Foto: Indymedia Holanda.

Desde finales de septiembre protestan
okupas holandeses y simpatizantes
contra la ilegalización de
la okupación y el desalojo de cientos
de casas por los ayuntamientos.
El 1 de octubre, día en que la
nueva ley entró en vigor, unas 800
personas protestaron en Amsterdam
contra la prevista oleada de
desalojos. Durante la manifestación
fue okupado un edificio de
forma simbólica. Tras la carga de
antidisturbios a pie y a caballo contra
la manifestación, se produjeron
enfrentamientos entre la policía
y unas 200 personas, de las que
11 fueron arrestadas y hubo varias
personas heridas en ambos bandos.
Un manifestante tuvo que ser
hospitalizado por fracturas de cráneo.

La manifestación del día siguiente
en Nijmegen, en la que
participaron 600 personas, también
fue atacada por la caballería.
Nueve personas resultaron detenidas.
En los días siguientes la policía
desplegó antidisturbios, policía
militar, helicópteros y cañones de
agua en Amsterdam, según un comunicado
okupa para “transmitir
la amenaza de un constante estado
de excepción”.

La ley “krakverbod”

Las protestas se deben a la nueva
ley conocida como “krakverbod”,
que penaliza la okupación con hasta
dos años y ocho meses de prisión
o multa. La nueva normativa,
impulsada por el partido liberalderechista
VVD, los cristianodemócratas
y el PVV del xenófobo
Geert Wilders, fue aprobada por el
Parlamento en octubre de 2009 y
en junio de 2010 por la cámara alta.

La ley no considera sólo el acto
de entrar en el edificio o vivir allí
sin permiso del propietario como
okupación, sino también el simple
hecho de hallarse en el edificio.
Además, la policía ahora tiene el
derecho a desalojar cualquier edificio
okupado y detener a las personas
que se encuentren dentro
sin el requisito de una orden de
desalojo y sin que el propietario lo
haya solicitado. Las penas previstas
en el borrador inicial fueron
endurecidas para obtener el apoyo
de Wilders en la votación de la ley.

La ley kraakverbod supone un
giro radical en la actitud de las autoridades
holandesas hacia la okupación.
Con anterioridad, los Países
Bajos eran uno de los Estados
más tolerantes de Europa en este
punto, ya que permitía la okupación
de viviendas en caso de que
estuvieran deshabitadas durante
más de un año, siempre que el propietario
no pudiera demostrar ante
un juzgado que iba a hacer uso
del edificio. Así, la okupación significaba
la posibilidad de conseguir
vivienda asequible para muchas
personas en una ciudad como
Amsterdam, donde el precio de
una habitación en el mercado de
vivienda libre cuesta entre 350 y
500 euros mensuales.

Tras la aprobación de la ley por
el Senado
en junio de 2010 varios alcaldes
de ciudades como Amsterdam y
Utrecht y la Fiscalía de Amsterdam
habían declarado oponerse a
la ley, actitud que también expresó
el partido socialdemócrata
PVDA. A pesar de la ilegalización
de las okupas, el desalojo tiene
que ser ordenado por la Fiscalía y
el Ayuntamiento, por lo que sin el
consentimiento de estas instituciones
no puede ser ejecutado. No
obstante, la actitud del Gobierno
municipal de Amsterdam parece
haber cambiado bajo el nuevo alcalde
socialdemócrata Eberhard
van der Laan. Una semana antes
de la entrada en vigor del kraakverbod
el alcalde expresó su voluntad
de desalojar las 300 okupas
que existen en la ciudad dentro de
poco tiempo, hecho que también
contribuyó a la situación tensa en
la ciudad.