Todos absueltos. El 16 de julio el
Tribunal de Oeiras, cerca de Lisboa,
hacía pública la sentencia por la que
absolvía de los delitos de motín, daños
e incendios a “los 25 de Caxias”.
Desde su inicio, el pasado 5 de
marzo, la falta de consistencia del
juicio ha podido medirse en el hecho
de que el Ministerio Público sólo
ha llevado a juicio a 25 de los 180
detenidos en las protestas ocurridas
en 1996, y que ha acabado, en sus
alegaciones finales, a primeros de
julio, por pedir la condena de sólo
dos de ellos. Por su parte, la defensa,
que pidió la absolución de todos
los acusados, había puesto el acento
en la denuncia de las condiciones
de vida en las prisiones portuguesas.
Y es que ése es, de hecho, el
centro de la cuestión.

LISBOA. Una reciente protesta contra el sistema penitenciario en una plaza de la capital.

El 23 de marzo de 1996, se produjo
en la prisión de Caxias, un
fuerte situado en los alrededores de
Lisboa, una protesta de cerca de 180
presos contra las malas condiciones
de vida, expresamente contra la masificación
en las celdas. La protesta,
pacífica, fue reprimida con brutalidad
por los guardias de la prisión
que usaron porras, balas de goma y
gas lacrimógeno. En los días siguientes,
los presos fueron apaleados
de modo selectivo e individual,
y colocados en régimen de
aislamiento. Estos hechos fueron
presentados ante la opinión pública
como un “motín en Caxias”. Los
25 detenidos que ahora han sido
juzgados, fueron señalados por la
administración penitenciaria y por
el Ministerio Público como los “cabecillas”
de dicho “motín”.
Las protestas en las cárceles portuguesas
han sido frecuentes. Y la
mayor parte de sus causas son similares
lo que demuestra que algunos
de los vicios del sistema penitenciario
luso permanecen sin cambios.
En 1985, los presos de Valle de
los Judíos, a 50 km al sur de Lisboa,
se amotinaron para protestar contra
los golpes sistemáticos infligidos
por los guardias. En 1987, en la penitenciaria
de Lisboa se produjo una
protesta espontanea ante una paliza
con porras a un preso, a la vista
de todos los demás. En 1989, estalló
otra protesta en la cárcel del Linhó,
a 20 km al oeste de Lisboa, tras la
muerte de un preso que estaba en
régimen de aislamiento. El director,
el subdirector y el médico de la prisión
fueron cesados como consecuencia
de los acontecimientos.
En enero de 1994, 18 reclusos de
la cárcel de Coimbra, en el centro
del país, iniciaron una huelga de
hambre exigiendo cumplir la pena
en centros más próximos a sus localidades
de origen. Las protestas
desarrolladas ese mismo año, en
enero y después en marzo, vienen a
culminar en una sucesión de diversas
luchas. El sistema penitenciario
estaba al borde de la ruptura. La insatisfacción
de los presos era generalizada.
La lucha desencadenada
en marzo de 1994 fue cuidadosamente
organizada por los presos
que entraron en huelga de hambre
en olas sucesivas para prolongar la
protesta. Al mismo tiempo, hicieron
llegar comunicados a los medios,
que no tardaron en difundir. La lucha
arrastró a varias prisiones del
país. Centenares de presos se sumaron
a la huelga de hambre.
La organización de la lucha sorprendió
a la administración penitenciaria,
que intentó quebrar la
resistencia transfiriendo y aislando
a los presos. De nuevo, la brutalidad
vino de arriba: un preso
en huelga de hambre, Carlos Pereira,
trasladado del Valle de los
Judíos a la penitenciaría de Coimbra,
apareció muerto en unas dependencias
de esa cárcel. Hasta
hoy, no se han aclarado las circunstancias
de esa muerte.
La lucha terminaría en mayo, tras
una amnistía que liberó a 1.500 presos.
Poco tiempo después, en julio,
el director general de la administración
penitenciaria, un inspector de
prisiones de carrera, fue sustituido
por un juez. La situación era tan
grave que el nuevo director general
inicia una reforma del sistema penitenciario.
Con ello concitó el odio
de las redes mafiosas que imponen
la ley dentro de las prisiones. Dimitiría
un año y medio después diciendo
que el sistema penitenciario había
“tocado fondo” y que él había
sufrido amenazas de muerte. El
contexto para la revuelta de 1996
en Caxias estaba definiéndose. La
población carcelaria volvió a crecer
en una medida sin proporción con
el aumento de la criminalidad y que
algunos atribuyen al “exceso de celo”
de las autoridades policiales y
carcelarias, jueces y magistrados.
Las exigencias enarboladas por
los presos de Caxias en 1996 tuvieron
de nuevo que ver con problemas
recurrentes del sistema penitenciario
portugués: masificación,
insalubridad, mala alimentación,
explotación laboral de los presos,
agresiones... En este cuadro tiene
especial relieve la violencia, física y
psicológica, de la que son objeto los
reclusos. Esta violencia se traduce
en el alto número de muertes ocurridas
en las cárceles, sobre las que
hay datos escasos, pero ilustrativos.
En 2000, la tasa de muertes en las
cárceles portuguesas fue de 60 por
cada 10.000 reclusos (la media en
los países europeos fue de 31). En
2005, esa misma tasa se situaba en
72, alcanzando en números absolutos
los 93 muertos: 43 por enfermedad
y 35 por razones desconocidas
Entre 2003 y 2005 se suicidaron 46
presos: más de uno por mes.