"TELEVISIÓN PÚBLICA // AL QUITAR LA PUBLICIDAD DE TVE SE ""LIBERAN"" 600 MILLONES PARA LAS PRIVADAS"
La chapuza continuada de Zapatero

Quitar la publicidad de TVE es otra medida que se
aplicará antes de que se debata la Ley General
Audiovisual, otro apaño para salvar a las privadas.

14/05/09 · 13:59

El Gobierno de Zapatero no
va a eliminar la publicidad
para garantizar una mejor
TVE sino para beneficiar
a las televisiones comerciales con
una ‘subvención encubierta’ de 600
millones de euros. La reforma de la
financiación ayudaría a definir las
señas de identidad de la televisión
pública si al mismo tiempo se mejorara
el servicio (sobre todo la información)
y si el Gobierno explicara que
es imprescindible para la calidad
democrática, que es muy barata
y que no es un gasto sino una inversión
de gran rentabilidad social
como la sanidad y la educación.
Pero si el Gobierno (en el que un
sector del PSOE pretende, como el
PP, privatizar la televisión pública)
mantiene esta propuesta y siembra
la sensación de que es muy cara y
no se puede diferenciar de la comercial,
entonces provocará el desmembramiento
definitivo de la radiotelevisión
pública estatal.

El proyecto de ley para la reforma
de la financiación de RTVE es
una chapuza, por lo menos por tres
razones: plantea la reforma sólo
para la pública estatal sin incluir a
las televisiones de las comunidades
autónomas; cambia el modelo
de la ley de 2006 para la radio y la
televisión de titularidad estatal
(que costó 25 años de negociaciones);
y se anticipa a la Ley General
Audiovisual (LGA) que debe establecer
el escenario completo para
poder coordinar las reformas sectoriales
y condiciona la financiación
del servicio público a la obtención
de beneficios de las comerciales y
de las operadoras de telecomunicaciones.
Es una chapuza, un apaño,
otra improvisación.

Si el Gobierno cree necesario imponer
nuevos impuestos a las empresas
de telecomunicaciones y al
resto de televisiones, que lo haga.
Pero ese dinero debe ir a la caja general
de Hacienda (como pasa con
la tasa por el uso del espacio radioeléctrico)
y que el Parlamento decida
cuánto le corresponde a RTVE. Como
a todos los servicios públicos.
Por su parte el PP argumenta
que no vale la pena pagar RTVE,
mientras la televisión comercial es
igual y gratis. Ni es igual ni es gratis.
Se financia con los ingresos por
publicidad. Las empresas nos cobran
un poco más por los productos
que anuncian en televisión. Pagamos
todas las televisiones entre
todos aunque no tengamos televisor.

En realidad, el objetivo de la
televisión comercial no es ofrecer
una buena programación, sino
conseguir como sea la audiencia
para sus anunciantes. La publicidad
es el impuesto que garantiza
el negocio (sin rentabilidad social)
de las televisiones comerciales.

Si la televisión comercial funciona
en la impunidad es porque en
España no hay un Consejo Audiovisual
para garantizar el cumplimiento
de la legislación del sector.
Para la pública sí hay controles: supervisión
parlamentaria, vigilancia
política y administrativa sobre la
gestión económica, autocontrol
profesional en el pluralismo de la
información y derecho de acceso
para las iniciativas sociales. El ciudadano
podría notar la diferencia
si todo lo que acabo de mencionar
se cumpliera de verdad.

Lo lógico (democrático) sería
que tuviéramos desde hace 20
años una LGA a partir de la cual se
hubieran elaborado las regulaciones
sectoriales: el modelo público,
los negocios comerciales y el acceso
social. Pero los gobiernos del
PSOE y del PP lo han hecho al revés.
Cuando la LGA llegue al Congreso,
en vez de marcar las reglas
generales para la convivencia de lo
público, lo comercial y lo social, le
dará una cobertura formal a lo que
se ha ido imponiendo, mediante leyes,
decretos y reglamentos. Fruto
de pactos y negociaciones de los
gobiernos con los grandes grupos
de comunicación fuera de la democracia
parlamentaria.

Según el discurso (que no la
práctica) de la UE, asumido en España,
la televisión pública debe ser
garantizada como condición indispensable
para la calidad de la democracia,
el negocio de las televi-
siones comerciales debe ser controlado
cultural y económicamente y las
televisiones comunitarias deben facilitar
el acceso de las iniciativas sociales
para, en conjunto, establecer un
equilibrio de información, entretenimiento
y participación.

Pero aquí se ha hecho lo contrario.
Al desprestigio del servicio público
por la gubernamentalización de la
información se le ha añadido la jibarización
de RTVE con un ERE para
la mitad de la plantilla, precarización
laboral y profesional, reducción de
su proyección internacional y externalización
de la producción de informativos
y programas. A la televisión
como negocio se le concede una absoluta
impunidad, sin controles de
calidad, sin limites y transparencia
en la propiedad, se facilita su concentración
en corporaciones con
gran influencia política. Por contra,
se bloquea lo social (las radios y las
televisiones comunitarias), reduciendo
el pluralismo y paralizando el derecho
de acceso.

Hay que defender una televisión
pública sin publicidad, pero con la financiación
estatal necesaria y recuperando
su calidad y credibilidad para
que se convierta en una referencia
informativa no contaminada por intereses
políticos y económicos.
¿Por qué no organiza TVE un debate
sobre su financiación con partidos,
sindicatos y organizaciones sociales
junto a representantes de televisiones
públicas y comerciales?

Ver también:

Por fin una TVE sin anuncios, ¿a qué precio?

Una gestión plagada de pifias. Por Carlos Estévez

Otros artículos del autor sobre el tema:

[¿Hay lugar para los movimientos sociales en RTVE?->5451]

[Zapatero va a liquidar lo que Felipe González arruinó->768]

[Operación bonsai->519]

[Doble jubilación a la fuerza->1978]

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