GUATEMALA // MÁS DE 46.000 AGRESIONES EN 2010
Las instituciones, responsables del feminicidio

Tres años después de la aprobación de la Ley contra el Feminicidio y una publicitaria política de “mano dura”, la violencia contra la mujer persiste en Guatemala.
Texto de Beatriz Fernández Molinero.

20/05/11 · 8:00
Edición impresa

La Ley contra el Feminicidio, aprobada
en Guatemala en abril de 2008,
fue un hecho insólito en Centroamérica.
Se trataba de la primera legislación
que aceptaba el término “feminicidio”
a nivel jurídico, pues hasta
entonces el debate había quedado relegado
a un ambiente académico y a
determinados espacios de la opinión
pública guatemalteca. La presión de
las organizaciones de derechos humanos
abrió, entonces, la posibilidad
de sancionar con severidad una
epidemia que en 2007 llegó a alcanzar,
según datos oficiales del Ministerio
Público, 7.638 denuncias de violencia
contra la mujer.

La ley, que tipifica los actos de misoginia
y castiga con hasta 50 años
de prisión el delito de feminicidio, incluye
también medidas de apoyo a la
víctima a través de un programa de
resarcimiento. Pero la particularidad
de esta ley, acogida con éxito por el
parlamento y las organizaciones de
mujeres, es que significó el reconocimiento
institucional de la alta desigualdad
de género de la sociedad
guatemalteca. La labor de denuncia
ejercida por la Procuraduría de Derechos
Humanos (PDH) y las asociaciones
feministas ante los altos índices
de secuestros, violaciones y asesinatos
implicó entender que la violencia
machista se había complejizado.
Y se abrió el debate de la
tipificación de estos crímenes. En
una sociedad fuertemente patriarcal
como la guatemalteca, la mujer es
vista como un blanco fácil si transgrede
los patrones sociales establecidos.
Si camina a una hora ‘imprudente’,
si no va acompañada, si lleva
una determinada vestimenta, si frecuenta
zonas de socialización ‘atribuidas’
generalmente a hombres, o
si adquiere una cierta autonomía en
lo laboral y personal, esa mujer se
convierte en una amenaza que perturba
el orden androcéntrico –basado
en el punto de vista masculino–
establecido. La agresión no queda limitada
únicamente al ámbito privado
o familiar. Lo desconocido, lo público
y lo colectivo adquieren una
nueva dimensión en estos crímenes.
La víctima ya no es solamente una
conocida del agresor, puede ser una
persona anónima para él. Los actos
de misoginia acaban por deshumanizar
a la víctima y por convertirla en
un objeto sobre el que descargar, por
el hecho de ser mujer, odio e ira.

La construcción patriarcal de la sexualidad
se expande en muchos sectores
de la sociedad guatemalteca.
Según un informe de Médicos del
Mundo, durante el último año se contabilizaron
alrededor de 10.000 violaciones.
El Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales de
Guatemala expuso que el 94% de las
mujeres detenidas en comisarías de
la Policía Nacional Civil (PNC) sufren
abusos por parte de los agentes.
La edad de la mayoría de las víctimas
va desde los 13 hasta los 25 años y,
generalmente, provienen de familias
con escasos recursos económicos.

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CONTRA EL MACHISMO. El machismo en Guatemala es estructural y son las propias instituciones las que favorecen la desigualdad. EMMA MARSHALL

La herencia de la impunidad

Según la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG), el país afronta un índice de
99,75% de impunidad. Corredor y
vía de paso al narcotráfico, Guatemala
se configura como un embudo
de mercancías y personas que se dirigen
al norte, mientras los cárteles
y las maras se reparten el territorio.
El número de armas en circulación
ronda las 800.000, según estimaciones
de instituciones de seguridad.

