TRIBUNALES // EL TERRORISMO DE ESTADO DE LOS "80"
El irrenunciable derecho a saber la verdad del GAL

La Audiencia Nacional acaba de cerrar la última página de la historia judicial de los GAL sin que ningún tribunal haya investigado a sus creadores intelectuales.
Texto de Begoña Lalana, abogada madrileña que ha representado a la Acción Popular contra los GAL.

17/06/11 · 22:47

El 12 de mayo de 2011, la
Sección 3ª de la Audiencia
Nacional dictaba Sentencia
por la que absolvía al que
fuera Jefe Superior de Policía de
Bilbao, Miguel Planchuelo Herresánchez,
de los delitos de pertenencia
a banda armada y seis asesinatos
frustrados.

El proceso se celebró 25 años después
de los atentados contra los bares
Batxoki y Consolation, 20 años
después que el juicio contra José
Amedo y Michel Domínguez. De forma
prácticamente unánime, los medios
de comunicación publicaron que
se había cerrado la última página de
la historia judicial de los Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL).

Pero lo cierto es que la historia de
los GAL se cerró con llave mucho antes.
Como todos los fenómenos de
terrorismo de Estado, la actividad delictiva
del GAL nació con vocación
de impunidad.

El poder tiene tendencia
a ser benigno consigo
mismo, a permitir
conductas que no
toleraría en otro caso

Como recordaba el auto del Pleno
de la Sala de lo Penal relativo al conocido
como caso Pinochet: “Debe
tenerse en cuenta que las muertes,
lesiones, coacciones y detenciones
ilegales aludidas eran efectuadas en
la clandestinidad, no en ejercicio regular
de la función oficial ostentada,
aunque prevaliéndose de ella”.

Los llamados a investigar los crímenes
del terrorismo de Estado,
son personas integradas en el propio
Estado y en la mayoría de los
casos subordinadas a quienes
adoptan las decisiones.

JPG - 212.6 KB
 
Arrano

La función del proceso penal

El poder tiene tendencia a ser benigno
consigo mismo, a permitir conductas
que no toleraría en otro caso.
No es necesario retroceder en los
principios de los años ‘80, en los que
los GAL llevaron a cabo sus siniestras
actividades, para encontrar
ejemplos de ese trato.

Tan sólo hace unos meses, el 7 de
noviembre de 2010, en una entrevista
al diario El País, quien era presidente
del Gobierno durante la actividad
terrorista de los GAL; reconoció
que se había sometido a su consideración
volar la cúpula de ETA, manifestando
de forma espontánea que
ese tipo de decisiones le correspondía
adoptarlas a él. Ningún poder del
Estado ha abierto una investigación
sobre estas revelaciones, a nadie parece
interesar qué institución pública
discutía con el presidente de
Gobierno acerca de cometer un crimen,
de quién partió la iniciativa, si
otros dirigentes políticos intervenían
en aquellos debates, etc.

La función del proceso penal es
ante todo, descubrir la verdad material:
la mayoría de los atentados cometidos
por los Grupos Antiterroristas
de Liberación no han sido sometidos
a enjuiciamiento. Los que sí se
han presentado ante los tribunales
españoles o franceses han sido enjuiciados
sin examinar quienes fueron
los autores intelectuales de los GAL,
nunca se sometió tampoco a enjuiciamiento
el papel de los servicios
secretos –españoles y franceses– en
la trama, numerosas preguntas siguen
sin respuesta judicial.

La condena de quien fuera ministro
del Interior del primer Gobierno
de Felipe González, José Barrionuevo;
y del secretario de Estado de
Seguridad, Rafael Vera, por el secuestro
de Segundo Marey, o de éste
último por los pagos a Amedo para
garantizar su silencio, fue suficiente
para muchos: certificaba la responsabilidad
gubernamental.

Es derecho de cualquier ciudadano
de una sociedad democrática ejercer
activamente el control sobre los
funcionarios y los gobernantes que
no ajustan su actuación a la legalidad.
Como ya se recogiera en la
Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, en 1789, la
sociedad tiene derecho a pedir cuentas
a todo agente público sobre su
administración.

De ninguna forma
hemos de renunciar al
derecho de saber quiénes
idearon y ordenaron
estos crímenes

La contribución de las personas
que en 1988 se personaron en el
Sumario 1/88 para ejercitar la acción
popular ha sido un modesto
ejemplo del ejercicio de un derecho;
el de la búsqueda de la verdad y la
toma de posición activa en contra
de la impunidad.

En ese empeño han destacado en
muchos casos las propias víctimas
del GAL y sus defensores, que lograron
avances significativos en la investigación,
como la desclasificación
de los papeles del CESID.

