Recientemente ha cobrado predicamento la expresión 'Cultu­ra de la Transición' con referencia al paradigma cultural hegemónico de los últimos años. La decadencia que se le diagnostica es identificada con la crisis política del llamado Régimen de 1978. Tan interesante como polémico, este concepto adolece sin embargo de un enfoque culturalista que, si bien aspira a ser omnicomprensivo, deja algunas cuestiones en el aire. Como la del papel de las instituciones y, entre ellas, del aparato judicial.

Conviene tener presente que, en la Justicia, la herencia del franquismo queda acreditada por la tranquilidad que disfrutan aquellos de sus protagonistas que siguen vivos. La Ley de Amnistía introduce, según Bar­tolomé Clavero, un modelo jurídico aberrante donde las víctimas intercambian sus derechos por la impunidad de los victimarios. Este modelo perdura gracias a que el cambio constitucional no impidió una continuidad institucional con la dictadura, llegando sus efectos incluso al principio de la jurisdicción universal: se puede seguir creyendo que su mutilación se debe a las presiones del Gobierno chino o pensar que tal ‘poda’ tiene algo que ver con los problemas para juzgar los crímenes franquistas.

Siendo el de la magistratura un sector tradicionalmente conservador, cuesta explicarse algunas noticias que se han producido estos meses. He­mos visto a jueces fulminantemente inhabilitados –pese a lo dilatada que suele ser la administración judicial–, intrincadas disputas jurídicas entre un juez y un fiscal sobre la imputación de un miembro de la Casa Real, denuncias públicas de falta de medios –en las que se pone también de manifiesto que las leyes son un instrumento al servicio de las clases dirigentes–, plante de los jueces ante las reformas ministeriales, etc. Pero tal vez lo más llamativo es la resistencia del fiscal general a querellarse contra el presidente de la Generalitat catalana por la consulta del 9N, a despecho del partido gobernante.

Derecha malacostumbrada

La derecha española, malacostumbrada por su visión patrimonialista del poder, tiene un conflicto abierto con la Justicia. ­Ga­llardón, que se quemó defendiendo la que era una apuesta de Ra­joy, ha dejado patas arriba un ámbito acostumbrado a seguir las directrices ‘populares’, como cuando trató de torpedear la negociación entre el Ejecutivo de Zapatero y ETA. La imagen de su sucesor el día de la consulta catalana dando una desangelada rueda de prensa, con aquel micrófono negligentemente atado con celo, es un símbolo de lo mal que andan las cosas por el Ministerio de la calle San Bernardo.

¿Acelerará la crisis de la Justi­cia, notoria tanto en su situación económica como en las maltrechas relaciones con el Gobierno, la crisis del Régimen de 1978? Siendo principalmente la indignación de la judicatura un malestar corporativo, es probable que así sea mientras siga contribuyendo a alimentar el malestar social. Los datos del barómetro del CIS correspondientes al mes de octubre recogen que la principal preocupación de la población es una corrupción que la ciudadanía percibe como sistémica. En este sentido, que se redacten autos que consideran que el PP se ha lucrado con las diversas tramas descubiertas no contribuye precisamente a mejorar esa impresión general.

Tal vez, siglos después de que Montesquieu hablara de la división de poderes, la magistratura española considere que ha llegado el momento de conseguir una independencia efectiva, cayendo en la cuenta de que este marco político no es el más adecuado para hacerlo.