MENORES // LEIRE PAJÍN ANUNCIA CAMBIOS LEGISLATIVOS QUE RELEGARÍAN LOS CENTROS DE ACOGIDA
La futura ley de protección de la infancia no frenará la privatización

El Gobierno está preparando una nueva
Ley de Protección del Menor o, en su
defecto, una Ley de adopción nacional y
acogimiento familiar, para subsanar
algunos de los problemas detectados en
el sistema de protección del menor. Sin
embargo, colectivos sociales que trabajan
junto a los menores en situación de
desamparo temen que, si la reforma no
aborda problemas como la privatización
de la atención, ésta suponga uno de
tantos cambios para que todo siga igual.

- Entrevista a José Luis Calvo: "La clave es volver a lo público"

- El derecho del menor a ser oído

09/05/11 · 8:45
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Foto: Olmo Calvo

“A ti lo que te queda es venir a ver a
tu hijo y llorar. Es lo que tienes”, le dijo
una funcionaria de la Comunidad
de Madrid (CAM) a María (nombre
ficticio) cuando la menor –tiene aún
17 años– le preguntó si conservaba
al menos la patria potestad de Miguel,
su hijo. María quedó embarazada
tras su relación con un vigilante
del centro de menores Acacias, de titularidad
pública, donde residía.
Madre e hijo convivieron juntos los
diez primeros meses de vida de Miguel
hasta que el centro de menores
Almenara –privado y gestionado por
Salud Mental Consulting (SMC)– decidió quitarle a su hijo. De esta
decisión se enteró por la cocinera.

SMC, entidad que gestiona varios
centros de menores, fue denunciada
por malos tratos
en su centro de
Galapagar (Madrid). La Defensora
del Pueblo, en su informe, presentado
hace unos días, vuelve a señalarla
por varias irregularidades.
“La técnico de la Comunidad de
Madrid en ningún momento me escuchó.
Me dijo que eso era lo que iba
a hacer y que lo tenía que aceptar”,
explica. Su hijo pasó a una familia de
acogida a la que María no conoce.
María y Miguel han sufrido varias
de las irregularidades del opaco sistema
de protección de menores. En
primer lugar, un centro que no la
protegió, pues quedó embarazada
del vigilante, casi 20 años mayor que
ella. Después, otro centro de menores
le arrebató a su hijo sin pedirle su
opinión,
violando el derecho del menor
a ser oído que recoge la Ley
Orgánica de Protección del menor.

Como la Comunidad considera que
se trata de un acogimiento “provisional”,
a día de hoy, a María tampoco
se le ha notificado por escrito la entrega
de su niño a una familia de acogida,
lo que, según el Código Civil, es
obligatorio. Los padres tampoco han
dado su consentimiento a la entrega
de Miguel. A María, en ningún momento
se le informó de su derecho a
tener representación legal
para hacer
valer sus derechos. Resultado:
aunque María y su actual pareja tienen
casa y trabajo, mientras esperan
la decisión de un juez, la madre sólo
puede ver a su hijo, que ya tiene un
año y medio, una hora cada 15 días.

La reforma de la protección

El Gobierno ha anunciado en reiteradas
ocasiones, a través de la ministra
de Sanidad, Política Social e
Igualdad, Leire Pajín, que está preparando
una nueva Ley de Protección
de la Infancia, o al menos una Ley de
adopción nacional y acogimiento familiar.
Ésta trataría de subsanar algunos
de los problemas detectados
en el sistema de protección. Las líneas
de la nueva ley anunciada por
Pajín han sido marcadas por el informe,
hecho público en noviembre de
2010, de la Comisión Especial del
Senado para la Problemática de la
Adopción Nacional y otros Temas
Afines. El estudio, fruto de casi dos
años de trabajo, y para el que fueron
consultados 39 expertos y expertas,
señaló que los centros de acogida no
son el lugar adecuado para el desarrollo
del menor,
y que, en cambio,
vivir con una familia de acogida supone
ventajas psicológicas y emocionales,
además de ser menos costoso.

En definitiva, el Senado apostó, ante
el sombrío panorama de los centros
de menores recogido en su estudio,
por impulsar el acogimiento familiar.
José Luís Calvo, portavoz de la
Asociación Pro Derechos de la Infancia
(PRODENI) y uno de los expertos
consultados por la Comisión,
considera que lo esencial, la privatización
de la protección, no se ha tocado
ni se tocará.
“El problema está
en que ahí hay negocio”, señala.
Apuntando a la raíz, Enrique Martínez
Reguera, pedagogo que lleva
más de 30 años conviviendo con niños
y jóvenes excluidos, considera
que la cuestión esencial, “la dinámica
cosificadora”, que hace que los
menores en desamparo sean tratados
como mercancías sin pasado, ni
necesidad de arraigo o identidad,
permanece intacta.

