Hace dos semanas asistí como asesor a las negociaciones sobre el descuelgue del convenio colectivo de un conocido hotel portuense. La empresa había entregado cartas de despido a dos trabajadoras alegando “causas económicas”, abonando una indemnización de 12 días por año trabajado y dejando los restantes 8 días por año trabajado al Fondo de Garantía Salarial, como permite la legislación para las pequeñas empresas.
Hace dos semanas asistí como asesor a las negociaciones sobre el descuelgue del convenio colectivo de un conocido hotel portuense. La empresa había entregado cartas de despido a dos trabajadoras alegando “causas económicas”, abonando una indemnización de 12 días por año trabajado y dejando los restantes 8 días por año trabajado al Fondo de Garantía Salarial, como permite la legislación para las pequeñas empresas. Lo cierto es que la empresa no depositaba las cuentas en el Registro Mercantil desde 2007 y, sin entregar un solo documento contable acreditativo, obligó a la plantilla a elegir entre el despido de dos compañeros o el descuelgue del convenio para reducir los costes salariales. La propuesta de descuelgue era absolutamente indigna: renunciar a las pagas extraordinarias, eliminar el complemento de antigüedad, renunciar a los 14 festivos anuales, etc. Aun así, tras duras negociaciones empresa y trabajadores acordaron un descuelgue menos lesivo y lograron frenar los despidos.Salimos de la negociación con un sabor agridulce: por un lado, dos familias no perdían su sustento, por otro, habíamos renunciado a derechos.
Otra de las manifestaciones de la reforma es lo que denomino la financiarización de las relaciones laborales En estos momentos es cuando la reforma laboral de 2012 está mostrando todo su potencial destructivo. Hace unos meses numerosos convenios colectivos perdieron su vigencia y la limitación a un año de la ultraactividad –es decir, de su prórroga– está poniendo contra las cuerdas a la parte sindical que se ve obligada a firmar a la baja antes que acogerse al convenio de ámbito superior o, en muchos casos, quedarse sólo con el Estatuto de los Trabajadores. Otra de las manifestaciones de la reforma es lo que denomino la financiarización de las relaciones laborales. Dado que el marco legal permite a la parte empresarial modificar las condiciones de trabajo, salariales y despedir de manera barata –e incluso subvencionada a través del FOGASA– cuando hay menores beneficios, numerosas empresas están recurriendo a la ‘creatividad contable’ para tener la sartén por el mango y aumentar su margen de beneficios.
Numerosas empresas están ‘maquillando’ su contabilidad a través de facturas falsas, transacciones ‘desfavorables’ entre empresas del mismo grupo y nóminas desorbitadas de directivos, para debilitar el poder de negociación de los trabajadores. La legislación está favoreciendo así una cultura del fraude que no sólo está incrementando las desigualdades sociales con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores –con su efecto en el consumo interno del país–, sino que también está limitando la capacidad recaudatoria del Estado.
Claro que esto no aparece en prensa, ni preocupa a los políticos, que se empeñan en mostrar al empresariado como los nuevos héroes que “generan el empleo y la riqueza”.
La huelga de basuras de Madrid es icono de esta transformación del mundo del trabajo. En este contexto el movimiento sindical se muestra tremendamente impotente. Necesita, ante todo, una profunda renovación. Una parte de esta renovación posiblemente implique la “financiarización” de la acción sindical. Entre otras cosas, los delegados sindicales van a tener que aprender a investigar y a leer la contabilidad empresarial. Y junto a los abogados laboralistas, cada vez son más necesarios economistas que escudriñen los balances financieros de las empresas que tratan de descolgarse de los convenios o despedir barato.
Además de sindicalismo honesto, democrático y combativo, se necesita un movimiento que actúe con profesionalidad.
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