PANORAMA // LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS PROVOCAN EL ENFRENTAMIENTO ENTRE GRUPOS MEDIÁTICOS Y G
La lucha por el control del cuarto poder

La pelea por los cambios políticos en América Latina se debate y realiza desde los medios de comunicación.

07/01/10 · 0:00
JPG - 88.7 KB
 
Foto: Oriol Clavera

 

Los grupos tradicionales luchan por no perder
el oligopolio que durante años han disfrutado. Sus
mayores amenazas, según sus propias respuestas,
son los cambios legislativos y las decisiones de unos
gobiernos que no consiguen poner a su favor, como
puede pasar en Venezuela, Ecuador o Bolivia.
Mientras, estos procesos gubernamentales no consiguen
atraer a los sectores más populares, que ven insuficiente
la apuesta por la configuración de medios
comunitarios y alternativos de desarrollo popular.

Los procesos democráticos de América
Latina se enfrentan a un debate
en profundidad que debe servir para
repensar las relaciones entre capital,
poder político y mediático. Los medios
se han consolidado como herramientas
y actores de defensa de los
intereses y objetivos de los conglomerados
financieros y políticos a los
que pertenecen.

La oligarquía latinoamericana ha
empleado los medios como su arma
principal para el control de sus ciudadanos.
Los años ‘70 y a principios
de los ‘80, bajo las dictaduras militares,
son el mejor ejemplo de esta realidad.
Según la investigadora Eva
Golinger, “en este modelo, el pueblo
está excluido del poder y su acceso
al conocimiento y a la información
está rígidamente limitado por una
minoría elitista que mantiene acaparado
el poder económico, mediático
y político”.

Para el escritor uruguayo Fernando
Arellano Ortíz, “la realidad de
los medios en el continente es que
son dispositivos de control social que
controlan, restringen y clasifican los
flujos de información”.

En todos los países en proceso de
cambio, los medios de comunicación
han intervenido como un actor militante
claramente opuesto a los gobiernos
progresistas. Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Brasil en un primer
momento, Paraguay o más recientemente
Uruguay son ejemplos de un
periodismo político militante que goza
de impunidad sobre la información
que publican. En Honduras, los
medios de comunicación formaron
parte de la trama golpista, y en la actualidad
son el principal valedor del
Gobierno de facto de Micheleti.

Información o poder

En el caso de Venezuela, los medios
de comunicación fueron la herramienta
para crear una atmósfera
pregolpista y el principal vocero
del golpe de Estado en abril del
2002; en Ecuador, han relacionado
a Rafael Correa con el narcotráfico
o con fraudes electorales, llegándose
a los insultos a través de editoriales
y columnas de opinión; en
Paraguay vincularon al presidente
Lugo con la guerrilla de las FARC;
en Bolivia definen al Gobierno como
“terrorista” e incluso han acusado
al presidente Evo Morales de
contrabandista; o recientemente en
Uruguay quisieron vincular el descubrimiento
de una alijo de armas
a una supuesta rearticulación del
brazo armado del Movimiento
Revolucionario Tupamaro, en complicidad
con el electo José Mujica.
En todos y cada uno de los casos,
no han existido sanciones penales
sobre los responsables de la intoxicación
informativa.

En cada país, los grupos mediáticos
pertenecen a un pequeño grupo
de familias, las cuales tradicionalmente
han dominado la vida económica. Los objetivos mediáticos son
claros: erosionar a los gobiernos progresistas;
polarizar a las sociedades;
deslegitimar la restitución de los
Estados tras la época neoliberal y al
propio sistema democrático.

Según el director de Le Monde
Diplomatique
, Ignacio Ramonet, “la
libertad de expresión es un imperativo
categórico en democracia, pero estos
grupos no tienen legitimidad democrática.
Por consiguiente, no pueden
llevar una política sistemática de
acoso y derribo de gobiernos”.

Sin embargo, la decisión del presidente
Chávez de no renovar la
concesión de frecuencia a Radio
Caracas Televisión que venció en
2007 o las tres sanciones recibidas
por Globovisión en Venezuela o la
decisión de la Superintendencia de
Telecomunicaciones de suspender
por tres días las emisiones de
Teleamazonas en Ecuador por falta
de veracidad en sus noticias son interpretadas
por los conglomerados
mediáticos como medidas autoritarias
que restringen la libertad de expresión
y la libertad de prensa.

El debate sobre una legislación que
regule los sistemas de comunicación
comenzó en Venezuela con la aprobación
en diciembre del 2004 de la
Ley RESORTE. Su objetivo, establecer
una serie de controles y sanciones
para frenar los abusos en la manipulación
de la información. En
Uruguay, en diciembre de 2007, se
aprobó la Ley de Radiodifusión
Comunitaria gracias a la cual se otorgaron
38 licencias a radios comunitarias
y están pendientes otras 200.
Recientemente se aprobó una nueva
ley de medios en Argentina [ver página
29], y en la actualidad la Asamblea
Nacional de Ecuador y el Parlamento
brasileño debaten sendos proyectos
de ley con la finalidad de articular leyes
acordes con sus constituciones y
democratizar el acceso a la información.

El propio presidente Correa, en el
ejercicio de la presidencia pro tempore
de la Unidad de Naciones Suramericanas
(UNASUR), ha llegado a
proponer la creación de un organismo
regional que controle a los
medios de UNASUR. Propuesta que
está pendiente de debatir por los presidentes
sudamericanos.

Artículos relacionados en este número:

_ [Argentina: Unos avances muy limitados->9784]

_ [Entrevista: «Salimos a la calle para facilitar formas de debate a las bases»->9783]

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto