La nueva mordaza de Berlusconi a la libertad de prensa

Con un decreto de Ley ya en parte aprobado, el partido del Primer Ministro elimina la posibildad de interceptar a los investigados judicialmente y dificulta la publicación de actas procesuales.

28/05/10 · 17:07
Edición impresa



Diego Anemone, empresario de la construcción investigado por los “regalitos” hechos a algunos ministros (el último a Scajola, ministro de Desarrollo Económico en el actual gobierno, recién dimitido) a cambio de los contratos para construcción de grandes obras en ocasión de eventos como la última reunión del G8, condenado gracias a interceptaciones telefónicas. Luciano Moggi, ex dirigente del primer equipo de fútbol de Torino, la Juventus, investigado y condenado por sus contactos con los árbitros que han favorecido su equipo en la liga de 2006, descubierto gracias a interceptaciones telefónicas. Stefano Ricucci, encarcelado y condenado por fraude financiero y especulación de fondos públicos, encarcelado tras algunas interceptaciones telefónicas. Silvio Berlusconi (actual presidente del Gobierno italiano), investigado por sus relaciones con la mafia, por corrupción, fraude fiscal, falsedad en los balances de sus empresas... y estaría supuestamente sentado en el banquillo de un tribunal también gracias a interceptaciones telefónicas.

Habría para llenar una enciclopedia de personalidades del mundo político o del espectáculo italiano cuyas actuaciones criminales han sido captadas y publicadas gracias a interceptaciones telefónicas. Fiestas, regalos, favores o amenazas han ocupado las páginas de los periódicos italianos en los últimos años. En algunos casos estas páginas han sido causa de verguenza para dichos diarios, que se han vistos obligados a denegarlo todo por las prisas de publicar una noticia que se reveló falsa o sencillamente privada, no de interés público, sobre algún alto cargo del estado. Sin embargo, son muchos más los casos que han llevado a los “escuchados” a sentarse en los banquillos de un tribunal institucional y a hacer que sus turbias actuaciones fueran descubiertas por la opinión pública.

Ahora todos los que están manipulando sus cuentas, corrompiendo, amenazando o creándose una red de “amiguitos” que les proporcione favores de todo tipo (de lo fiscal a lo sexual, como hemos podido apreciar a lo largo del 2009), ya no tendrán que esconderse para hablar de sus asuntos. Podrán hacerlo desde sus casas, hablando cómodamente por teléfono, sin miedo de que alguien pueda escuchar sus conversaciones. Gracias al decreto ley presentado por la Mayoría parlamentar, encabezada por el Primer Ministro Silvio Berlusconi, y aprobado en una parte la noche del 19 de mayo, no podrán ser inteceptados.

La norma “D’ Addario”

Tras una larga discusión en el Senado, ha sido aprobada la primera parte de dicho decreto, renominada “norma D’Addario” (el nombre de la prostituta que hizo nacer el escándalo sexual con Berlusconi y que con esta ley se habría ido a la cárcel): dicha norma prevé que no se puedan escuchar conversaciones telefónicas de nadie sin que las partes interesadas den su consenso. Y una vez obtenido el consenso, se podrá realizar la escucha solo por un tiempo limitado.

De hecho, la subsecretaria del gobierno Daniela Santanché ha declarado en televisión que “no tiene sentido interceptar a un mafioso mientras habla con un familiar, es un abuso”. En la práctica, será condenado a una pena de hasta cuatro años de cárcel quien sea acusado de grabar, en video o en audio, conversaciones o actos “de manera fraudulenta”. A esta, se suma la medida “antitopo”, que establece entre uno y seis años de cárcel para los que revelen actas o documentos procesuales, sean estos protegidos o no por el secreto judicial, volviendo a normas de hace treinta años (se creó esta diferencia entre protegidos y no protegidos en 1988, para que se pudiese ofrecer más información sobre los acusados).

Y si todavía se está discutiendo sobre la posibilidad de encarcelar o de multar con hasta 10.000 euros aquellos periodistas que publiquen estos datos, ya se ha aprobado la norma que obligará a los editores a pagar hasta 464.000 euros por la publicación de interceptaciones que no sean permitidas según este decreto.

“Norma inaceptable”

Desde la Federación Nacional de la Prensa Italiana, sindicato unitario de los periodistas explican: “Las normas que vetan el derecho a la crónica, hasta sobre hechos no cubiertos por el secreto estatal, que impiden a los ciudadanos saber de que manera proceden las encuestas judiciales, de recibir noticias sobre las actividades de corruptos y corruptores, son de una gravedad sin precedentes, inaceptables”. Con este “bavaglio (mordaza) a la libertad de prensa”, como la gran movilización de prensa y de ciudadanía en contra de este decreto está definiendo las medidas, los periodistas no podrán hablar con los componentes del Ministerio Público, o estos serán obligados a dejar el caso en cuestión. Despedida que tendrían que dar también en el caso de que un acusado denuncie sus sospechas en contra del propio Ministerio.

Sin embargo, no todos se quejan de esta norma. De hecho, algunas entidades salen de ella más fuertes: si a lo largo de un proceso un juez se encuentra con un investigador privado, tendrá que avisar al Parlamento antes de 5 días. Si las indagaciones caen encima de un hombre de la Iglesia, solo se tendrá que avisar a sus superiores. Y si, por casualidad, la persona investigada judicialmente es un político, los jueces no podrán acercarse a sus familiares, colaboradores o amigos.

En la campaña hecha por el Gobierno en favor de esta norma, se intenta convencer a los ciudadanos de que sea una tutela de los derechos a la privacidad de cada uno de ellos, de que se los quiere meter a salvo de las “toghe rosse“ (togas rojas, como Berlusconi tiene la costumbre de llamar a los jueces). Sin embargo, según datos oficiales en los últimos años no ha habido números sobre las interceptaciones que justifiquen este miedo. En 2009, el 0,2% de la población italiana ha sido interceptado, lo que significa una disminución de 5.000 personas con respecto al año anterior.

Stefano Rodotá, periodista y miembro del grupo Periodistas sin mordaza, subraya la importancia de “lo que ha pasado con el ministro Scajola, porque se ha vuelto a reconocer una responsabildiad política en acciones mafiosas”. Sin embargo, “para evitar que éste se vuelva una excepción, es fundamental proteger la transparencia y la información libre. Nunca se hubiera sabido de las riquezas inmobiliarias del ministro, si hubiese existido esta ley”. Como Rodotá, muchos en Italia temen que esta sea la verdadera intención del Gobierno.

Tags relacionados: Número 127 Silvio Berlusconi
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto