Muchas son las versiones escritas que han ido circulando sobre lo ocurrido en torno a la jornada cuyo trigésimo aniversario recordamos ahora, pero de ninguna de ellas, tampoco de la exhaustiva e interesada “crónica-ensayo” de Javier Cercas (quien reconoce que no pudo contar con la grabación de las conversaciones telefónicas en la tarde y la noche de ese día entre los ocupantes del Congreso y el exterior), nos podemos fiar.

Detrás de ese ocultamiento está sin duda y sobre todo la mitificación del papel del Rey como “salvador de la patria”, pero también la firma de un acuerdo (el “pacto del capó”) con los golpistas que marcaba límites al juicio al que fueron más tarde sometidos y prometía poner “orden en las autonomías”.

El 23-F se dio en una coyuntura en la que la transición política iniciada a partir de finales de 1976 seguía abierta: el aparato de Estado heredado del franquismo se mantenía incólume (basta recordar que a los que habían protagonizado, entre ellos Tejero e Ynestrillas, un proyecto golpista llamado “Operación Galaxia” en noviembre de 1978, se les había condenado a poco más de varios meses de arresto), la izquierda había triunfado en las elecciones municipales y las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas avanzaban en las autonómicas, mientras seguía intensificandose la acción armada de ETA. Todo esto contribuía a mostrar la debilidad del gobierno Suárez y del conglomerado de fracciones que era su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD). En esas condiciones distintas tramas se fueron gestando desde diversos frentes, empezando por la extrema derecha, la jerarquía militar y la Alianza Popular de Fraga, continuando con la UCD y el propio Rey y acabando con personajes del PSOE e incluso del PCE, partidario de un “gobierno de concentración”.

Como mediador entre todas ellas un nombre destacaba: el de Alfonso Armada, amigo del Rey y enemigo de Suárez, cuya dimisión el 29 de enero facilitó el nombramiento de aquél el 12 de febrero por Juan Carlos I como segundo Jefe del Estado Mayor. Su proyecto, llamado “Operación De Gaulle”, se inspiraba en el que este general había protagonizado en 1958 en Francia: o sea, un golpe “legal” que pudiera basarse en el artículo 99 de la nueva Constitución española, según el cual la propuesta de candidato a presidente del gobierno por parte del Rey no exigía que esa persona fuera miembro del parlamento o del partido más votado.

Se trataba de una “operación cívico-militar” que tenía que ponerse en marcha antes del final de la votación del candidato a nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y para ello debía contar con los sectores golpistas “impacientes” que representaban Tejero y Miláns del Bosch y la prensa de extrema derecha. Armada se presentaría entonces como el personaje capaz de erigirse en alternativa al “vacío de poder”. Sin embargo, la forma estruendosa que tomó la ocupación del Congreso por Tejero (fue clave la retransmisión en directo por radio del tiroteo) y las reticencias que éste y Milans presentaron a la propuesta de gobierno cívico-militar de Armada complicaron una acción que, pese a las vacilaciones del Rey durante largas horas, al final se vio frustrada cuando éste salió de madrugada en TV desautorizando el golpe.

Difícilmente sabremos algún día con certeza los pros y los contras que manejó Juan Carlos I durante esos momentos decisivas y que le llevaron finalmente a no avalar a su amigo Armada. Parece verosímil la tesis de que, además de los consejos de su pariente griego Constantino, víctima de una experiencia similar, su previsión de que, una vez frustrada por Tejero la variante constitucional de “golpe blando”, corría el riesgo de verse arrastrado por el fracaso de la versión “dura” que se estaba imponiendo le condujo a desautorizar la intentona; pese a ello, no dejaría de mostrar sus dudas hasta el final, como luego se pudo comprobar en el telegrama que envió esa misma noche a Milans y en el que le decía: “ya no me puedo volver atrás”.

Hay dos aspectos de esa jornada que no podemos dejar pasar por alto. Uno es el que se refiere al comportamiento de determinados e influyentes actores: la Conferencia Episcopal, que estaba reunida ese mismo día, no dijo ni una sola palabra en contra del golpe y la CEOE también mantuvo silencio hasta que apareció el Rey en la TV. En cuanto a Estados Unidos, la respuesta del entonces Secretario de Estado, Alexander Haig, fue la de declarar que se trataba de “un asunto interno”...del que estaba al tanto.

Más lamentable fue el comportamiento de la mayoría de la izquierda y de las organizaciones sociales: pese a que hubo en un primer momento llamamientos a la Huelga General en lugares como Madrid y Catalunya por parte de CCOO o por UGT en Alava y Asturies y por distintas organizaciones en Euskadi y no faltaron paros de 1 y 2 horas en un número nada despreciable de empresas, muy pronto fueron desautorizados por sus direcciones y por la del PCE, obedeciendo así a la petición del gobierno en funciones que se acababa de formar. Sólo una minoría de militantes de esas formaciones y de la izquierda radical se movilizó alrededor del Congreso y en distintas ciudades. Esa actitud desmovilizadora se sumaba a la que ya habían estado adoptando desde los Pactos de la Moncloa, pero ahora adquiría mayor gravedad a la vista de la amenaza a la frágil democracia conquistada que suponía esa intentona. Ni siquiera en las manifestaciones del día 27 esas formaciones se atrevieron a exigir la depuración de los golpistas, limitándose a santificar al Rey y a confiar en unos jueces que acabarían acotando al máximo la investigación sobre las distintas tramas civiles y militares que habían acabado confluyendo –y compitiendo- en aquella jornada.

Poco después llegarían la entrada en la OTAN, la ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y un nuevo “pacto social” (el Acuerdo Nacional de Empleo), todos ellos destinados a querer cerrar definitivamente la “inmaculada transición”.