Ceder la palabra en forma de voto directo a la ciudadanía para que decida acabaría con el Régimen del 78.
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Un referéndum en Catalunya acabaría, en efecto, con el Régimen del 78. O, lo que es lo mismo, ceder la palabra en forma de voto directo a la ciudadanía para que decida, con frescura y cotidianidad, las políticas –en Catalunya o Cartagena– acabaría no sólo con el Régimen del 78, sino, del susto, incluso con las espinillas y los puntos negros. Quizás por eso no está previsto que suceda. Y aquí viene lo más divertido: no está previsto, posiblemente, por ninguna de las partes. Que, como en cualquier relación civilizada, son tres: el Estado, El Estadillo/Catalunya, y el Qué-diablos-es-un-Estado/UE. No se vayan, que me explico.
Ceder la palabra en forma de voto directo a la ciudadanía para que decida acabaría con el
Régimen del 78
Mientras en otras democracias se vota entre dos opciones, por aquí abajo, y ya desde el franquismo, en todos los referéndums se ha votado siempre entre el yo de turno y el caos de siempre. Lo que implica que, por aquí abajo, el Estado tiene más posibilidades propagandísticas que otros biotopos para dibujar y dramatizar el caos. Los referéndums, por aquí, son dramáticos. Ése es el rol que le queda a un referéndum en una cultura vertical, tendente al pacto en las alturas para las cosas importantes. Y, tal vez, eso es lo que está trabajando la parte menos ceporra del Régimen –incluido el pack catalán–: pacto en las alturas, reforma constitucional, nuevo pacto fiscal, referéndum con pregunta dada y elogios a la responsabilidad del pueblo español/catalán, etc.
El Govern dice que la consulta sólo se realizará con el beneplácito del Estado. Es decir, que no se hará
El Govern, legalmente, no puede convocar referéndums, puede convocar consultas. Por cultura –por la Cultura de la Transición (CT) local, diferente a la española en sus referentes, pero no es sus funciones–, el Govern no tiene apego a los referéndums. De hecho, está rehaciendo –con una lentitud extrema en una sociedad cuyo 80% quiere votar una consulta–, la anterior ley de consultas del Tripartito. A la baja, de manera que, me dice un parlamentari, se limitaría la iniciativa popular al respecto, no sea que al final esto fuera Suiza y acabáramos votando, no sé, los recortes. Por otra parte, el Govern está incumpliendo de manera abultada –lo que se podía entender como un mensaje dilatado al Gobierno– todo su calendario de la denominada –en lo que es un muy acertado nombre artístico– Transició Catalana. Verbigracias: sí, ha creado con rapidez cacharros propagandísticos/que pueden dar el pego –como el Consell per la Transició Catalana, un comité de sabios en el que hay un par de tertulianos radiofónicos–, pero se han paralizado las medidas que podían ilustrar al mundo que esto iba en serio: la creación de una Hacienda propia –debería existir en 2013, y ni está ni se la espera–, y la presentación en sociedad de la pregunta de la consulta –debería haberse hecho pública en el primer semestre del 2013–.
Nuestro Estado sólo convoca referéndums que puede ganar, lo que delimita un tanto las posibilidades del género referéndum
La sensación es que los partidos formalmente a favor de la Transició Catalana y cercanos al poder –vamos, CiU y ERC– están sobrevenidos en toda esta juerga, y que la gestionan a través de una cultura –la CT– que ya no es válida para crear nada, pero sí para frenar procesos. Se perciben luchas culturales para delimitar el concepto democracia. Es democrática, así, una consulta sobre el Derecho a Decidir. No está claro que sea tan democrático hacer de las consultas una herramienta constante. Hablar de la corrupción, del desguace de la Sanitat, de balas de goma, de mossos practicando en la calle el republicanismo centroamericano torpedea directamente el proceso/la democracia.
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