REPRESIÓN // EL ZAPATAZO DE HOKMAN JOMA DA LUGAR A UNA NUEVA TORSIÓN DEL DERECHO PENAL
A la cárcel por el zapatazo a Erdogan

El kurdo Hokman Joma,
en prisión preventiva,
se enfrenta a doce años
de cárcel por lanzar
un zapato al coche del
primer ministro turco en
protesta por la negación
de derechos al
pueblo kurdo.

19/03/10 · 0:34

El 22 de febrero, el primer ministro
de Turquía, Recep Tayyip Erdogan,
recibió en el Ayuntamiento de Sevilla
el premio de la Fundación Sevilla
NODO Entre Culturas
, “por su labor
en pos del entendimiento entre
civilizaciones y culturas”. A la salida
del acto protocolario, el activista
kurdo Hokman Joma le llamó “criminal”,
al tiempo que le arrojaba un
zapato que impactó en el coche oficial.
Joma fue inmediatamente reducido
y puesto bajo prisión preventiva,
una medida excepcional de
dudosa aplicación en este caso,
pues se reserva a casos en los que
hay indicios de estar ante un delito
muy grave. La titular del juzgado 11
de instrucción de Sevilla consideró
justificada la medida por la “repercusión
internacional”, aunque decretar
la prisión preventiva por alarma
social es inconstitucional.

La asociación de juristas Grupo
17 de Marzo
se ha hecho cargo de la
defensa del detenido y ha denunciado
los excesos e irregularidades que
se están cometiendo. Se imputa a
Hokman Joma un delito de injurias
agravado por tratarse Erdogan de
un mandatario extranjero, algo que
es técnicamente discutible y no tiene
precedentes, dado que las exclamaciones
que profirió no han sido
hasta el momento merecedoras de
la consideración de delito.

Aunque fue reducido de manera
fulminante por las fuerzas de seguridad,
sin oponer resistencia alguna
y sin que consten lesiones causadas
a los agentes, también se le imputa
un delito de resistencia a la autoridad.
El zapato arrojado infructuosamente
por el periodista iraquí
Muntadhar al-Zeidi al presidente
Bush fue tasado en dos años de cárcel.
En el caso de Joma, la condena
por los tres delitos puede sumar
hasta 12 años de cárcel.

En 2004, Erdogan arropó la iniciativa
del presidente Zapatero para
la Alianza de las Civilizaciones; en
este sentido, en el marco de la presidencia
española de la Unión Europea,
el reconocimiento de la
Fundación Sevilla cobraba sentido.
Las buenas relaciones entre la UE y
Turquía se han solapado a la búsqueda
de respuestas al conflicto
kurdo
. Esta etnia habita territorios
de varios países, como Turquía,
Siria, Irán, Iraq y Armenia, lo que la
convierte en el mayor pueblo sin estado
del planeta. Pese a que recientemente
hay una mayor tolerancia
hacia manifestaciones culturales
kurdas, alentada por la Unión
Europea, desde la misma creación
de Turquía el conflicto ha estado
presente: rebeliones sofocadas a
sangre y fuego, miles de aldeas y poblados
destruidos, cientos de miles
de refugiados, leyes marciales, guerra
sucia, decenas de miles de muertos.
Capítulos de una historia que
tuvo un nuevo episodio en el acto
que llevó a cabo Hokman Joma.

Análisis// Un ejemplo de prisión
por motivos políticos

Por Luis Ocaña

En los últimos tiempos venimos
asistiendo al uso y
abuso de la prisión provisional
en el Estado español
como una medida netamente
represiva, pese a la evidente lesión
que supone sobre el derecho
a la libertad consagrado por el artículo
17 de la Constitución
. Esto
le sitúa a la cabeza europea en número
de personas en prisión preventiva
y pone en tela de juicio la
idoneidad de esta medida para
asegurar la paz.

Pese a que su uso desmesurado
entra en clara contradicción con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
los Juzgados de Guardia
la usan de forma indiscriminada y
generalizada y, ante la duda, optan
por enviar al imputado a la cárcel
forzando hasta el límite los requisitos
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Conforme al
Constitucional, la prisión provisional
es una medida excepcional,
porque supone encarcelar a una
persona cuya culpabilidad aún no
ha sido probada. Por ello se reserva
para casos en que haya indicios
claros de haberse cometido un delito
muy grave y exista riesgo de
fuga expreso, sin que pueda utilizarse
por motivos políticos o como
sanción. El caso de Hokman Joma
es una muestra palmaria de prisión
por motivos políticos, pues se envía
a la cárcel a un activista pro-derechos
humanos que no hace más
que plantear una reivindicación humanitaria
y social.

Frente a su comportamiento
–que en otro caso no iría más allá de
una falta en grado de tentativa– , la
jueza de instrucción encargada del
asunto justifica la adopción de esta
medida por la “repercusión internacional”
del asunto, contradiciendo
directamente la jurisprudencia
del Constitucional, que expresamente
ha declarado inconstitucional
el utilizar la alarma social de un
caso como justificación de una medida
de prisión provisional.

Destaca asimismo la desproporción
y la poca consistencia de los
numerosos delitos que se imputan
a Joma. Da la impresión de que se
le acusa de tantos , algunos de ellos
contradictorios entre sí y que podrían
implicar su encarcelamiento
por muchos años, para aumentar
la apariencia de gravedad y justificar
un ingreso en prisión jurídicamente
infundado. Y todo, a pesar
de la difusión de las imágenes de
la acción y detención del activista,
en las que se aprecia cómo los policías
y los guardaespaldas turcos
le bloquearon, le taparon la boca y
lo inmovilizaron contra el suelo.
No se atiende a que era una persona
desarmada, rodeada de policías
y guardaespaldas, reducida de
manera fulminante y sin posibilidad
de resistencia y se obvia la ausencia
de lesiones o denuncias por
parte de los policías implicados.

El resto de imputaciones no son menos
estrafalarias y da la impresión
de que obedecen antes a la intención
política de proyectar una imagen
de dureza frente a los hechos
que al respeto escrupuloso de las
normas penales vigentes.

En definitiva, se trata de imputarle
una serie prácticamente
imposible de delitos para agravar
la pena y justificar de ese
modo la prisión provisional, sorteando
la prohibición constitucional
de utilizarla como sanción
y quizás obedeciendo a presiones
políticas y diplomáticas
antes que a criterios jurídicos.
Aparentemente, la absoluta desproporción
de la respuesta judicial
en este asunto está relacionada
con el deseo político de
contentar al Gobierno turco en
un asunto relacionado no tanto
con la dignidad de su primer ministro,
como con el estatus del
pueblo kurdo en Turquía.

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