El Senado aboga por impulsar el
modelo europeo, del que el Reino
Unido es pionero, y trasladar el peso
de la protección de los centros a las
familias de acogida, convirtiendo así
a los primeros en “una medida subsidiaria,
el último recurso”, en palabras
de Pajín. Las Comunidades se
han puesto ya en marcha para encontrar
familias acogedoras y garantizar
al menos que los niños de cero
a tres años no vayan a centros.
El Acogimiento Familiar permite
que los menores sean atendidos, durante
un cierto tiempo, por otro núcleo
familiar, ya sea de la familia extensa
(tías, abuelas...), o en familias
‘ajenas’, que se ofrecen para ello. El
acogimiento puede ser simple, si tiene
una duración determinada, permanente,
si es hasta la mayoría de
edad, o preadoptivo, que es cuando
la familia acoge al menor, antes de
formalizar la adopción, y se encarga
de su cuidado aunque el niño siga
bajo la tutela de la Administración.
En los dos primeros casos, las familias
deben tener claro que los menores
no se quedarán con ellos.

El psicólogo Santiago Agustín, que
trabaja habitualmente con familias y
menores, señala que “se contraponen
artificialmente los intereses de
los acogedores y los padres, y no se
permite el contacto y la colaboración
entre ellos”. Esto provoca que “volver
a su entorno original, después de
mucho tiempo integrados en otro lugar
y aislados del mismo, sea un trauma
y una agresión para los niños”.
Desde su punto de vista, con el que
coinciden otros muchos profesionales, es necesario promover que se
multiplique el trabajo y los contactos
con la familia de origen cuando
un niño pasa a acogimiento familiar.
También señala, “debería exigirse
que se favorezca el contacto
del niño con los acogedores una vez
termina el acogimiento”. María, por
ejemplo, quiere saber con quién y
dónde está Miguel, pero en la CAM
nadie le informa de nada.

Los límites del acogimiento

El Senado ha propuesto también la
introducción de las familias profesionales
de acogida,
es decir, personas
que, tras demostrar que están
capacitadas y haberse sometido a
los cursos de formación necesarios,
se dedican exclusivamente a la
crianza de niños desamparados.
“No puede ser que las fundaciones
trasladen su negocio al acogimiento
familiar”, advierte José
Luis Calvo. Varias “entidades sin
ánimo de lucro” que ya gestionan
servicios y centros de menores, están
metiendo el pie en el proceso
de acogimiento familiar. El ejemplo
paradigmático es O’Belén, que
no sólo tiene servicios de acogimiento
familiar en nueve provincias,
sino que mediante un convenio
de colaboración con la Universidad
de Las Palmas de Gran
Canaria y La Fundación Canaria
Universitaria de las Palmas, ha
puesto en marcha un título de
Experto Universitario en Acogimiento
familiar. La ‘bestia negra’
de los menores internados en centros
indica en su página web que el
curso surge “en un momento de
gran interés social”, que significan
los próximos cambios legislativos.

“La situación en la que se haya
Miguel, y que supone una desgarradora
separación de su madre,
pone de manifiesto que tanto la administración
como las empresas
privadas que contrata pueden llegar
a utilizar el acogimiento familiar,
una solución en principio positiva,
de forma inhumana”,
subraya
Agustín.

Familia frente
a orfanato

Aunque no hay una cifra oficial de
los menores tutelados, se calcula
que son cerca de 40.000, de los
cuales un 25% no ha cumplido
los seis años. El sistema de protección
español se caracteriza por
un uso intensivo del acogimiento
en residencias -75% de los menores-
lo que absorbe la mayoría
de los recursos. Estas cifras sitúan
al Estado español a la cabeza de
Europa en el número de menores
institucionalizados. Primar el acogimiento
familiar no sólo significaría
evitar la institucionalización sino
que implicaría además una
reducción de costes. Subvencionar
a una familia le cuesta al Estado
de 300 a 1.000 euros, frente
a los 3.500 y 6.000 por menor
que supone una institución.

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comentarios

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  • |
    ENRRIK
    |
    09/02/2013 - 9:25am
    YO A TODA ESTA GENTE LES VEO,COMO UNA MAFIA,NUESTROS HIJOS PARA ELLOS SON COMO,EL GANADO SOLO VEN DINERO,ES BERGONZOSO LO QUE ESTA PASANDO,COMO SE PUEDE PISOTEAR TODOS NUESTROS DERECHOS,COSTITUCIONALES,LOS PADRES SOMOS TRATADOS COMO DELINCUENTES,NUESTROS HIJOS LO MISMO,PERO QUE CLASE DE DEMOCRACIA,DE MIERDA ES ESTA,MIENTEN,DICEN DE NOSOTROS LO QUE LES DA LA GANA,A SI, CON TODA IMPUNIDAD,PERO BUENO,VIENE UN FUNCIONARIO. _Y DICE DE TI LO QUE LE DA LA GANA,Y A CALLAR,TE DESTROZAN LA VIDA Y LA DE TUS HIJOS,Y NADIE TE PROTEGE,
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