CIENCIA // TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS NO SE GARANTIZA LA OBLIGATORIEDAD DE CONTRATAR A LOS INVESTIGADORES
La investigación no dejará de ser precaria

El nuevo borrador de la Ley de la Ciencia dista mucho
de contentar a profesionales y sindicatos, y no
fomentará un cambio en el sistema productivo.

16/03/10 · 0:36
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El segundo borrador presentado en
el último medio año no convence ni
a CCOO ni a la Plataforma por la
Investigación
, que agrupa a seis asociaciones
de investigadores. La contratación
laboral de todos los investigadores
desde el inicio de su carrera
(durante y después del doctorado),
independientemente de donde realicen
su labor, es una de las claves de
sus reivindicaciones.

La propuesta de ley obliga a la
contratación de personal investigador
en formación (mientras realiza
el doctorado) en las convocatorias
del Estado, pero permite que las
Comunidades Autónomas, fundaciones,
entidades locales y empresas
privadas puedan seguir contando
con becarios. “Estamos reclamando
que se cumpla la Carta
Europea del Investigador de 2005,
que establece que el investigador
tendrá una relación laboral desde el
inicio de su tesis doctoral”, afirma
Salomón Aguado, de la Plataforma
por la Investigación.

Pero la de becario no es la única
forma de la precariedad laboral.
También se ven afectados investigadores,
técnicos y personal de gestión.
Para Emilio Criado, representante
de CCOO, esta propuesta legislativa
excluye de la carrera profesional al
70% de los trabajadores en investigación
(científica, técnica y de gestión)
ya que se limita al personal investigador
con doctorado. El sistema de
investigación público español, según
explica Criado, tiene 3.000 contratados
incorporados en plantillas, pero
7.500 más en precario, de los cuales
2.500 son becarios y el resto son contratados
por proyectos que no consiguen
estabilidad laboral. “El sistema
no se puede basar en que el investigador
deba mantener su propio equipo
y en concatenar contrato tras contrato”,
afirma Criado.

Precariedad laboral

Según un informe de la Federación
de Jóvenes Investigadores
, el 50% de
las publicaciones de centros de investigación
tienen como primer autor
a un investigador sin vinculación
permanente con el organismo y en el
90% de ellas aparecía un investigador
con estas características.

Aguado, por su parte, reclama una
memoria económica que explique
los fondos que se van a destinar a su
aplicación. “Sin memoria económica
el actual proyecto de ley es papel mojado”,
denuncia.
Aunque en un principio el recorte
presupuestario era de hasta el 30%,
se ha quedado en un 15%. “Tras
anunciar el cambio de modelo productivo
por otro que apuesta por la
innovación, el recorte presupuestario
resulta un tanto incoherente”, señala
Aguado. Incluso cuando la media
europea de inversión en este ámbito
es un 2% del PIB, en el Estado
español se sitúa todavía en un 1,35%.

Con todo, estos recortes, según
Criado, afectan a los organismos públicos
de investigación y a las ofertas
públicas de empleo pero “no a las inversiones,
transferencias y delegaciones
al sector privado”. El sindicalista
considera que lo que falla en la
economía española es que el sector
empresarial, “que es quien va a producir”,
no interioriza la investigación
como un elemento clave. El primer
borrador se centraba, en su opinión,
en la transferencia de fondos públicos
al sector privado para impulsar
la innovación “cuando es un modelo
caduco que no favorece la inversión
privada: lo que pone el Gobierno lo
deja de poner el sector productivo”,
afirma Criado.

La Plataforma por la Investigación
propone un Pacto de Estado por la
Ciencia y la Innovación que incluya a
partidos, Gobierno central y autonómicos,
universidades, sindicatos, organismos
públicos de investigación y
asociaciones de científicos e investigadores.
Aguado resalta la importancia
de este paso, porque los países
que más esfuerzos dedican a la innovación
son los que menos notan la
crisis y los que están saliendo antes,
y “eso debería servir de ejemplo”.

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