CASO UDALBILTZA: OCHO AÑOS DESPUÉS DEL INICIO DEL PROCESO, 22 CARGOS ELECTOS HAN SIDO ABSUELTOS
La Audiencia Nacional avala la legalidad de la defensa pacífica de cualquier proyecto político

La sentencia de Udalbiltza no sólo absuelve a los acusados, sino que diferencia el legítimo ejercicio de la actividad política y la actividad terrorista.

- El juicio a Udalbiltza, suma y sigue de los sumarios de excepción

Texto de Carmen Lamarca Pérez, abogada y catedrática de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid

16/02/11 · 8:00
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Foto: Udalbiltza.auzia

Una nueva sentencia de
la Audiencia Nacional,
dictada en el llamado
Caso Udalbiltza, nos
llena de esperanza. De nuevo, y al
igual que sucediera hace escasos
meses en el Caso Egunkaria, la resolución
no sólo absuelve a los
procesados del delito de integración
en la organización ETA sino
que motiva su decisión distinguiendo
entre lo que resulta un legítimo
ejercicio de la actividad política
y la actividad terrorista; una
doctrina poco ensayada en el seno
de la Audiencia Nacional que, por
el contrario, habitualmente difumina
las fronteras entre disidencia
y terrorismo.

En abril de 2003, el Juzgado Central
de Instrucción nº5 ordenó la detención
de 13 miembros de Udalbiltza.
Con posterioridad, esta cifra
llegaría a incrementarse hasta un
total de 22 personas, las que finalmente
fueron juzgadas. La acusación,
sostenida por el fiscal y la asociación
Dignidad y Justicia, mantenía
en realidad la tesis de la existencia
de dos Udalbiltza. La primera,
que sería legal, era la constituida
inicialmente, congregaba a representantes
de todos los partidos nacionalistas
vascos, y, en segundo
lugar, la resultante tras la asamblea
celebrada en febrero de 2002 en el
Palacio Kursaal de San Sebastián,
una nueva Udalbiltza dirigida por
representantes de la llamada izquierda
abertzale y sobre la que pesaba
la acusación de formar parte
de ETA.

De modo similar a la argumentación
realizada en el “caso Egunkaria”,
la sentencia desmonta una a
una las tesis de la acusación. Como
en aquel supuesto, señalan que de
la existencia de documentos de
ETA que se interesaban por el proyecto
e incluso trataba de influir en
el mismo no cabe derivar que la
asociación Udalbiltza estuviera bajo
su control, máxime cuando tampoco
ha podido establecerse una
relación de índole económica entre
ambas organizaciones. La sentencia
afirma
que resulta una “conclusión
inadmisible en Derecho” pretender
probar la integración en
banda armada por vía de contaminación,
esto es, por estar presentes
en actos o iniciativas de Udalbiltza
personas que posteriormente han
sido imputadas o condenadas por
su relación con ETA.

Como la propia sentencia señala,
descartado lo anterior, la acusación
se reducía a la coincidencia de alguno
de los fines políticos de Udalbiltza
con los de la organización
ETA. En este sentido, ya se ha señalado
en muchas ocasiones que la
integración en un grupo terrorista
no se produce por la coincidencia o
la comunión con sus fines ideológicos.
Si lo que pretendía Udalbiltza
era defender o favorecer la idea de
un Estado independiente y euskaldún,
estas finalidades resultan perfectamente
lícitas en un Estado
democrático donde lo único que
justificaría su persecución sería
que el logro de estos fines se realizara
por medios violentos; como
de igual modo cabe perseguir la
conservación por medio de la violencia
de un Estado nacionalista español.
No es, pues, la defensa de fines
distintos a los mayoritarios lo
que puede calificar como ilícito un
proyecto o programa político. Cabe
así, por ejemplo, defender la República
frente a la Monarquía, la confesionalidad
frente al laicismo o el
federalismo frente a las autonomías
o postulados mucho más radicales
siempre y cuando se respeten
las reglas del juego. Ésto es, siempre
que la defensa se realice por
cauces no violentos.

Sin violencia es legítimo
Pues bien, precisamente a favor de
esta tesis se pronuncia expresamente
la sentencia del caso Udalbiltza.
En este sentido, señala: “En
un Estado democrático quedan fuera
del ámbito penal la acción política
y las opiniones y manifestaciones
ideológicas, gusten éstas o no,
sean mayoritarias o minoritarias,
sean compartidas o no”. Incluso,
llega a señalar de forma literal
–contrariamente a lo manifestado
en otras ocasiones y en otras normativas–:
“Cuando éstas repugnen
a la inmensa mayoría, como ocurre
con el silencio o la falta de condena
de los atentados terroristas”. Finalmente
afirma que es “lícita la defensa,
por procedimientos pacíficos,
de todas las ideas, incluidas las
secesionistas o soberanistas... sin
que ello implique un ataque a la
norma constitucional ni pueda tildarse
de legalidad alternativa una
reunión asamblearia de ciudadanos
ni de cargos electos”. En definitiva,
la sentencia viene a concluir
que Udalbiltza es una asociación
nacionalista y la defensa de estos
postulados, aunque coincidan con
los fines de ETA, no la convierten
en una asociación terrorista.

A la gran esperanza surgida tras
la reciente declaración por parte de
ETA de un alto el fuego “permanente,
general y verificable”, que nos ha
hecho creer que la paz es posible, se
suma ahora esta nueva doctrina de
la Audiencia Nacional que avala la
legalidad de la defensa pacífica de
cualquier proyecto político. Todo
debería invitar a nuestros gobernantes
a cuestionarse y modificar la Ley
de Partidos y la excepcional legislación
antiterrorista
que, como tantas
veces se ha señalado, incluso por el
relator de Naciones Unidas, resulta
muy poco respetuosa con las garantías
y los derechos de los ciudadanos,
deberá posibilitar de este modo
el diálogo y la participación política,
abriendo un inequívoco tiempo para
la esperanza.

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