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Finalmente, el 8 de septiembre el
Parlamento Europeo dijo lo que pensaba
del Acuerdo Comercial de
Lucha contra la Falsificación
(ACTA): en primer lugar, que las negociaciones
entre la Comisión y el
resto de países firmantes deben ser
públicas y, en segundo lugar, por lo
que atañe a lo que se va sabiendo del
contenido de la norma, que debe garantizarse
la neutralidad de la red.

Es, por tanto, una rectificación del
Parlamento al trabajo que la Comisión,
opaca y secretista, lleva desarrollando
desde 2008 con Estados
Unidos, Suiza, Japón, Australia, Corea
del Sur, Nueva Zelanda, México,
Jordania, Marruecos, Singapur, los
Emiratos Árabes Unidos y Canadá.

La tarea que emprendieron distintas asociaciones
en defensa de los derechos de
los internautas ha tenido éxito.
Entidades como La Quadrature du
Net, EXGAE o Hacktivistas animaron
a la ciudadanía a presionar a los
europarlamentarios para que firmaran
la declaración contra el ACTA.
En total, 377 diputados –ocho más
de los necesarios– dieron su apoyo al
documento. Cuando el presidente
del Parlamento haga oficial la opinión
de la cámara, la Comisión, que
es la que detenta el poder de decidir
en este ámbito, recibirá un claro
mensaje político sobre la posición
que debe adoptar la Unión Europea.

Puede considerarse, pues, como la
mayor victoria política de las asociaciones
en defensa de los derechos de
los internautas y el primer toque de
atención significativo a los negociadores
del ACTA. Si la Comisión obedece
al Parlamento, probablemente
la Unión Europea saldría de dicho
tratado, con la relevancia que conllevaría
que Europa no lo firmase.

Sin embargo, aún no se puede
cantar victoria. Por una parte, la declaración
del Parlamento no tiene incidencia
jurídica, por lo que estrictamente
la Comisión no tiene las manos
ligadas del todo. Por otra parte,
pese a ser un actor de primer orden,
la UE no es la única firmante del
Acuerdo contra la falsificación, por
lo que aunque la Comisión saliese
del tratado no significaría su muerte.

Las filtraciones del ACTA

Las pocas noticias que se tienen sobre
el ACTA, gracias a eventuales
filtraciones vía Wikileaks, auguran
un endurecimiento de los derechos
de propiedad intelectual existentes
mediante un nuevo marco legal y,
quizá una nueva institución de gobierno,
paralela a la ONU, a la OMC
e incluso a la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
(OMPI). Aquello que despierta más
miedos y recelos es sin duda las
consecuencias que todo ello va a tener
en los derechos de los ciudadanos
como internautas.

Una de ellas es la posible generalización
de la norma, ya implantada
en Francia, de los tres avisos,
por la que después de tres infracciones
de los derechos de copyright
un internauta podría ser privado
de la conexión. Otra sería la
obligación de las operadoras de
telecomunicaciones de controlar
los contenidos que circulan por
sus redes. Por usar una metáfora,
dichas empresas pasarían de ser
como un servicios de correos, en
el que el cartero no responde del
contenido de cartas y paquetes, a
ser como una cadena de televisión,
que se encarga de controlar
todo lo que se emite.

Mientras tanto, siguen las luchas
en torno al intercambio de contenidos,
con una de cal y otra de arena.
El mismo día que el Parlamento
Europeo emitía su declaración, una
operación policial que afecta a 14
países europeos ha terminado con
la detención de diez webmasters y
la clausura de 48 páginas web. Por
otra parte, también a mediados de
septiembre, el Tribunal Federal de
Suiza declaró ilegal la actividad de
la empresa Logistep, que se dedicaba
a facilitar direcciones IP sospechosas
de realizar descargas mediante
redes P2P.