ESPECULACIÓN. Mientras las
grúas se ensañaron con las
casas de Cho Vito, los hoteles y
la central eléctrica de Endesa,
permanecen intactas.

Cho Vito era un caserío popular de autoconstrucción
que se gestó en los ‘50,
cuando Candelaria, municipio de Tenerife
al que pertenece, contaba con 4.000
habitantes. De las 31 viviendas originales
ahora sólo siete casas quedan en pie por
no tener sus dueños otro lugar donde
guarecerse; las demás fueron demolidas
por orden judicial. Tras las críticas del alcalde
socialista Gumersindo García a la
movilización vecinal contra el plan urbanístico
y varias sentencias negativas para
los vecinos, el ya largo conflicto se agudizó
en 2005 con la comunicación de
Costas sobre el inicio del expediente de
recuperación de la posesión del dominio
público –donde hay proyectado un paseo
marítimo– ocupado por las viviendas. Los
vecinos iniciaron un peregrinaje infructuoso
por tribunales e instituciones y desde
entonces la Plataforma por la Defensa
de Cho Vito no ha parado de organizar
acciones para preservar sus casas. La lucha
trascendió el marco municipal y la
Asamblea por Tenerife la asumió como
uno de sus emblemas reivindicativos junto
a la oposición al Puerto de Granadilla,
al Anillo Insular o a la Vía Exterior.

La aplicación taxativa de la Ley de
Costas para la demolición de Cho Vito
evidencia la desigualdad ante la ley. Endesa-
Unelco –justo al lado del poblado
marinero– tiene sus instalaciones casi sobre
el mar; las urbanizaciones, hoteles y
chalés que ocupan el dominio público marítimo-
terrestre se cuentan por cientos;
hasta el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife –cuyo alcalde, Miguel Zerolo,
está imputado por cohecho y corrupción–
ha permitido la construcción del famoso
“mamotreto” (centro comercial y aparcamientos)
en la Playa de las Teresitas a pesar
de varias sentencias en su contra. Pero
han sido poblados populares como Cho
Vito los únicos derribados por una Demarcación
de Costas que alardea de “higienismo
ecologista”. Sin embargo, a los
hoteles se los “indulta” otorgándoles concesiones
administrativas. Implacable con
los débiles y sumiso con los poderosos.

Abandono institucional

Declarar Cho Vito bien de interés cultural
hubiera bastado para conservarlo.
El Cabildo, gobernado por CC y PP, no
lo creyó conveniente pese a su valor etnográfico,
ejemplo de la cultura popular
de la isla. Tal como afirma Fernando
Estévez, profesor de Antropología de la
Universidad de la Laguna, “es un modo
de utilizar el espacio que se sitúa en las
antípodas de lo que los sectores socioeconómicos
y políticos dominantes pretenden
extender por todas las costas de las
islas susceptibles de ser urbanizadas e incorporadas
al desarrollo turístico”.

El viernes 3 de octubre se supo que
el Juzgado había suspendido la orden
de derribo. Lo que se celebró como un
triunfo resultó ser una burda estratagema
para impedir que se organizara
la resistencia durante el fin de semana.
Así, el lunes se levantó la suspensión, y
el martes 7 amaneció Cho Vito tomado
por las fuerzas de élite de la Guardia
Civil, traídas de Sevilla. Éstas no sólo
sacaron a rastras a los vecinos que resistieron
pacíficamente, sino que establecieron
un perímetro para los grupos
de apoyo que acudieron al lugar. Las
siete familias que aún viven allí están
sometidas a controles policiales y nadie
que no sea residente, ni sus familiares,
puede franquear las barreras de
la Guardia Civil.

La Asamblea por Tenerife ha emitido
un comunicado condenando lo sucedido
y solidarizándose con las víctimas.
Denuncia la brutalidad con que ha actuado
la Delegación del Gobierno y señala
al alcalde Gumersindo García
(PSOE) como máximo responsable de
que se consumara el derribo de Cho
Vito. Finalmente, reprocha “la inacción
del Cabildo, el Parlamento y el Gobierno
de Canarias que con su pasividad e
hipocresía lo han permitido”.