Tras un conflicto armado que duró
36 años y que arrasó con los considerados
enemigos al régimen –sectores
estudiantiles, profesorado, familias
campesinas e indígenas, sindicalistas
y religiosos, entre otros–, las
fracturas sociales no han sido superadas.
Las campañas militares contrainsurgentes
en la década de los
años ‘80 formaron y especializaron
al ejército en técnicas de tortura –que
iban desde la agresión sexual hasta
la mutilación–, desapariciones forzadas,
secuestros, ejecuciones extrajudiciales
o masacres. Esta violencia
sistemática, que servía para infundir
terror en la población contó con el
respaldo institucional. La impunidad
y la falta de transparencia a la hora
de esclarecer crímenes son, pues, la
herencia de una sociedad que ha
quedado desestructurada y cuyas
instituciones presentan una alta corrupción
y una mínima autonomía.

La mayoría de los casos
son atribuidos a una
‘venganza personal’,
seguidos del epígrafe
‘por establecer’

Mientras tanto las relaciones desiguales
de poder se mantienen, lo que
se refleja en los homicidios y en la
configuración de un estado patriarcal
que es incapaz de afrontar los
asesinatos de mujeres. La mayoría
de los casos son atribuidos a una
‘venganza personal’, seguidos del
criterio ‘por establecer’ o ‘nexos con
el narcotráfico’. En último lugar se
achacan a la vinculación a ‘maras’,
por ‘suicidio’, ‘problemas pasionales’
o ‘violación’. Una sociedad que adolece
de un machismo estructural y
en la que ciertos sectores asumen la
violencia para resolver conflictos,
termina por generar un doble juego:
las leyes y las instituciones que deben
hacer justicia son las mismas
que perpetúan esa desigualdad. Según
la PDH, existe una clara discriminación
a la hora de abordar un juicio
si la víctima es una mujer. ‘Ella
puede esperar’. En otras ocasiones,
el juicio revierte la situación y la sentencia
acaba por justificar el trágico
desenlace por la vinculación de la
mujer a redes de corrupción.

El desamparo institucional de las
víctimas hace al Estado de Guatemala
responsable de estos delitos.
Las relaciones de poder prevalecen
sobre la justicia que puede llegar a
ser un espejismo cuando las redes de
dominación quedan respaldadas por
los aparatos gubernamentales. Rehén
de una apariencia de ‘mano dura’
y de la exigencia –cada vez mayor
de ciertas agrupaciones que confían
firmemente en la necesidad de militarizar
el país con el fin de disminuir
los índices de violencia–, la construcción
de una imagen institucional que
apuesta por políticas represivas en
detrimento de las preventivas domina
el panorama.

Mientras los agresores siguen impunes
y se perpetúa la discriminación
de género, en lo que va de año
los datos oficiales contabilizan únicamente
el asesinato de 174 mujeres.
Cuatro menos que las ‘supuestamente’
ejecutadas el año pasado por
estas fechas. Desde la aplicación de
la Ley contra el Feminicidio, sólo
17.687 casos fueron denunciados ante
la justicia. Pero de todas estas denuncias,
sólo 42 han desembocado
en una condena.

EL 75% DE LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LAS MUJERES NO SON DENUNCIADOS

Tres años después de la entrada
en vigor de la Ley contra el Feminicidio,
el Ministerio Público registró
en sus memorias anuales
8.500 denuncias y más de 700
asesinatos de mujeres durante
2008. Ese mismo año, la Fiscalía
de la Mujer resolvió 42 casos.
Durante 2010 se registraron más
de 12.000 querellas y 695 asesinatos
de mujeres -el 90% fueron
acribilladas a tiros- y hubo menos
de un centenar de casos resueltos.
La Fiscalía de la Mujer
considera el aumento de las denuncias
como una de las consecuencias
positivas de la propia
ley, aunque muchas voces sostienen
que la realidad permanece
aún oculta. Lo cierto es que Guatemala
carece de una institución
nacional de medicina legal y las
cifras se dispersan entre el Ministerio,
la policía y algunas morgues.
Por lo pronto, existen grandes
diferencias entre los datos
que proporciona el Ministerio y la
PNC y las difundidas por instituciones
no gubernamentales. La
Fundación Sobrevivientes contabiliza
más de 46.000 actos de
violencia contra la mujer durante
el último año. Según el informe
de las Naciones Unidas, el 75%
de los hechos delictivos cometidos
contra las mujeres no son
denunciados por temor a posibles
represalias y el 51% de
éstos se desconocen porque las
víctimas no creen en la justicia.

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