Por tercera vez en los últimos años, la fachada del Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos, situado en la plaza del mismo nombre de la ciudad de Málaga, ha aparecido cubierta de pintura roja.
Según ha trascendido hoy mediante un comunicado, un grupo de personas no identificadas
llevó a cabo esta acción de denuncia la madrugada del pasado primero de mayo, Día de los trabajadores.
Con esta medida, al igual que en otras ocasiones, se pretende denunciar el
régimen carcelario y la situación de alegalidad que viven las personas
recluidas en este Centro de Internamiento. Desde que entró en vigor la
Reforma de la Ley de Extranjería, cualquier persona extranjera sin papeles
en regla puede permanecen hasta un máximo de 60 días recluida en los
Centros de Internamiento,lo que sin duda supone una violación del
ordenamiento jurídico español. La no tenencia de documentación, según la
ley española, supone una falta administrativa, en ningún caso un delito,
pese a lo cual se castiga con la privación de libertad.
El vacío legal de estos centros de internamiento (CIE) favorece la
violación sistemática de los derechos fundamentales. En concreto, el CIE
de Capuchinos es tristemente famoso en el estado español por la
destitución, en 2006, de su máximo responsable tras demostrarse la
práctica continuada de abusos sexuales a las internas. Numerosos motines y
protestas posteriores demuestran que esta situación no ha cambiado
sustancialmente e incluso en el último año se han encerrado en sus
dependencias a bebés, como fue el caso de la pequeña Gift, originaria de
Sierra Leona. La huelga de hambre realizada por los internos del CIE de
Aluche (Madrid) hace un año y la revuelta de hace apenas unos meses ha
vuelto a poner ante la opinión pública una realidad sangrante.
En la actualidad, el CIE de Capuchinos se erige como una fortaleza en el
centro de la ciudad de Málaga que, no obstante, pasa desapercibida para la
mayor parte de su ciudadanía. La “sangre” que desde este momento cubre su
fachada pretende visibilizar el creciente rechazo de la sociedad española
ante este tipo de situaciones, sobre todo en un momento de crisis
económica que desde las instituciones públicas se trata de sortear
culpando a los eslabones más desprotegidos de la sociedad: los inmigrantes
sin papeles.
Esta acción incide una vez más en la reivindicación respaldada por decenas
de organizaciones sociales, sindicales y políticas: erradicación del
racismo institucional y cierre incondicional de los Centros de
Internamiento para Extranjeros y, entre tanto, creación de comisiones
independientes de seguimiento por parte de organizaciones de derechos
humanos.
NINGUNA PERSONA ES ILEGAL
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