El independentismo no era hegemónico en Cuba hasta que España la lio. Arrestó arbitrariamente a un grupo de estudiantes de primer curso de medicina, les acusó de profanar la tumba de un egregio patriota español y, ñaca, en olor de patriotismo y estricto respeto a la legalidad, fusiló a ocho estudiantes, en su mayoría adolescentes. Aquel momento de brutalidad, de perder la olla, muy celebrado en la prensa española, que por fin veía como alguien ponía orden, de una vez por todas, en aquella región indisoluble de la nación española y bla-bla-blá, dibujó el instante en el que la sociedad cubana, una sociedad por lo demás amable, sin especiales estridencias esencialistas, decidió alejarse por piernas del esencialismo español. Y lo hizo.

Resulta difícil no hacer comparativas entre la gestión de la crisis cubana por parte del Gobierno de entonces y la gestión de la crisis catalana por parte del Gobierno de ahora. Como en Cuba, el Gobierno se niega a reconocer un problema que no aparece en el manual de instrucciones. Confunde una demanda ciudadana con un problema de orden público. Confunde ley, algo que existe hasta en Corea del Norte, con democracia. Confunde democracia con el desbarajuste legal que existe desde 2012. Y emplea todas sus energías en solucionar el problema nominalmente –“fusilo a ocho pavos y la gente se cuadrará”, “prohíbo una consulta y todo el mundo se callará”–, esa forma de solucionar los problemas que todo el mundo que ha tenido novio o novia cinco segundos sabe que sólo pita durante la primera semana. La prohibición de la consulta 2.0, de la parodia de consulta en la que, finalmente, se ha convertido el 9N, es, trasladado en el tiempo, el fusilamiento de los ocho estudiantes. Es arrojar toda la carga jurídica del Estado a un hecho civil, que nada tiene de jurídico. Es, en fin, no entender el sentido de la legalidad, ni de la situación. Es, incluso más, una idea de legalidad, glups, que da canguelo –si se puede prohibir esa consulta, es que se puede prohibir una despedida de solteros–, y una idea de la situación sumamente irreal.

El proceso gubernamental catalán estaba destinado al fracaso desde el principio. Era un bien de consumo interno

Igualmente, es difícil no establecer comparativas entre Cuba y Cata­lunya. A saber: el primer texto ‘indepe’ cubano y el primer texto ‘indepe’ catalán son obra de dos catalanes. La última opción de mantener una relación saludable con Cuba fue la propuesta de Constitución federalista de Pi i Margall, en la que Cuba era Estado. Tal vez la última posibilidad de hacer ídem de ídem con Cata­lunya fue el texto de la reforma del Estatut, en el que se reconocía el carácter de nación a Catalunya. Ambos textos fueron cepillados desde la misma lógica. La lógica de un Estado preocupado porque no le asalten las tumbas. Cuando más se le necesitaba, Cuba careció de José Martí, un independentista libertario –tradición cubana cachas hasta que, snif, llegó el comandante y mandó parar–, que conocía los peligros del Estado y del patriotismo, dos objetos con los que le habían dado para el –escaso, por cierto– pelo. Y que veía la libertad como el objeto de la política. Una libertad incluso íntima, individual: “La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía”, guau.

Raptada

En Catalunya, en fin, José Martí también es muy probable que tampoco exista. La propuesta ciudadana de la sociedad catalana fue raptada en 2012 por un Govern que la transformó en muy poca cosa: consulta no vinculante con pregunta doble, que conduciría a una negociación entre dos gobiernos sobre lo que los dos gobiernos decidieran. Sorprende la miopía del Gobierno que, con la cara del japonés que apunta con la metralleta en las pelis de los 40, vio en esta propuesta a ocho estudiantes asaltando una tumba. Y no su reflejo en un espejo.

El proceso gubernamental catalán estaba destinado al fracaso desde el principio. Era un bien de consumo interno, propagandístico. Su única finalidad era mantener vivo un gobierno, y permitir que su Parlament aprobara/prorrogara recortes superiores, en su proporción, a los practicados en Grecia.

El 9N no habría fracasado el proceso, sino el pack gubernamental catalán. Habría fracasado el miedo a la democracia del Govern. El hecho de que el Gobierno prohíba también la chocolatada en la que se ha convertido el 9N ha salvado del ridículo esta parodia de gestión de una demanda ciudadana. Y la ha convertido en un acto de rebeldía y de defensa de la democracia directa a la que será difícil no contribuir.