DIAGONAL: En menos de diez
años, más de 5.000 mujeres han sido
asesinadas en Guatemala. ¿Cuáles
son las causas estructurales de
esta violencia feminicida?

MAYA ALVARADO: Desde la
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas
analizamos que el feminicidio
es la expresión extrema de
una serie de violencias históricas y
cotidianas contra las mujeres. En
marzo realizamos un tribunal de
conciencia contra la violencia sexual
contra las mujeres durante el
conflicto armado (1960-1996), y conocimos
casos del presente y vimos
cómo la impunidad atraviesa a las
estructuras del Estado que se instalaron
durante el conflicto armado y
siguen operando igual que antes.

La impunidad en Guatemala por
los casos de feminicidio es del 98%.
En el tema estructural, lo primero
es la corrupción instalada en las estructuras
del sistema encargado de
garantizar la justicia. No se ve a las
mujeres como ciudadanas. Todas
somos consideradas ciudadanas de
segunda clase y todas tenemos miedo.

El feminicidio, los crímenes contra
las mujeres, tienen una carga de
crueldad que realmente da pavor
porque está en el imaginario colectivo
que las mujeres somos desechables,
y está reforzado por la publicidad
y porque las políticas gubernamentales,
en realidad, más que
garantizar ciudadanía, están enfocadas
a proteger. Pero luchamos
por una ciudadanía plena y parte
de esa ciudadanía plena es el fin de
la violencia contra nosotras.

D.: En el caso de los feminicidios,
se habla de una herencia del conflicto
armado…

M.A.: La Comisión del Esclarecimiento
Histórico, que ha registrado
todos los crímenes de lesa humanidad
del Estado guatemalteco durante
el conflicto armado, habla de
genocidio, y esto está acallado. Aún
más acallado que el genocidio está
lo que les pasó a las mujeres durante
la guerra. Todas las violaciones y
la violencia sexual contra las mujeres
fueron recogidas en un inicio
como daño colateral.

Hace unos seis años, en una
alianza que se llamó Consorcio
Actoras de Cambio, iniciamos el
trabajo de recuperar la memoria
histórica desde la perspectiva de
las mujeres. A través de ese trabajo,
hemos podido analizar cómo estas
estructuras [de poder que aplicaban
la violencia durante la guerra]
continúan operando en el presente
en los desalojos de territorios
indígenas donde intentan asentarse
transnacionales de países como
España y Canadá, que intentan explotar
la minería a cielo abierto, y
todas estas hidroeléctricas, y han
expulsado a las poblaciones allí
asentadas. Porque al firmarse la
paz hay un desarme de la insurgencia
y ese “enemigo interno” del que
se hablaba pasamos a ser ahora los
defensores de derechos humanos.

Esa lógica de construir un enemigo
interno sigue operando en el
Estado guatemalteco, que sigue construyendo la seguridad en torno
a la seguridad del Estado y no en torno
a la seguridad de las personas.
Las personas estamos en total indefensión
frente a los agentes del
Estado, el crimen organizado, las
maras… una serie de elementos de
descomposición social que se han
dado porque después de 13 años no
se nombra la tragedia del pueblo
guatemalteco.

No ha habido juicios por lo que
ocurrió. Fue un plan del Estado dentro
de la doctrina securitaria y así
operaron con responsables que llegan
hasta quien era en esos años el
presidente de la República. En la actualidad,
la impunidad nos da una
lectura de un continuum histórico.

D.: En 2008 entró en vigor la Ley
contra el Feminicidio y otras formas
de violencia contra la mujer. ¿Se
aplican sus disposiciones?

M.A.: Sólo se han resuelto dos casos.
Es un avance porque tipifica varias
clases de violencia que antes no
estaban tipificadas, pero mientras
los responsables de garantizar la
justicia no la interpreten adecuadamente
y la apliquen, no hacemos
mucho. El Estado no acaba de asumir
todas sus responsabilidades.

D.: ¿Cómo se organizan las mujeres
en la lucha contra la violencia física
y económica?

M.A.: Hay mujeres que son perseguidas
penalmente por la defensa de
sus territorios, sus casas y sus hijos;
y por oponerse a todo lo de la minería.
A pesar de que hay organizaciones
de mujeres que las apoyan, resulta
insuficiente todavía y necesitamos
que el mundo conozca esta situación
de vulnerabilidad de quienes
se enfrentan a los poderes del Estado
o a los cuerpos armados pagados por
las transnacionales. Estos cuerpos
son miembros o ex miembros del
Ejército o de la policía nacional, por
lo que operan la misma lógica. Están
amenazando de muerte, y de hecho
han cumplido sus amenazas y asesinado
a lideresas y líderes comunitarios.

Además esos crímenes son fuertemente
silenciados por los medios
de comunicación. La sociedad guatemalteca
no conoce esas realidades
que están viviendo los propios guatemaltecos,
no se debate ampliamente.
Por eso vemos importante denunciar
internacionalmente que el
Estado guatemalteco, por más que
utilice caretas socialdemócratas,
opera con las estructuras del pasado.