Hay también un buen número de
periodistas que han trabajado en
busca de una información completa
sobre esta historia inacabada, y aún
hoy continúan indagando en las cloacas,
españolas y francesas.

Entre el primer crimen de los
GAL en 1981 –el secuestro, tortura
y asesinato de Lasa y Zabala– y el
último hasta ahora conocido –la reivindicación
en nombre de los GAL
del asesinato del parlamentario
Josu Muguruza e intento de asesinato
de Iñaki Esnaola, el 20 de noviembre
de 1989 en Madrid– hay
casi 30 víctimas mortales que tienen
derecho a la verdad.

En 1985 la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, estableció
que “toda sociedad tiene el
irrenunciable derecho de conocer la
verdad de lo ocurrido, así como las
razones y circunstancias en las que
aberrantes delitos llegaron a cometerse,
a fin de evitar que esos hechos
vuelvan a ocurrir en el futuro”.

Es posible que el tiempo haga que
prescriban los delitos antes de que
lleguen a enjuiciarse, pero de ninguna
forma hemos de renunciar al derecho
de saber quiénes idearon y ordenaron
estos crímenes, y así colocar
a cada uno en el lugar que le corresponde
en la historia.

En el caso de los GAL, es necesario
que podamos incorporar a nuestra
propia memoria colectiva lo que
fue verdaderamente aquella organización
y quiénes fueron los responsables
de los asesinatos, verdaderas
ejecuciones extrajudiciales, y de la
ruptura del sistema de garantías y
derechos que son universalmente reconocidos
para cualquier ciudadano.

Esta es la mejor forma de cerrar
la herida abierta, cada hecho esclarecido
será un punto de sutura, cada
hecho impune, un riesgo para
cada uno de nosotros.

22 MUERTES SIGUEN SIN JUZGARSE

En abril se celebró la
vista contra el que
fuera jefe superior de
Policía de Bilbao, acusado
de haber financiado
en 1986 los
ametrallamientos de
dos bares en el sur de
Francia, que dejaron
seis heridos graves
(entre ellos dos niñas).
El sumario había sido
concluido hacía más
de 12 años pero estuvo
varios años «traspapelado»
en la Audiencia
Nacional. En ese
contexto, Eusko Alkartasuna
y Aralar presentaron
en el parlamento
vasco una proposición
no de ley para que fuera
reconocida «justicia,
reparación y verdad» a
las víctimas del GAL y
los grupos de extrema
derecha, e instaba al
Gobierno español y al
Poder Judicial a reabrir
los procedimientos judiciales.
Los votos de
PSE, PP y UPyD lo impidieron.
En el debate,
se recordó que ni uno
solo de los pocos condenados
por los GAL
sigue encarcelado y
que han sido indultados.
Todavía quedan
sin juzgar 22 muertes
causadas por los GAL.

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar por e-mail Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

2

  • |
    anónima
    |
    19/06/2011 - 2:46am
    Luz y limpieza a fondo. Mantener vivo el recuerdo de todos los que aún sufren sin el reconocimiento debido a su dolor, pero que ven como les restriegan constantemente el de otros, simplemente por su postura política, sigue siendo algo muy visible en muchos y grandes >>medios<< desinformadores. Es ya momento de que se aclaren y reconozcan esos >>sucesos<< padecidos, no hace mucho por un gran sector de la población. La exigencia de las más altas instancias del Estado a que un grupo de ciudadanos renuncie a sus posturas políticas y al mismo tiempo, niegue los abusos que se cometen en su contra, incluso dandose publicidadde ello, no es de recibo. Cuando los poderes públicos se muestran prepotentes ante sus ciudadanos, a los que debe servir, y reconoce solo los agravios de una parte, entonces genera siervos. El siglo XXI no es tiempo para mantener subditos. Los ciudadanos exigimos todos los derechos, sin ceder ninguno. La justicia debe ser igual y rápida para todos, al menos cumplan lo marcado en la Constitución.
  • |
    anónima
    |
    18/06/2011 - 1:35pm
    Bajo nuestro manto de hipocresía esto es así..."nadie" se va a mojar en juzgar a los implicados en el Gal. Ya que se "supone" que lo hacían por el "bien" del estado. Y no quieren quedar para muchos votantes como que castigan a los "buenos" aunque lo hayan hecho mal mientras hay muchos "malos" en la calle. Naturaleza humana la hipocresía es.... Respecto a las fuerzas del estado se ve claramente que sus dirigentes no tienen herramientas para cumplir su función...o no hacen nada, o lo hacen todo...en casi todos los aspectos de sus funciones. Saludos.
  • Arrano
    separador