un dilema ya clásico, la construcción de espacios organizativos de masas. Abordajes que por la escala y el nivel de la tarea de organizarnos en dimensiones sociales y políticas mayores nos obligan a salir de los reducidos espacios de comodidad en los que solemos movernos. Si algo demostraron las apuestas institucionales en los momentos de impasse del ciclo de movimiento fue que las preguntas lanzadas por el 15M seguían abiertas en un amplio espectro de la sociedad.

En consecuencia, las líneas movimentistas –o más claramente–, de organización política de amplios conjuntos sociales, deben asumir que el reto planteado desde los denominados asaltos institucionales abre una fase doblemente exigente en nuestra capacidad de generar discurso político, propuestas y, sobre todo, formas organizativas a la altura del momento. Tanto si se decide participar en estas apuestas institucionales como si no, sus resultados electorales se deben interpretar como un síntoma y una posibilidad para los movimientos, sin desdeñar todas las ambigüedades que podamos considerar.

Tan complejas o más serán a su vez las apuestas electorales, que deben entender que su supervivencia y la calidad de su trabajo dependerá del apoyo que den a modelos de organización social autónomos y fuertes. Únicos vectores de democratización capaces de crear contrapesos, concretos y apegados a dinámicas sociales vivas, como garantía de que lo político no vuelva a despegar los pies del suelo.