Ilustración: Luis Demano.

No es un fenómeno nuevo,
pero ha cobrado un reciente
impulso con las políticas
de ajuste del déficit
orientadas, fundamentalmente, al recorte
del gasto público. De ahí que
desde hace tiempo se insista en la necesidad
de suplir la menguante financiación
estatal de esos servicios
con aportaciones directas de los
usuarios, a la vez que se ofrecen como
negocios donde la iniciativa privada
puede obtener pingües beneficios.
Las universidades constituyen
la avanzadilla [ver página anterior],
pero no son los únicos centros públicos
de educación inmersos en la corriente
imparable hacia su parcial o
total privatización. La opción más socorrida
en todas partes ha sido el aumento
drástico de las matrículas cobradas
a estudiantes y los conciertos
con empresas privadas.

En la enseñanza no universitaria
también se dan, en diferentes modalidades,
parecidos procesos. Aunque,
según qué países, varían las medidas
adoptadas, la orientación es similar
en todos ellos de acuerdo con
unas mismas directrices, fundadas
en los principios neoliberales que
emanan de organismos internacionales
como la UE y la OCDE.

Múltiples vías privatizadoras

La más directa y relevante es la subvención
directa o indirecta de centros
privados con fondos públicos,
en la que España está a la cabeza.
Por ejemplo, en Madrid los presupuestos
de 2011 bajan un 4,8% la partida
de Educación, aunque sube un
0,7% la de conciertos. La perversión
del sistema, con claro perjuicio para
la enseñanza pública, ha provocado
incluso la protesta del sector enteramente
privado acusando de “competencia
desleal” a los centros concertados
por recibir a la vez dinero del
Estado y de las familias (camuflado
como donaciones, actividades extraescolares,…).

Mayor alarma suscita la aparición
de otras formas de penetración de
intereses privados en el propio sector
de titularidad pública. Aún no hemos
llegado a extremos como en
Gran Bretaña donde muchos centros,
para cubrir presupuestos, se
acogen a patrocinios publicitarios de
empresas de material escolar e informático,
o totalmente ajenas al mundo
de la educación, pero que por ese
conducto pasan a integrarse en la
gestión de los centros educativos y
en las instituciones de decisión a escala
municipal o regional. Nos ha parecido
chocante la noticia de que en
Italia se alquilan hasta los pupitres
de los alumnos para publicidad, pero
la anécdota puede no sólo generalizarse
sino transformarse hacia nuevas
y desconocidas formas de dependencia
externa para un sector público
cada vez más precario.

El recorte del espacio público y su
transferencia a beneficiarios privados
cobra diferentes expresiones. En
nuestro país hace ya tiempo que los
servicios de comedor, limpieza y
transporte escolar son subcontratados
con empresas externas. A otro
nivel, en lugar de exigir a las autoridades
educativas la dotación necesaria
para cubrir actividades extraescolares
y complementarias, en
muchos casos, ya que no podían hacerlo
los directores de los centros públicos,
las Asociaciones de Madres
Padres y de Alumnas se han constituido
en entidades contratantes, a
imitación de los colegios privados.

Todo un amplio espectro de academias
y centros de todo tipo han proliferado
con ofertas de educación
suplementaria (idiomas, apoyo académico,
formación profesional,…)
ocupando los vacíos del propio sistema
educativo. De esta manera, pese
a la presunta gratuidad de la enseñanza
obligatoria y, en particular, de
todos los niveles en la enseñanza pública,
los estudios realizados al respecto
muestran un notable crecimiento
del gasto educativo de las familias
en la última década.

La “autonomía” llega al cole

En esa línea de suplir con recursos
privados los recortes públicos se inscriben
nuevas iniciativas que tratan
de trasladar la “autonomía” otorgada
a las universidades a los niveles anteriores
de la enseñanza. A las atribuciones
de los directores como líderes
pedagógicos se les quiere añadir las
de gestores económicos y administrativos
más allá de los límites establecidos
hasta el presente. La idea es
vieja, pero ahora toma nuevo impulso.
En Catalunya se ha anunciado
una normativa específica que, aparte
de conceder a los directores de escuelas
e institutos mayor capacidad
para configurar las plantillas de profesores
de acuerdo con el “proyecto
de centro”, los anima a rentabilizar
las instalaciones alquilándolas para
actividades ajenas y así complementar
ingresos.

De todos modos, la principal vía
privatizadora no se refleja tanto en
los aspectos de financiación como en
la subordinación entera del sistema
educativo a los variables intereses
del mercado económico y laboral.
Por ejemplo, las orientaciones de
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico sobre las “competencias
básicas” a desarrollar en los alumnos,
la adecuación de la formación y
titulación a las “necesidades económicas”,
la organización y dirección
de los centros educativos según modelos
de gestión empresarial, etc.,
apuntan en la misma dirección: subordinar
lo que se supone un derecho
democrático e incondicional de los
ciudadanos a la educación a los vaivenes
de los intereses privados del
mercado. Esa es la madre de todos
los peligros privatizadores que amenazan
a la escuela pública.

DIRECTRICES
EUROPEAS

Ya en el libro blanco de la Comisión
Europea Crecimiento, competitividad
y empleo se planteaban
estos objetivos a las claras:
“Hay una convergencia entre los
estados miembros sobre la
necesidad de un mayor compromiso
del sector privado en los
sistemas educativos y/o de formación
profesional, y en la formulación
de políticas de educación
y formación dirigidas a
responder a las necesidades del
mercado y de sus circunstancias
locales; por ejemplo, animando
a la colaboración entre las
empresas y el sistema de educación
y formación, y a la integración
en los planes estratégicos
de las empresas del aprendizaje
a lo largo de la vida”.