“Las medidas que se están adoptando
no permitirán resolver la crisis
porque sólo se encaminan a facilitar
que los de por sí más privilegiados,
obtengan más cómodamente sus beneficios”,
así de contundentes se
muestran los más de 1.500 profesores
universitarios de todo el Estado
que han suscrito el manifiesto Universitarios
contra la Crisis en el que
reivindican una toma de conciencia
de la sociedad y más debate de ideas.

POR LA BIODIVERSIDAD.
Reunión en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Foto: Ángel Navarrete.

En lugar de una deliberación, lamentan,
predomina la imposición
“porque los poderes financieros y
económicos se imponen continuamente
a las instituciones representativas”,
lo que supone una amenaza
real para el poder soberano depositado
en las instituciones democráticas.
Se quiere hacer creer a la ciudadanía
que las medidas adoptadas, las
consignadas por las grandes corporaciones
y las burocracias europeas,
son las únicas posibles. “Hay otras
salidas a la crisis mucho más eficaces
y favorables para el bienestar”,
sostienen.

“Somos conscientes de la dificultad
de tomar hoy día medidas diferentes
a las que proponen la patronal
y los grandes financieros. Pero
la experiencia también nos enseña
que cuando la ciudadanía se empodera
y conoce bien lo que pasa a su
alrededor es capaz de influir y de
torcer las decisiones que le obligan
a ir por los caminos que no desea
transitar”, explican.

Los firmantes defienden una reforma
profunda del sistema financiero
responsable de la crisis y el modelo
público de banca como motor de
inversión que permita generar empleo.
También arremeten contra una
reforma laboral elaborada “con el
propósito principal de debilitar el poder
de negociación de los trabajadores”.

“Tratar de salir de la crisis reduciendo los salarios y las rentas de la mayoría de la población es como querer salir del hoyo tirándose de los pelos”, aseguran. En paralelo se han aprobado otros textos como el Manifiesto por la Conservación de la Biodiversidad que denuncia la “insostenibilidad del modelo productivo, económico y territorial actual”, o la declaración de expertos suscrita por varias universidades de todo el mundo, que señala la amenaza para el interés público del Acuerdo Contra la Falsificación Comercial (ACTA) que negocian las principales potencias para endurecer la legislación antipiratería de forma similar a como se intentó hacer aquí con la Ley de Desarrollo Sostenible.