Acción de protesta contra la violencia policial en Caracas. Foto: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

“Llegaron y dispararon sin mediar
palabra”, afirmaba la familia de J.P.
Quiroz. Según su denuncia, J.P. habría
sido ajusticiado por la policía, el
15 de diciembre, en su propia casa
en un barrio de Caracas. Siempre según
esta versión, la policía habría
alegado que el joven estaba en busca
y captura. “Le ajusticiaron y le pusieron
el arma”, denunciaba la madre
del joven S.H.F., muerto el 9 de noviembre
en un supuesto enfrentamiento
con la policía también en
Caracas. Según la autopsia, recibió
tres tiros a quemarropa en la nuca.
Dos casos que son tan sólo un botón
demuestra de las numerosas denuncias
de abuso policial que periódicamente
se producen en el país.

“Venezuela hizo una impecable
presentación de lo que son los avances
y la promoción de los Derechos
Humanos (DD HH) en materia de
educación, erradicación de la pobreza,
salud, ambiente y justicia. Hay un
reconocimiento y un apoyo por parte
de los Estados presentes, que destacan
el avance en materia de DD HH”,
aseguraba la fiscal General de la
República, Luisa Ortega Díaz, el 22
de octubre, valorando los resultados
del Examen Periódico Universal
(EPU) que acababa de afrontar, días
antes, el gobierno venezolano. El
EPU es una evaluación cuatrianual a
la que el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU somete a sus Estados
miembro. El formato de estas
comparecencias permite que las organizaciones
de DD HH planteen sus
críticas a los gobiernos.

Cambio de modelo policial

En esta ocasión también intervinieron
ONG venezolanas como La Red
de Apoyo por la Justicia y la Paz, especialmente
centrada en la defensa
de los derechos de los sectores populares,
y que lleva 27 años denunciando
abusos policiales. En su informe
reconoció los esfuerzos en
materia de derechos humanos y los
avances en materia de reforma policial
y prevención de los delitos
policiales realizados por el Gobierno
venezolano. Sin embargo, también
denunció los altos niveles de impunidad
e inseguridad ciudadana. Y
resaltó que la tortura es “una práctica
generalizada a lo interno” de los
cuerpos policiales y militares.

Esta es otra de las profundas paradojas
que atraviesan tanto al proceso
chavista como al resto de los procesos
de cambio político y de redistribución
de la renta en América Latina.
Si por un lado el parlamento venezolano
no ha aprobado todavía una ley
contra la tortura, pese a que se trata
de un mandato constitucional pendiente
desde 1999, por otro, son indiscutibles
los esfuerzos del Gobierno
por someter a los cuerpos policiales a
la ley.

Así, el gobierno puede presentar
como logro indudable la reciente
puesta en marcha de la Policía
Nacional Bolivariana, cuyas banderas
son el respeto a los derechos humanos
y el servicio al pueblo. También
destacan la disolución de la
tristemente célebre Policía Metropolitana
de Caracas, la creación de la
Universidad Experimental de la
Seguridad (UNES) y la elaboración
de leyes para definir la función policial.

“Pero eso no va a ser suficiente:
es necesario que las comunidades se
organicen (…) para denunciar los
abusos y atropellos cometidos por
funcionarios policiales” dice la web
del Consejo General de Policía de
Venezuela. Consejo cuya secretaria
ejecutiva, Soraya El Achkar, una histórica
activista por los DD HH, que
es también la rectora de la UNES, declaró
recientemente: “Llevo 25 años
denunciando policías y acá estoy”.