ANÁLISIS // SEGÚN LOS TRATADOS DE DD HH SE DEBERÍA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN OFICIAL
La Iglesia Católica de España, el Vaticano y los ‘niños perdidos’ del Franquismo

La anómala presencia de
personal eclesiástico en
cárceles de mujeres y
niños obliga a esclarecer
su implicación en lo
sucedido en esos centros.

, Profesor de Derecho Penal Internacional de la UCLM y autor de El caso de los niños perdidos del franquismo
30/10/09 · 0:00
Edición impresa

La Iglesia católica de España,
estrechamente unida al régimen
(…), jugó un papel
muy importante al proveer
el personal de numerosos establecimientos
penitenciarios, siendo los
más tristemente célebres las prisiones
de mujeres y los reformatorios
para jóvenes, cuyos antiguos detenidos
han denunciado públicamente
los malos tratos físicos y psicológicos
que sufrieron por parte del personal
religioso”. Así se expresaba,
junto a todos los demás puntos denunciados,
la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa en su
Balance de Crímenes de la Dictadura
Franquista en marzo de 2006.
Nada se ha hecho por esclarecer
dichas anómalas funciones penitenciarias
por parte de agentes de la
Iglesia Católica. Anómalas pues la
única participación de una confesión
religiosa, en este caso la Iglesia Católica,
lejos de la situación denunciada
por el Consejo –con expresa mención
de las prisiones de mujeres–
debería haber sido la de dar libre
asistencia espiritual a las prisioneras
–de querer ser ejercido este derecho
por ellas– tal y como se reconoce en
las convenciones internacionales.

Pero nunca se debe ampliar a la colaboración
en funciones de detención
o custodia alguna por parte de
las denominadas monjas-guardianas,
ni nada que se le parezca.
Sabemos también por los testimonios
recogidos por Tomasa Cuevas,
y otras investigaciones periodísticas
más recientes, como Los niños perdidos
del franquismo, de la utilización
de edificios e instalaciones de la Iglesia,
como algún convento, para funciones
carcelarias. Incluso de condiciones
materiales de hacinamiento,
muchas veces durmiendo en el propio
suelo, y de ausencia de higiene.
También denuncian estas investigaciones
periodísticas las condiciones
de insuficiencia alimenticia y de asistencia
médica
, y la elevada mortandad
infantil que ha llevado a hablar a
algunos autores de “infanticidio”.

Esto último motivado por la falta de
alimentos y de los cuidados médicos
exigidos, condiciones amparadas en
las leyes de humanidad consagradas
en el derecho internacional. El horror
vivido por esas madres y sus pequeños,
recogido en inhumanas escenas
por tales testimonios, no debe
ser nunca olvidado. Sin embargo, la
Ley de la Memoria no tiene memoria
de género, no menciona siquiera el
caso de los niños perdidos, olvidándose
de los deberes de “verdad, justicia
y reparación” hacia nuestros desaparecidos
en vida y sus familias.

Todo ello sitúa a la Iglesia Católica
en un terreno escabroso, por incumplir
los especiales deberes de diligencia
–y esferas de responsabilidad– de
las llamadas “relaciones de sujeción
especial” en el ámbito penitenciario,
como se llama en Derecho a la situación
de dependencia y vulnerabilidad
de cualquier detenido respecto a
guardianes y autoridades del centro,
que deben velar por sus condiciones
de vida. Un ámbito jurídico debe estar
fuertemente reglado y protegido
por la jurisprudencia e instrumentos
internacionales, especialmente por
la importante jurisprudencia evolutiva
del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Todo ello iría desde
la responsabilidad por las condiciones
de detención, alimentación
y cuidados médicos, a llevar un
obligado registro, detallado y actualizado,
de las madres y niños detenidos
en cada centro, con participación
de personal religioso-penitenciario
;
así como registro detallado
de su posterior traslado, fallecimiento
o puesta en libertad.

Unos libros de registro cuya existencia
es obligatoria, so pena de incurrir
en adicionales esferas de responsabilidad
de no existir, como
varios historiadores denuncian que
también fue el caso en varios de
esos centros de detención, respecto
a los menores encarcelados, sin
quedar constancia, por tanto, de
qué niños entraban en tales cárceles,
qué niños fallecían o eran trasladados
y, en su caso, a dónde.

La Iglesia en las cárceles

Más aún en un terreno colindante –éste de la participación de agentes de la Iglesia Católica de España en la detención carcelaria de madres y menores– con el de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo con los hijos de las defensoras de la II República y otros colectivos de mujeres. Como deja de
manifiesto el texto del Consejo de Europa: “Los ‘niños perdidos’ son también parte de las víctimas del Franquismo, se trata de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias afectas al régimen”.

Lo que sumado a la revelación de
otros testimonios personales y documentos
escritos que apuntan directamente
a alguna forma de participación
de curas o monjas en varias
desapariciones infantiles –me refiero
a las investigaciones antes mencionadas
pero también a otras más
recientes como las publicadas por
DIAGONAL
hace tan sólo unos días–
tornaría de toda importancia la
investigación de tales registros, de
los testimonios. Es decir, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos considera
deber ipso facto emprender
una “investigación oficial efectiva e
independiente” por propia iniciativa
del Estado, ante la mera noticia de la
existencia de desapariciones en circunstancias
no esclarecidas.

Todo lo anterior habida cuenta,
en especial, de que los miembros de
la Iglesia Católica forman parte de
una estructura claramente jerarquizada
y de conformidad con la fundamental
doctrina de la “responsabilidad
por el mando”, surgida en
los juicios de Nuremberg.
El “mando”
es el responsable de la actuación
de sus subordinados no sólo si
éste sabía, también si tenía motivos
para saber, en unas circunstancias
determinadas, que dicho subordinado
estaba cometiendo, o iba a cometer,
actuaciones contrarias a la legalidad,
en especial si no tomaron todas
las medidas necesarias para impedirlo
o sancionarlo. En este sentido
se articula el punto 27 del
Conjunto de principios actualizado
para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad de la
Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. Y en este caso el
mando último ostenta a su vez la
condición de alta autoridad de un
Estado, el Vaticano, sujeto igualmente
a dichos deberes internacionales
y a responsabilidad internacional,
como nuestro propio Estado
español, en caso de incumplirlos.

Por ello mismo cabría esperar
una “investigación oficial efectiva
e independiente” por parte del
Estado español, pero también por
parte del Estado vaticano, en tanto
que fueron agentes jerárquicamente
subordinados a una y otra autoridad,
los que aparecen implicados
en las cárceles.
Una investigación
que sería congruente además con
la aplaudible preocupación humanitaria
mostrada por ambos Estados
en la promoción y protección
de los derechos humanos ante
otras situaciones de desaparición
en América Latina. Y sin olvidar en
este caso, la especial urgencia para
la protección debida de todas estas
familias, que todavía padecen
los efectos de una separación forzada
de sus miembros –a pesar de
sus lazos biológicos– gravemente
afectadas por tanto en su derecho
humano a la vida familiar y víctimas
durante largos años de un sufrimiento
inhumano.

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comentarios

0

  • |
    lucia isabel
    |
    09/02/2013 - 9:16am
    Que bueno saber q existen Personas como ustedes , que no permiten que este tan delicado tema se cubra con el Velo del olvido !
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