Antonio Martín, en un documental
producido en 1996 para la cadena
cultural francoalemana Arte, relataba
cómo fue él quien colocó la bomba
que estalló en la Dirección General
de Seguridad (DGS) en Madrid
el 29 de julio de 1963, por la que fueron
condenados a muerte y ejecutados
tan sólo 17 días después Francisco
Granado y Joaquín Delgado.
Era una ‘primicia’ que daba publicidad
a uno de los casos más oscuros
de la represión franquista, y del que
hasta entonces prácticamente sólo
se tenía conocimiento en círculos del
exilio libertario en Francia.

Siete años después, el 6 de diciembre
de 2003, día de la Constitución
española, en la madrileña Puerta del
Sol, a pocos metros de donde había
estado funcionando la DGS, “símbolo
de la tortura franquista”, el propio
Antonio, micrófono en mano, volvía
a reclamarse como autor, junto a
Sergio Hernández, del atentado por
el que habían sido ejecutados Granado
y Delgado. El acto se producía
en el contexto de las movilizaciones
por la revisión del caso, que desde
hacía unos años realizaban familiares,
grupos libertarios, el sindicato
CGT, y compañeros y amigos de los
dos inocentes ajusticiados.

La casualidad les había jugado
una mala pasada. Granado estaba
en Madrid, con una maleta cargada
de explosivos, para tratar de atentar
contra Franco, misión imposible
porque el dictador no se encontraba
en la ciudad. Delgado acudió a la
capital con la orden de regresar a
Francia y ayudarle en la retirada,
pero no tuvieron tiempo. No tenían
conocimiento de la existencia de
otro grupo de activistas en la ciudad,
compuesto por Antonio Martín
y Sergio Hernández, que planificaban
atentados para desestabilizar el
régimen franquista, entre otros el
de la DGS. Una desgraciada coincidencia.

Cuando los primeros fueron
detenidos, tras la explosión en la
DGS, los segundos ya estaban de
regreso en Francia, para reincorporarse
a su cotidianeidad de trabajadores
emigrantes.

Memoria con justicia

En 1998 Pilar Vaquerizo, viuda de
Francisco Granado, inició una demanda
para la reparación moral,
social y económica del caso. Solicitó
una indemnización que se otorga a
cuantos pasaron por prisión durante
el Franquismo, pero resultó que
Francisco Granado “no había cumplido
el tiempo mínimo de prisión
exigido por la normativa”, al haber
transcurrido 17 días desde su detención
hasta su ejecución. Se solicitó
también un recurso de revisión
del Consejo de Guerra que los condenó
a muerte. El 13 de diciembre
de 2006, el Tribunal Supremo denegó
a los familiares la autorización
para interponer recurso de la revisión
de la sentencia, al no “llegar a
evidenciar el error de la sentencia
cuya revisión se pretende o la inocencia
de los condenados en la misma”.
Y esto a pesar de los testimonios
presentados por Antonio
Martín y Sergio Hernández, y por
las evidencias manifestadas por
Octavio Alberola, responsable de
los grupos de acción del movimiento
libertario en el año ‘63.

Finalmente Pilar Vaquerizo ha
recibido una indemnización, que
pone de manifiesto una más de las
lagunas de ley de memoria histórica.
En su caso, como en el de todos
aquellos que fueron ejecutados antes
de 1968, la cantidad es de 9.616,18
euros, mientras que los que fueron
eliminados con posterioridad recibirán
una indemnización de 135.000
euros. A pesar de todo, es un pequeño
paso en la lucha por reclamar
la justicia sobre un caso que
demuestra tanto la crueldad de la
represión fascista como los vacíos
consentidos de administraciones y
partidos, más preocupados por honrarse
a ellos mismos que por recuperar,
junto con la memoria, la verdad
y la dignidad de los luchadores
por la libertad.