Andrea García

Cárceles encubiertas. Lugares a los que puede llevar la falta
de un permiso de residencia.
El rostro menos amable de una
política que criminaliza al otro,
al extranjero, al ilegal, al “sin
papeles”. Son los Centros de
Internamiento para Extranjeros
(CIE). La consecuencia
de un “sistema económico que
favorece la libre circulación de
capitales, la deslocalización de
empresas y el libre comercio
de mercancías; pero que penaliza
la libertad de movimiento
de las personas”.
Así lo denuncia la caravana
europea por la libertad de movimientos.

Con esa reivindicación
saltaron a la calle miles
de manifestantes a comienzos
de abril en diferentes ciudades
de Europa. Desde Alemania a
la plaza de Capuchinos de
Málaga; desde Venecia al
barrio de Carabanchel de Madrid;
decenas de actos de repulsa
ante una política migratoria
basada en la alegalidad y
en el limbo jurídico, para exigir
el fin de una situación que
convierte a personas llegadas
en busca de una vida mejor en
personajes propios de Kafka.

40 días en prisión

Basta con no llevar un documento
administrativo. La falta
de un carné, lo que para un
ciudadano europeo no supondría
con más de una multa,
para miles de inmigrantes supone
el riesgo de prisión.
Guillermo Zapata, miembro
de la caravana, explica la situación
de los detenidos: “Antes
cuando encontraban a alguien
sin papeles le deportaban.
Ahora te deportan con
unas garantías. Los CIE se crean
para dar tiempo a la Administración,
para saber quién
eres y dónde deportarte. Se
puede estar en ellos hasta 40
días. Después de ese tiempo
deben soltar al migrante”.
Salir del centro, sin embargo,
rara vez se traduce en una
mejora. “Por irte no te dan
papeles”, continúa Guillermo,
“así que hay inmigrantes
que pueden haber sido detenidos
varias veces.” Encontrar
trabajo, explica, se complica
después del paso por el
centro. Encontrar papeles se
vuelve más difícil aún. “Ahí
se produce un círculo vicioso
de precariedad y te vuelven a
encerrar. Al final es una rueda”,
concluye.

Un disfraz para la cárcel

Dentro del Estado, Madrid y
Málaga protagonizaron las
protestas. En Madrid, más de
300 personas marcharon hacia
el Centro de Internamiento
de Carabanchel. A la repulsa
por el trato a los inmigrantes,
se unía la indignación por no
haber aprovechado el recinto
para instalar un hospital.
Lucía Lois, miembro de la
asociación de vecinos de Aluche,
señala que esa era una reivindicación
histórica de la zona.

“Lo llevábamos pidiendo
desde antes que se cerrara la
cárcel de Carabanchel, que era
lo que había antes”. Aunque
ahora, como denuncia otro
miembro de la asociación, “se
ha montado con otro diseño,
desde fuera parece un IKEA.
Es decir, está hecho para que
lo último que parezca sea lo
que es en verdad: una cárcel”.