La legislación penal española se aleja de los principios del derecho penal

La reforma del Código Penal operada
por la Ley Orgánica 5/2010
entró en vigor el 23 de diciembre.
A pesar del cicatero criterio
de la Fiscalía (Circular FGEº
3/2010), afortunadamente los
tribunales están admitiendo revisiones
en contra del criterio fiscal
en algunas condenas por tráfico
de drogas. En éstas y otras cuestiones
no hay que cejar en el empeño,
hay que insistir en las revisiones.

30/03/11 · 8:00
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La reforma del Código Penal operada
por la Ley Orgánica 5/2010
entró en vigor el 23 de diciembre.
A pesar del cicatero criterio
de la Fiscalía (Circular FGEº
3/2010), afortunadamente los
tribunales están admitiendo revisiones
en contra del criterio fiscal
en algunas condenas por tráfico
de drogas. En éstas y otras cuestiones
no hay que cejar en el empeño,
hay que insistir en las revisiones.

Lo mismo respecto a las
infracciones de “los manteros”
(arts. 270, 274, 623.5) en los
que la rebaja de delito a falta
debe suponer la revisión de las
condenas, la salida de prisión, la
rebaja de las multas y, muy importante
para la residencia, la eliminación
de los antecedentes.

El texto final de la ley contiene
más sombras que luces. Las mejoras
introducidas, ya citadas
–en su contenido básico reivindicadas
e impulsadas junto con
otras por esta plataforma y otros
colectivos, asociaciones y grupos–,
no pueden ocultar, ni
siquiera compensar, otras de
corte marcadamente punitivo,
como el tratamiento de la prescripción;
la libertad vigilada, con
peligrosidad presunta, a sumar
después de la prisión; la regulación
de los grupos y organizaciones
criminales o la ya tristemente
conocida como “multirreincidencia”
para los pequeños hurtos,
surgida sorpresivamente durante
el proceso de enmiendas. Sin
poder entrar en profundidades, lo
más preocupante es la continuidad
en el discurso penal demagógico
de la última década.

Desde su aprobación en 1995
hasta la última reforma son más
de 25 las leyes que han reformado
el texto punitivo. Entre ellas
cabe destacar la 7/2003, del
cumplimiento íntegro y efectivo
de las penas o la 11/2003, en
materia de seguridad ciudadana,
violencia doméstica e integración
social de los extranjeros. Con
carácter general todas estas
reformas se enmarcan en una
política penal expansiva, de políticas
“de ley y orden” y de “tolerancia
cero”, en la que cabe
apreciar el uso del derecho penal
como herramienta primordialmente
simbólica, la carencia de
estudios criminológicos y un
debate político criminal riguroso;
la influencia del alarmista comportamiento
de los medios de
comunicación; la creación prolífica
de nuevos tipos, la introducción
de preceptos de endurecimiento
de la respuesta penal y
de la ejecución de la pena para
concretos grupos de delincuentes,
la tendencia a la exacerbación
de un “derecho penal de la
seguridad” y el represtigio de la
prisión como respuesta simbólica
o meramente inocuizadora al
delito. Como consecuencia de
estas reformas, sobre todo las de
2003, se ahonda en los problemas
de encarcelamiento que ya
comenzó a crear el código de
1995. La actual reforma ha sido
calificada como “más una contrarreforma,
producto de un cambio
político, que una necesidad
real”. En definitiva, la legislación
penal española se va desdibujando
y alejando de los principios
del derecho penal construidos
durante dos siglos y aquí
defendidos, sin que ello se justifique
en una mayor eficacia del
sistema penal, ni en un correctamente
entendido paradigma victimológico
restaurativo, que, por el
contrario, la realidad desmiente.

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